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Verdad, justicia y reparación
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La importancia de defender Internet desde las organizaciones
Internet no sólo es un espacio más en el cual debemos pugnar por la protección de los derechos humanos, sino que es una herramienta clave para la defensa y promoción de estos derechos. Las facilidades que presenta el Internet de pluralidad y privacidad son fundamentales en contextos represivos para la denuncia de violaciones graves a derechos humanos, la difusión de herramientas para la defensa de estos derechos y la coordinación entre personas que exigen su respeto.
Por CMDPDH
3 de agosto, 2015
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Por: Amaya Ordorika (@amaya903)

Cada vez más, el internet forma parte de nuestra cotidianeidad. Quienes tenemos acceso a Internet lo hemos incorporado a nuestras relaciones interpersonales, a nuestros trabajos, a nuestra movilidad y a casi todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy en día, más de 2,000 millones de personas hacemos uso de esta herramienta de comunicación.

El Internet ha revolucionado la forma de entender a los medios de comunicación, pues por primera vez existe un medio en el cual los contenidos no son determinados de forma unilateral, lo cual fomenta que quienes lo utilizamos nos convirtamos en generadores activos de estos contenidos.

De la misma manera, las organizaciones que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo han aprovechado esta herramienta para intercambiar información y experiencias, monitorear marchas y protestas, coordinar trabajo regional e internacional, encontrar información de diversas fuentes, entre muchas otras cosas. El internet se ha convertido en un instrumento clave para la promoción y la defensa de los derechos humanos a nivel mundial.

Pero como todo espacio de interacción entre personas, el Internet es un espacio más donde debe garantizarse la protección de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y a la no discriminación.

El Internet se ha expandido y desarrollado a una velocidad impresionante y esto ha significado que ha quedado en gran parte desregulado. En algunos casos son aplicables leyes que se construyeron sin contemplar los alcances de un medio como internet, pero que pueden extenderse a este campo, como son las leyes de derechos de autor, de privacidad y de libertad de expresión, por mencionar algunas. Sin embargo, al haberse elaborado sin contemplar las características particulares del internet puede resultar deficiente o problemática su aplicación.

La regulación del internet enfrenta retos importantes, empezando por el poco conocimiento de legisladores de su funcionamiento, la complicación que presenta la jurisdicción en la red, y los múltiples intereses que están presentes en esta discusión (gobiernos, compañías privadas, personas usuarias).

Sumado a esto, la mayor parte del acceso a internet es garantizado por compañías privadas (ej. Telmex y Axtel) y una gran parte de la interacción se hace en plataformas privadas (ej. Facebook y Google). Esto ha resultado en que, a falta de legislaciones claras y funcionales, sean estas compañías las que asumen las tareas de regular el uso del internet.

Pero no sólo es un espacio más en el cual debemos pugnar por la protección de los derechos humanos, sino que es una herramienta clave para la defensa y promoción de estos derechos. Las facilidades que presenta el Internet de pluralidad y privacidad son fundamentales en contextos represivos para la denuncia de violaciones graves a derechos humanos, la difusión de herramientas para la defensa de estos derechos y la coordinación entre personas que exigen su respeto.

A nivel internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han participado de forma activa en este debate. En el 17º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2011, Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión presentó un informe que se concentra en los desafíos que enfrenta la garantía “del derecho de todas las personas a buscar, recibir, y difundir información e ideas de todo tipo por internet”. En este informe destacan las preocupaciones del Relator por el aumento en las restricciones que se han impuesto a la red “mediante el uso de tecnologías cada vez más avanzadas para bloquear contenidos, vigilar y detectar a activistas y críticos,”, así como la aprobación de legislaciones que tienen como objetivo legitimar estas medidas y “tipificar como delito la expresión legítima de opiniones”. En las recomendaciones, el Relator plantea que “en vista de que internet se ha convertido en un instrumento indispensable para ejercer diversos derechos humanos, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humanos, la meta del acceso universal a internet ha de ser prioritaria para todos los Estados”.

En el mismo periodo de sesiones, el Relator presentó una adición a dicho informe basado en la visita a México que realizó junto con Catalina Botero, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, en el cuál señala que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos. En 2013, La Rue presentó su informe nuevamente en el cuál destaca su preocupación por las consecuencias de la vigilancia de las comunicaciones por los Estados y recomienda facilitar comunicaciones privadas, seguras y anónimas; aumentar el acceso público a la información, la comprensión y el conocimiento de las amenazas a la intimidad, así como reglamentar la comercialización de la tecnología de vigilancia.

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre “el Derecho a la Privacidad en la Era Digital” presentado en marzo de este año, destaca su preocupación por que en muchos países “las personas y las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales sufren con frecuencia amenazas, acoso e inseguridad, así como injerencias ilícitas o arbitrarias en su derecho a la privacidad, como resultado de sus actividades” y plantea el nombramiento de un Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

Por su parte la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos preparó el informe Libertad de Expresión e Internet. Este documento tiene como objetivo ser una guía para la legislación en materia de internet, en el cuál plantea cinco principios orientadores:

  1. Acceso universal, se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
  2. No discriminación, implica remover los obstáculos que impidan a los ciudadanos – o a un sector en particular – difundir sus opiniones e informaciones.
  3. Pluralismo, maximizar el número y la diversidad de voces que participan en la red.
  4. Privacidad, se refiere a que las autoridades deben abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en la órbita del individuo, su información personal y sus comunicaciones, así como garantizar que otros actores se abstengan de realizar tales conductas abusivas.
  5. Neutralidad de la red, es decir una red libre de restricciones, donde haya ausencia de prioridad en la información. La libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia.

En México han habido distintas leyes y propuestas de ley para la regulación de algunos aspectos de la red. Algunos de los ejemplos más conocidos son la Ley Doring y el Tratado Comercial Anti-Falsificación (ACTA).

En diciembre de 2011, Federico Doring presentó ante el Senado de la República una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Derechos de Autor. En esta modificación proponía establecer que se consideraría una infracción poner a disposición de otras personas material que estuviera protegido por el derecho de autor sin autorización. Esto se consideró problemático por priorizar el derecho de autor por encima del derecho a la información y porque operaría en detrimento del desarrollo del al inhibir una de sus funciones principales: compartir información. También proponía incluir que los proveedores de servicios de Internet (compañías privadas) tendrían la obligación de entregar la información de quienes presuntamente incurrieran en este delito, violando así los derechos de privacidad y presunción de inocencia.

En julio de 2012, México suscribió el Tratado Comercial Anti-Falsificación, mejor conocido como ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un tratado planteado inicialmente entre Japón y Estados Unidos abierto a adhesiones de otros países. Sin embargo no fue ratificado por el Senado. El Tratado deja abiertas las puertas para responsabilizar a proveedores de servicios de Internet (PSI) del contenido publicado en sus plataformas, lo cuál los responsabiliza de la regulación de dicho contenido. Asimismo, establece que los PSI tienen la obligación de entregar al gobierno información sobre la identidad de las personas usuarias sin la disposición de un juez.

En julio de 2014 se aprobó, con todo y lineamientos secundarios, la famosa Ley Telecom (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). Después de muchas discusiones, polémicas y cambios, la ley Telecom mantiene algunos puntos preocupantes:

  1. Las instancias de seguridad (Ejército, Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional -CISEN, Policía Federal) pueden tener acceso a la ubicación geográfica de cualquier persona usuaria de Internet sin orden alguna de un juez. Incluso, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esto solamente podría hacerse en situaciones excepcionales relacionadas con delitos graves, la ley no incorpora las medidas necesarias para que esto se cumpla (artículo 190, fracción I).
  2. La ley establece que los proveedores de servicios de Internet deben retener los datos de las personas usuarias por 12 meses y proveerlos a las autoridades sin la necesidad de la orden de un juez (artículo 190, fracción II).
  3. Para los puntos anteriores no incluye las medidas necesarias para garantizar la transparencia en la intervención de datos a través de las telecomunicaciones, ni el reconocimiento del derecho a ser notificado si son tus datos los solicitados.

Esto es particularmente preocupante si se consideran casos como el de FinFisher y el de la compañía Hacking Team.

FinFisher es un “software de espionaje” que está descrito en su página de Internet como uno de los software más avanzados en materia de investigación, desarrollo e intrusión ofensiva. El programa funciona instalándose en un dispositivo, haciéndose pasar por otro programa, y dando control remoto a quien lo instaló en el dispositivo, “permitiéndole grabar conversaciones; tener acceso a los archivos guardados; descargar listas de contactos, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros contenidos”.

En 2013, el CitizenLab de la Universidad de Toronto presentó el informe “Sólo para sus ojos: La comercialización del espionaje digital” (For Their Eyes Only: The Commercialization of Digital Spying) en donde planteaban haber identificado presencia de FinFisher en Iusacell y una filial de Telmex (UniNet). Unas semanas después, integrantes de organizaciones de activistas reportaron presencia de FinFisher en sus computadoras y celulares. En el informe anual de la organización Global Information Society Watch de 2014 se menciona que en julio de 2013 Obses vendió a la Procuraduría General de la República (PGR) el software FinFisher. Posteriormente, Contingente MX y Propuesta Cívica realizaron una investigación que encontró que FinFisher había sido utilizado por la PGR, el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado Mayor Presidencial.

Por su parte, Hacking Team es una empresa que se dedica a vender softwares para vigilancia a gobiernos y que en su sitio web promete vender programas que te permiten desencriptar, implementar un agente secreto, ser imposible de rastrear y adquirir datos relevantes. La organización Reporteros sin Fronteras ha etiquetado a esta compañía como uno de los enemigos de Internet. En julio de este año fue difundido un archivo con información confidencial de Hacking Team explicitando que los gobiernos de seis países de América Latina son clientes de esta empresa: Panamá, Honduras, Chile, Ecuador, Colombia y México. El caso de México es particularmente preocupante porque se encontraron al menos catorce contratos con Hacking Team “por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas”.

El Internet es una herramienta fundamental para muchas actividades, pero es una herramienta imprescindible para la defensa y promoción de los derechos humanos, y la discusión sobre cómo regularlo está apenas comenzando. La regulación sigue siendo una moneda en el aire y lo que está en disputa es qué intereses protege esta regulación: los de los gobiernos, los de las empresas privadas o los de las y los usuarios.

En México existen muchas organizaciones que están participando activamente en el debate, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el Colectivo Internet Libre para Todos y el ContingenteMX, entre otras, pero es necesario involucrar más voces y enfatizar la perspectiva de derechos humanos. Garantizar que se respeten los derechos humanos en Internet protege una de las principales herramientas actuales de las y los defensores de los derechos humanos.

 

*Amaya Ordorika es investigadora de la @CMDPDH sobre política de drogas y derechos humanos.

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Statshot No. 5, enero de 2011. Disponible aquí.

Informe relator 2011 resumen.

Informe relatos 2011 párrafo 23

Informe relator 2011 párrafo 85

 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue – Adición – Misión a México – A/HRC/17/27/Add.3 – 5/19/2011

 Informe del Relator Especial.

 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital

 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital

 Informe Libertad de Expresión e Internet

 Finfisher en México. Sonríe, te siguen espiando.

 Finfisher en México. Sonríe, te siguen espiando.

 Finfisher en México. Sonríe, te siguen espiando.

 De consulta aquí.

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Internacional (CELE, Derechos Digitales, Fundación Karisma, entre otros)

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