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Verdad, justicia y reparación
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La orden fue abatir: Tlatlaya como crimen de lesa humanidad
Resulta alarmante que en un Estado constitucional de derecho se emplee el término abatir para referirse a la privación de la vida de seres humanos, y más aún que se considere como indicador de éxito en políticas relacionadas con la seguridad pública. Es inaceptable que la expresión abatir personas se use en documentos y discursos oficiales, no solo por carecer de todo sustento jurídico, sino porque además su utilización tiene por objeto privar de la vida a personas, como sucedió en Tlatlaya.
Por CMDPDH
6 de julio, 2015
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Por: José A. Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB)

El pasado 30 de junio se cumplió un año del homicidio de 22 personas a manos de las fuerzas armadas mexicanas en la localidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México. Por la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) sobre supuestos enfrentamientos en los que participan efectivos militares y el saldo de civiles muertos que reportan, podemos afirmar que la masacre de Tlatlaya no es un hecho aislado.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 declaró la guerra al narcotráfico. En muchos de sus discursos afirmó que él mismo encabezaría una guerra sin cuartel contra la delincuencia, que la batalla sería larga, que sería costosa económicamente y que se perderían muchas vidas humanas. Durante esa administración se acuñaron eufemismos como “inhabilitado” y “abatido” para referirse a la privación de la vida de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El Presidente Enrique Peña Nieto, por su parte, señaló el año pasado que el Gobierno de la República “neutralizó” a 84 “objetivos relevantes de la delincuencia organizada”, de los cuales 13 fueron abatidos y 71 capturados. No es posible interpretar la palabra abatir de manera distinta al sentido del informe. Las personas son consideradas objetivos y el abatimiento implicó su muerte.

Resulta alarmante que en un Estado constitucional de derecho se emplee el término abatir para referirse a la privación de la vida de seres humanos, y más aún que se considere como indicador de éxito en políticas relacionadas con la seguridad pública. Es inaceptable que la expresión abatir personas se use en documentos y discursos oficiales, no solo por carecer de todo sustento jurídico, sino porque además su utilización tiene por objeto privar de la vida a personas, como sucedió con el cumplimiento de la orden de operaciones que produjo la masacre de 22 personas el 30 de junio de 2014.

Como señalamos, Tlatlaya no es, ni ha sido, el único caso de ejecuciones arbitrarias en la historia reciente de México. Entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la CNDH ha emitido 53 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales de las cuales 42 fueron dirigidas a la SEDENA y la SEMAR. En dicho periodo, ambas instituciones dicen haber participado en por lo menos 3,665 enfrentamientos armados con organizaciones criminales, a pesar que el marco jurídico no les autoriza a llevar a cabo tareas de seguridad pública y que en México no se reconoce por el Gobierno de la República la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. Al menos cuatro mil doscientos sesenta y tres (4,263) civiles han sido privados de la vida por las fuerzas armadas mexicanas, sin que existan investigaciones imparciales e independientes que expliquen la verdad de lo ocurrido.

Lo anterior nos permite inferir que se trata de una práctica sistemática, y para acreditarlo a continuación se presenta un análisis de las recomendaciones emitidas por la CNDH, así como de la información pública producida tanto por la SEDENA como la SEMAR.

La CNDH informó que del 1° de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014 ha emitido 57 recomendaciones por ejecución extrajudicial -privación arbitraria de la vida por servidor público en ejercicio indebido de sus funciones-, que involucran a 86 víctimas (Solicitud de información folio: 00063814). De ellas 52 son sobre hechos ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón, 1 de la administración en curso de Enrique Peña Nieto (Tlatlaya) y 4 se refieren a ejecuciones anteriores a 2006. Las recomendaciones emitidas son solo un indicativo de un fenómeno más amplio, que puede ser explicado a partir de la revisión de otro tipo de información y del análisis de los detalles de cada caso, lo cual es algo que México debería hacer a través de algún mecanismo creíble.

Recomendaciones por año en que fueron emitidas:

1 dic 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 6 4 2 7 16 14 6 2

Recomendaciones por año en que ocurrieron los hechos:

Anteriores a 1º dic 2006 1º dic 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4 0 3 5 9 24 8 3 0 1

Menciones de autoridades responsables en las recomendaciones:

Sedena 34
Semar 8
SSPF (ahora Segob) 13

Como se puede apreciar de las recomendaciones de la CNDH, se acredita un incremento en las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas (SEDENA y SEMAR) a partir de diciembre de 2006, y el pico más alto de recurrencia de eventos se presenta en 2010.

Por su parte, la SEDENA al responder a preguntas sobre el número de enfrentamientos sostenidos entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, respondió que se trata de un total de 3,557 eventos que clasifica como “agresiones en contra de personal militar con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada” (Solicitud de información folio: 00007000016315):

Enfrentamientos de la SEDENA por año:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sin registro 48 106 207 621 1009 814 482 270
Total 2006 – 2012: 2805 Total 2013- 2014: 752

También la SEDENA informó que en el periodo del 13 de enero de 2007 al 5 de abril 2014, en el curso de dichos enfrentamientos, murieron 3,907 supuestos agresores y 60 víctimas civiles ajenas a los hechos. También reportaron que murieron 209 militares (Solicitud de información folio: 0000700003715).

Por su parte, la SEMAR, al cuestionar a la dependencia sobre el número de enfrentamientos en que ha estado involucrado su personal, reportó un total de 109 agresiones en los años 2012, 2013 y 2014 (Solicitudes de información folios: 0001300092314 y 0001300006415). En dichos enfrentamientos se reportaron 296 civiles (delincuencia organizada) y 14 marinos muertos, además de la detención de 111 personas, 10 civiles (delincuencia organizada) y 60 marinos heridos.

Año 2012 2013 2014
Enfrentamientos 17 44 48
Total 109

Todo lo anterior nos permite inferir que en México el asesinato forma parte de los medios empleados por las autoridades referidas para alcanzar la política de seguridad de combate al narcotráfico, o como actualmente se define, para lograr un México en Paz.

Por la recurrencia de eventos de características similares no se puede concluir que se trate de hechos accidentales, esporádicos o cometidos por elementos militares incontrolables que actuaron individualmente. Por el contrario, dicha repetición y la forma coincidente en que se presentan los hechos, excluye la posibilidad de que sean delitos o crímenes comunes, y violaciones de derechos humanos aisladas. Justamente, a partir del gran número de casos documentados, se puede inferir lo contrario: estamos frente a una política de las fuerzas armadas de atacar sistemáticamente a la población civil mediante el asesinato y posteriores actos de encubrimiento.

Dicha política es alimentada además con la inexistencia de sanciones penales relevantes en contra de los responsables. Es manifiesta la carencia de investigaciones, procesamientos y sentencias por los asesinatos o ejecuciones arbitrarias, lo que constata la falta de voluntad y capacidad de las instituciones de justicia mexicanas de llevar a juicio no solo a los autores materiales de los delitos, sino a los más altos responsables.

Contribuyen sustantivamente en la comisión de estos crímenes funcionarios del Estado de varios niveles de gobierno, que alegan vehementemente que las muertes fueron producto de enfrentamientos en los que militares o policías repelieron un ataque violento; que el uso de la fuerza y de las armas de fuego fue adecuado; que se trata de hechos aislados, y que las personas asesinadas eran sicarios o narcotraficantes o integrantes de la delincuencia organizada.

Los altos mandos militares y civiles también tienen conocimiento que se han cometido crímenes de esa naturaleza, además de que saben o deben saber qué recursos públicos, bajo su responsabilidad, se destinan para la comisión de los delitos. Dichos altos mandos cuentan con la capacidad jurídica y política para prevenir los crímenes que pueden cometer sus subordinados, sobre los que tienen control efectivo, y deliberadamente deciden no hacerlo. Peor aún, una vez que sus subordinados cometen crímenes atroces, no denuncian ni aseguran que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo; por el contrario, los superiores jerárquicos al más alto nivel, por lo general, contribuyen o participan directamente en el ocultamiento de la verdad y en diluir las responsabilidades. En esos contextos, los superiores civiles y militares podrán ser encontrados penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados.

Información sobre los crímenes cometidos por servidores públicos en el contexto de la política de seguridad iniciada en 2006 y que prevalece ha sido enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional desde el año 2011. Los medios de comunicación, los organismos internacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales, han producido abundante información sobre los crímenes que se han cometido en México en los últimos años. Sin embargo, la Corte Penal Internacional se ha resistido a anunciar la apertura de un examen preliminar sobre la situación de México.

La evidencia que ofrece el caso Tlatlaya, en particular aquella que apunta a la existencia de una política de abatir civiles que al parecer emana del Alto Mando Militar, debe ser razón suficiente para que la Fiscal de la CPI se termine de convencer de la importancia de iniciar una investigación en el país.

Mientras tanto, ante la impunidad imperante, el Gobierno de la República debe asumir que las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia no tienen ni la capacidad, ni la voluntad para investigar con la debida diligencia el enorme número de asesinatos cometidos por servidores públicos, particularmente de las fuerzas armadas. Por ello, es urgente que motu propio inicie la búsqueda de toda cooperación y asistencia técnica posible de la comunidad internacional, incluida la que pueda ofrecer la Fiscal de la CPI, para que positivamente se auxilie a las autoridades mexicanas a cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a reparación de todas las víctimas.

 

*José A. Guevara B. Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH)

 

 

Solicitudes de información referidas en el texto:

  1. Recomendaciones CNDH por ejecución extrajudicial (1° de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014 ): Solicitud de información folio: 00063814
  2. Enfrentamientos SEDENA (1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014): (Solicitud de información folio: 00007000016315
  3. Muertes durante enfrentamientos SEDENA (13 de enero de 2007 al 5 de abril 2014): Solicitud de información folio: 0000700003715
  4. Enfrentamientos SEMAR (años 2012, 2013 y 2014) Solicitudes de información folios: 0001300092314 y 0001300006415

 

Véase Jose A. Guevara B. México y la Corte Penal Internacional: una primera aproximación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la estrategia de seguridad de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) en Javier Dondé Matute y José A. Guevara Bermúdez (coordinadores). México y la Corte Penal Internacional, Ed. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-INACIPE-Tirant Lo Blanch, México 2014, p. 128

El periodo abarca al 5 de abril de 2014 debido a que la Sedena argumenta que es la PGR quien da seguimiento a los rubros sobre muertos y heridos a partir de esa fecha.

A la vez se registraron Heridos: 1,184 militares; 1,061 agresores y 213 víctimas ajenas a los hechos heridas; y Detenidos: 3,946 agresores.

La Semar únicamente refirió la existencia de datos desde 2012.

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