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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La posesión de armas y no la salud como un derecho fundamental
La pandemia y la violencia con armas son crisis completamente evitables en EEUU. La existencia de agujeros que provocan que la responsabilidad durante una emergencia colectiva recaiga sobre el individuo es una negación abierta de la salud pública como concepto.
Por Caitlin Cooper
29 de junio, 2020
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El “bien común” de nuestro vecino del Norte en 2020

Las decisiones del gobierno de EE.UU. para controlar la propagación de COVID-19 se han llevado a cabo como si salieran de una baraja de cartas; en esencia, la postura del gobierno estadounidense ha sido la de ver a sus ciudadanos y pedirles que “elijan su suerte”. Cada uno de los estados ha tomado el asunto en sus propias manos, o mejor dicho, eso fue lo que se les instruyó. El presidente Trump les concedió a los grupos de cabildeo el título de “esencial” como si se tratara de un episodio de “The Apprentice” y creó un grupo de trabajo compuesto en su mayoría por profesionales ajenos a la medicina. Junto con hospitales, supermercados y farmacias, las tiendas de armas fueron consideradas “infraestructura crítica”. La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso grupo de defensa del derecho a la posesión de armas en Estados Unidos, está demandando a los estados que ordenaron su cierre. Tienen un caso legítimo.

Según la demanda presentada al Estado de Nueva York, “la actual emergencia de salud pública no justifica que se impida el ejercicio de los derechos de la Segunda Enmienda”. Ni tampoco lo ha justificado ninguna otra emergencia de salud pública, específicamente la innombrable, i.e., la violencia con armas de fuego. Para entender la respuesta a los retos de salud pública durante el actual gobierno, es necesario hablar del papel de los derechos fundamentales en el país. En la lengua franca, esos derechos son sólo los que se describen en la Constitución.

El federalismo -también conocido como la soberanía compartida- establecido por la Constitución de los Estados Unidos garantiza ciertos poderes a cada nivel del gobierno. Además de la separación de poderes, la Constitución incluye la cláusula de la supremacía (artículo 6), la cual protege la superioridad de la ley federal. Esta cláusula establece que un tribunal federal puede exigir que un estado suspenda ciertas actividades cuando considere que interfieren o están en conflicto con la ley federal. Siempre y cuando exista una ley federal que defina ciertos límites, prevalece esa ley federal, aunque el estado en cuestión haya legislado de manera distinta. Solo en la ausencia de tal ley federal o en el caso de que una ley estatal defina con más detalle los derechos del ciudadano, se cede el poder absoluto al nivel estatal. En el caso de Estados Unidos, la política de salud se encuentra establecida en menor medida a nivel federal que la de de armas. Ahora, los gobiernos estatales están viviendo la paradoja americana de la salud pública en las peores circunstancias para defender un derecho que no es fundamental.

Los límites del derecho a poseer armas como están escritos en la Constitución son:

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” – Second Amendment

“Siendo necesaria una Milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido.” – Segunda Enmienda

Con el derecho a portar armas, como se ha demostrado en la historia reciente, surge el debate sobre el significado literal de esta enmienda, ya sea colectivo o individual. Al momento de redactarla, el derecho propuesto de formar una milicia se refería directamente al poder de los gobiernos locales para protegerse a sí mismos, es decir, a las guardias estatales. Quien propone interpretarlo desde un significado colectivo, lee el texto original como un permiso específico para familiarizarse con las armas, en el sentido de que podrían ser requeridas para su uso en tareas militares. Sin embargo, los Fundadores entendieron en su totalidad la doble interpretación de lo que escribieron. Desde entonces, el derecho individual contenido en la Enmienda ha sido fuertemente consistente en la Suprema Corte.

Con base en el alcance originalmente pensado, es comprensible que la regulación del derecho individual a portar armas haya sido escasa. La Ley Nacional de Armas de Fuego, o “NFA” por sus siglas en inglés, entró en vigor en 1934. Esta ley sirvió para desacelerar la venta de un grupo de armas (escopetas y rifles de cañón corto, además de armas completamente automáticas, como ametralladoras) a través de un impuesto de $200. Desde la promulgación de la NFA, la producción doméstica e importación de armas automáticas ha sido prohibida y otras leyes federales han definido las “restricciones” para la compra/venta de armas. En 1993, La Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego estableció el primer reglamento para lo que hoy llamamos los (falibles) background checks.

En cuanto al derecho a la salud pública, la Constitución no menciona explícitamente ninguna obligación en materia de salud ni de atención sanitaria para la población en general. Si bien Estados Unidos ha formado parte de varios mecanismos internacionales que protegen la salud como un derecho humano, no hay ninguna garantía defendible ante el tribunal federal de justicia. Al igual que en el caso de las leyes sobre armas de fuego, los procedimientos de bienestar, intervenciones en caso de crisis y “aislamiento y cuarentena” son también poderes policiales otorgados a cada estado. Algunos estados definen un compromiso con la salud pública en sus propias constituciones. Pero con la excepción de programas como “Medicare” y el Programa de Seguro Médico Infantil, el derecho a la salud está completamente ausente, excepto por la ahora revocada obligación de “comprar un seguro médico privado“.

En Estados Unidos, la percepción cultural de los derechos se basa casi siempre en lo que dice una Constitución de hace 250 años. Y legalmente, esos son los únicos derechos que realmente importan. Al igual que con la regulación de las armas, el poder del Congreso para promulgar leyes relacionadas con la salud es el que prevé “todas las leyes que sean necesarias y apropiadas… para… proveer por… el bienestar general”, también conocido como el poder de recaudar y gastar. Según la ley actual, el Congreso ha establecido que ciertas clases de personas pueden recibir asistencia sanitaria, pero la población general está en gran parte excluida, mientras que a través de la Segunda Enmienda, la población general está ampliamente protegida.

¿Qué más tienen en común la pandemia y el control de armas? El CDC.

El derecho a poseer un arma, ya sea colectiva o individualmente, nunca se ha contrapuesto al derecho general al bienestar. Esto se debe principalmente a que los datos son incompletos.

Entre otros factores contextuales, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) es la organización encargada para determinar si hay una crisis de salud pública en función del tamaño y la gravedad del problema. Pero su capacidad para entender el tamaño y la gravedad depende en gran medida de su libertad para investigar. Según un estudio realizado en 2017, la investigación sobre armas recibió el 0,7% de los fondos destinados para estudiar enfermedades como la sepsis, a pesar de que ambos temas cuentan con la misma tasa de mortalidad por motivos específicos. Esto se debe principalmente al hecho de que los fondos dirigidos al CDC están prohibidos para su uso en la investigación de la violencia con armas y/o la defensa desde la Reforma de 1996 al presupuesto del gobierno. Recientemente, esta restricción ha sido levantada para permitir la investigación de muertes relacionadas con armas, pero el CDC todavía tiene las manos atadas para respaldar y abogar por el tema.

Aunado a esto, en pleno desastre del Coronavirus, el CDC se encuentra en una situación similar. Su papel como defensor de la salud pública en un país en el que la salud de la “población entera” no es un derecho constitucional ha pasado a ser secundario y se evidencia en la actual política de la pandemia. A diferencia de las emergencias de salud pública del pasado, el mismo organismo asignado a estos temas no ha servido como la cara de la crisis. Desde el comienzo del brote, el gobierno federal ha asumido el liderazgo en vez de dejar que el CDC, como ha sucedido en el pasado, tenga un papel más preponderante. Una reciente guía del CDC para “la reapertura de la economía” ha sido archivada por Trump y la responsabilidad de llevar a cabo una reapertura segura se ha dejado al juicio de los estados. Ante este contexto, el CDC está luchando para poder compartir información esencial a los gobiernos locales, mientras acatan las órdenes de “revisar” las recomendaciones oficiales.

Si bien el derecho a poseer un arma es demostrablemente fundamental, el tecnicismo de un derecho “humano” no se sostiene. En comparación con la definición de un derecho humano universalmente aceptada, el derecho a portar armas en los Estados Unidos no podría ser considerado un “derecho humano” porque existen prohibiciones para ciertas personas. Cada estado cuenta con una lista de categorías para restringir o prohibir el acceso a armas de fuego a ciertas personas, además de las categorías establecidas por la ley federal. Muchos estados imponen restricciones de venta relacionadas con la salud mental o antecedentes de acoso y varios cuentan con el poder estatal de confiscar armas de los individuos que presentan “red flags”.

Pero, hoy en día, los derechos asociados a la posesión de armas son generalmente fuertes a nivel federal pero en ocasiones laxos a nivel local. He aquí el enigma estadounidense entre la libertad individual y un bien común perpetuamente elusivo. La flexibilidad en el procedimiento después de la crisis del coronavirus asume una lógica establecida de los derechos fundamentales estadounidenses. Los límites de la salud y el derecho a poseer un arma están determinados por el estado en el que resides, salvo que el derecho a portar armas tiene una mayor presencia a nivel federal. Y la historia ha mantenido que su interpretación es individual, incluso para los individuos fuera de nuestras fronteras.

Para los ciudadanos mexicanos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos define que el derecho a poseer un arma es “para su seguridad y legítima defensa”, y define una larga lista de especificaciones para el uso personal, para aquellos que practican tiro y cacería, y las que sólo se les permiten al ejército. En Canadá, el control de las armas es igualmente estricto, incluyendo un registro nacional, la concesión de licencias y ahora una clase más amplia de armas restringidas. En respuesta al reciente tiroteo masivo en Nueva Escocia, Trudeau ha ordenado la prohibición completa de las armas de asalto.

Lamentablemente para Canadá, la prohibición de armas de asalto en Estados Unidos expiró en su décimo cumpleaños, en 2004. Entre el 2011 y el 2016, casi el 100% de las armas de fuego utilizadas con fines delictivos en Canadá fueron compradas en los Estados Unidos. Según los comunicados de la policía, todas las armas utilizadas en el reciente tiroteo en Nueva Escocia, con la excepción de una, se compraron en el territorio sureño. En México, al menos el 70% de todas las armas ilegales localizables desde el 2009 han sido rastreadas hasta vendedores autorizados en Estados Unidos. Las ventas de estas armas se realizan generalmente de manera legal, principalmente debido a la apertura legal y falta de controles en los estados donde se compran.

La Segunda Enmienda se está convirtiendo rápidamente en un nuevo derecho continental, con graves consecuencias en la violencia organizada. En México, en el año 2019 se registró un aumento del 63% en el número de ametralladoras rastreadas en escenas del crimen, y del 122% en armas de asalto. En 2017, había aproximadamente 80,000 vendedores de armas con licencia en los Estados Unidos. A lo largo de los estados de la frontera sur, hay casi 13,500 (a diciembre de 2019). Durante la pandemia, la mitad de los estados fronterizos dejaron las tiendas de armas abiertas considerándolas “negocios esenciales”.

El “negocio esencial” de la Segunda Enmienda es el armamento de un grupo de personas sin restricciones. Los defensores del control de armas hacen referencia a un “derecho implícito de la milicia” de la Segunda Enmienda en sus críticas a las recientes decisiones de la Suprema Corte, como en el caso EE.UU. v. Heller, en el que se defendió el derecho individual a la autodefensa con armas. Pero el derecho individual a armarse siempre ha sido la ley del país.

Mientras la Segunda Enmienda conserve su ambigëdad, el derecho a portar armas seguirá teniendo repercusiones explícitas en el territorio de su vecino del sur, donde los homicidios con armas se han disparado en los últimos 16 años. Parece que es “necesario para la seguridad de un Estado libre”, abrir el tráfico de más de 200,000 armas de fuego a milicias no reguladas cada año.

La pandemia y la violencia con armas son crisis completamente evitables en EEUU. La existencia de agujeros que provocan que la responsabilidad durante una emergencia colectiva recaiga sobre el individuo es una negación abierta de la salud pública como concepto. En la política de la pandemia de Estados Unidos, estamos viendo lo que podría ser el epítome de la naturaleza individualista de sus derechos constitucionales, que presagia repercusiones obvias más allá de sus fronteras.

Al mismo modo que después de un tiroteo masivo, durante la pandemia evitaremos las zonas concurridas y mantendremos la vigilancia de nuestra salud individual cuestionando y temiendo “lo que el otro pueda portar”. La postura del gobierno de Estados Unidos, si consideramos lo laxas que son sus leyes de posesión de armas, es de esperar que las poblaciones vecinas actúen de la misma manera, independientemente de sus propios derechos.

Desde Estados Unidos exportamos la ley y traficamos el arma. En conclusión, incluso si los estados fronterizos lograran el máximo control posible dentro de las posibilidades de la Enmienda, la separación de poderes resultaría ser suprema frente a leyes de armas más fuertes en países vecinos. Hay aproximadamente 40,000 supermercados en los Estados Unidos, de los cuales unos 4,000 venden armas (Walmart). Al momento de escribir este blog, existen más establecimientos abiertos para comprar un arma que para comprar alimento (sustento de vida). Haciendo a un lado cualquier lógica, esta situación se adhiere a los derechos fundamentales que defiende la supremacía federal de los Estados Unidos.

* Caitlin Cooper (@cooperca_) es voluntaria en el equipo de investigación de la @CMDPDH.

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