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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La "preliberación" de sobrevivientes de tortura
El Comité que se crea del acuerdo presidencial tendrá la responsabilidad de lograr la preliberación de una mayor cantidad de víctimas quienes, con sus familias, han visto truncada no solo su libertad, sino su proyecto de vida entero a causa de políticas de seguridad pública violatorias de derechos humanos.
Por Lucía Chávez
30 de agosto, 2021
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La tortura sigue siendo una práctica común en México, que se suma a la impunidad que frecuentemente le acompaña. Al ser cometida con agentes estatales, su denuncia se vuelve compleja. Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2020), las razones de las víctimas para no denunciar delitos son: el 36.3 por ciento de las personas encuestadas lo consideran una “pérdida de tiempo”; el 15 por ciento no denunció por “desconfianza en la autoridad”; 3.5 por ciento por “actitud hostil de la autoridad”, y 0.8 por ciento no denunció por “miedo a que lo extorsionaran”; todas estas causas son atribuibles a las autoridades.

Desde el 2006 al 2020 la Fiscalía General de la República tiene registro de al menos 14,300 investigaciones penales por el delito de tortura. Las fiscalías de los estados suman más de  21,360 investigaciones penales.

Esos datos, vistos a la luz de la ENVIPE, pueden ser solo una pequeña muestra de la realidad de la tortura, si consideramos las razones para no denunciar y que la cifra de delitos no denunciados ronda por el 92 por ciento.

En ese contexto, el 25 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruyen a las instituciones que en el mismo se indican, a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables” (“Acuerdo”).

El objeto del Acuerdo es establecer las acciones que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo para gestionar ante las autoridades competentes, entre otras, las solicitudes de preliberación de personas que hayan sido víctimas de tortura. Para ello, deberán “(r)evisar la información e identificar aquellos casos en los que existan personas que hayan sido víctimas de tortura, que se encuentre acreditada con los dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul, de los que se desprenda que con dicha violación se obtuvo la única prueba incriminatoria en su proceso penal y que las partes legitimadas promuevan ante las autoridades judiciales competentes, las medidas pertinentes, respecto de la libertad de las personas”.

Preocupa que el acuerdo excluye de sus prerrogativas a quienes son imputados por delitos que acreditan prisión preventiva oficiosa. Si tomamos en cuenta las reformas constitucionales que ampliaron el catálogo de delitos que son sujetos a esta medida, el universo de víctimas que se verán beneficiadas del Acuerdo puede verse considerablemente reducido. Esto es preocupante por cómo ocurre la tortura en el contexto de la “Guerra contra las Drogas”.

Un estudio de la CMDPDH de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que víctimas que fueron torturadas por la Secretaría de la Defensa Nacional se les acusó de delitos contra la salud (97 personas), violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (94 personas) y por delincuencia organizada (35 personas). En varios de estos la CNDH comprobó que a las víctimas se les plantó evidencia, que fueron detenidas arbitrariamente y que los informes de la autoridad no eran veraces.

Ese mismo estudio narra el caso de dos víctimas de tortura cometida por la Secretaría de Marina:

A las 00:30 horas del 6 de diciembre de 2011 un hombre vio unas camionetas cuando estaba por entrar a su casa, estas se dirigieron a él y le ordenaron detenerse, a lo que él respondió que ese era su domicilio. A pesar de esto, los militares se bajaron de los vehículos, lo golpearon con los puños y le dieron cachazos en la cabeza con un arma de fuego. Mientras tanto, cinco elementos navales con pasamontañas entraron a su hogar y sujetaron a la mujer que vivía con él, le taparon la cabeza con una toalla y la golpearon al mismo tiempo que la interrogaban sobre sicarios y dinero, de lo cual ella aseguró reiteradamente no tener conocimiento.

Lamentablemente, ese no es el único caso, el estudio de la CMDPDH da cuenta de 47 más, en los que elementos adscritos a la Secretaría de Marina fueron señalados como responsables de someter a tortura a, por lo menos, 162 personas. A estas víctimas de tortura se les acusó falsamente de crímenes contra la salud (97 personas) y delincuencia organizada (77 personas), además de delitos de portación de armas de fuego (67 personas) y posesión de cartuchos (47 personas).

El Comité que se crea a través del acuerdo tiene el enorme reto de considerar los casos en los que se tiene como probada la tortura por cualquier medio legítimo, a fin de poder contribuir eficazmente a la erradicación de este crimen tan grave. Ante este contexto, el legislativo tiene la responsabilidad de hacer coherente con la realidad esta política pública y el camino debe pasar por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, que es contraria a derechos  humanos y a la realidad de abusos que se cometen en el país.

Se deberá de considerar por el Comité, incluso, el contexto de crímenes de lesa humanidad en el que han tenido lugar varios de los casos de tortura. El Comité tendrá la responsabilidad de lograr la preliberación de una mayor cantidad de víctimas quienes, con sus familias, han visto truncada no solo su libertad, sino su proyecto de vida entero a causa de políticas de seguridad pública violatorias de derechos humanos.

@CMDPDH

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