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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La protección a refugiados, entre el discurso y la realidad
La realidad actual en México nos dice que las personas solicitantes de asilo y refugiadas no son admitidas en nuestro país, no son protegidas, e incluso, corren el riesgo de perder la vida.
Por CMDPDH
24 de junio, 2019
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Por: Daniela Reyes Rodríguez (@DanielaRRod)

El pasado jueves 20 de junio se conmemoró, como cada año, el Día Mundial del Refugiado, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la situación de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y países de origen debido a que sufren amenazas en contra de su vida o su integridad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que, actualmente, existen 25.9 millones de personas refugiadas y otras 3.5 que se encuentran solicitando el reconocimiento de tal condición en todo el mundo. (1)

En México, la Secretaría de Gobernación encabezó las actividades de conmemoración de este día a través de la realización de un evento que congregó a diversas autoridades como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y al propio ACNUR. Durante el mismo, los funcionarios mexicanos realizaron la importancia de proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, así como garantizar cabalmente que no sean devueltas a los lugares en donde sus vidas corren peligro (respeto al principio de no devolución).

Sin embargo, estas manifestaciones pierden toda significación cuando se contraponen con la realidad. Y la realidad actual en México nos dice que las personas solicitantes de asilo y refugiadas no son admitidas en nuestro país, no son protegidas, e incluso, corren el riesgo de perder la vida. (2)

El acuerdo alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos de América que busca frenar la imposición de un 5 % de aranceles a los productos mexicanos que se comercializan en dicho país fue el preludio para el despliegue de una política migratoria basada en la militarización de la frontera y la criminalización y persecución de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados dentro del territorio nacional.

Algunas de las medidas adoptadas en este marco incluyen el reforzamiento militar de la frontera sur a través del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional encargados de ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria, (3) además de colaborar con el resguardo de las Estaciones Migratorias que se encuentran en esa área. (4) Además, se ha reportado también la incorporación de mil nuevos agentes a las filas del Instituto Nacional de Migración (INM), la mayoría de los cuales son exintegrantes de la Policía Federal. (5) Asimismo, el nuevo comisionado federal del INM cuenta con un perfil profesional enfocado en la persecución y sanción de delitos pues ha fungido como Ministerio Público Federal y Director de Reclusorios de la Ciudad de México. (6)

Estas acciones indican una visión de la migración basada en una noción de seguridad nacional donde las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas son equiparadas con la delincuencia (quizás no en el discurso, pero sí en los hechos), se identifican como una amenaza y, por tanto, se utilizan en su contra todos los medios punitivos disponibles, como la Guardia Nacional. Lo anterior en busca de frenar y desincentivar la migración.

Sin embargo, las medidas de securitización migratoria y cierre de fronteras han sido recurrentemente calificadas como inefectivas para detener la movilidad de las personas. (7) Esto ha sido analizado, por ejemplo, por el exRelator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, quien ha sostenido que las políticas migratorias prohibitivas y represivas no sólo generan sufrimientos innecesarios y violaciones a derechos humanos de las personas en movilidad, sino que propician que el Estado pierda el control efectivo de sus fronteras. Lo anterior es consecuencia del fortalecimiento de redes que realizan operaciones de tráfico de migrantes o trata de personas, pues el cierre de fronteras aumenta la demanda de este tipo de servicios, los vuelve más lucrativos y, por tanto, otorga más poder a quienes los ofrecen. (8)

Así, la migración no se detiene, la trata de personas aumenta y el Estado simplemente desperdicia recursos financieros y humanos a través de acciones insuficientes y de corto alcance que no son sostenibles a largo plazo. (9)

Otra de las consecuencias generadas por estas políticas es el aumento del sentimiento de rechazo hacia la migración, la discriminación y la violencia en contra de las personas que ingresan al territorio por vías irregulares. No es raro leer en redes sociales comentarios que vinculan a los migrantes con la delincuencia, la falta de trabajos y el aumento de la pobreza en el país; que consideran que los flujos migratorios recientes constituyen una “invasión” y una “vulneración a la soberanía nacional”; también argumentan que la ayuda humanitaria ofrecida a solicitantes de asilo y refugiados es “una carga injusta” para la administración pública, y cuestionan recurrentemente si “violar las leyes de migración” al entrar de manera irregular puede o no constituir un delito.

Todos estos comentarios, además de demostrar una clara tendencia discriminatoria, están equivocados.

Primero, es incorrecto vincular a la migración con el aumento a la pobreza, el desempleo o cargas fiscales excesivas. Existen estudios que sostienen que el ingreso de extranjeros no afecta de manera significativa el empleo de los residentes de los países de destino y que, en general, tiene un efecto positivo en la generación de empleo e inversión. (10) Esto es así debido, principalmente, a que los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados contribuyen más en concepto de impuestos directos e indirectos que lo que consumen en forma de servicios. (11)

Por otro lado, es incorrecto afirmar que los últimos movimientos migratorios implican una “invasión” de personas centroamericanas a nuestro país. Una forma muy práctica de ejemplificar esta situación es tomando como referencia el número de solicitantes de asilo en el mundo: 3.5 millones. Si tenemos que, de esa cantidad, 29,600 se encuentran en México, nos daremos cuenta de que este número sólo representa el 0.85% del total. Claramente, este no es un análisis exhaustivo ni busca negar que el número de solicitantes de asilo y refugiados ha aumentado en los últimos meses, sino que intenta situar dicho incremento en una proporción más justa, de forma que pueda evitarse caer en afirmaciones alarmistas, exageradas y carentes de fundamento.

Y, finalmente, no, el ingreso irregular a un territorio no es un delito. El artículo 2 de la Ley de Migración mexicana sostiene que: “En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito”.

No obstante todas las cuestiones prácticas y de derechos que desaconsejan el establecimiento de políticas migratorias restrictivas, el gobierno mexicano ha asumido una actitud de persecución en contra de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que se contrapone abiertamente con las declaraciones oficiales de sus autoridades. En este sentido, la celebración del Día Mundial del Refugiado por parte de la Secretaría de Gobernación deja un amargo sabor de boca porque, en general, las conmemoraciones de este tipo están destinadas a sensibilizar sobre la problemática en particular (en este caso, la situación de vulnerabilidad de solicitantes de asilo y refugiados) y propiciar la adopción de medidas para mejorar los derechos humanos de los grupos afectados. Ninguno de estos dos propósitos ha sido cumplido por el Estado mexicano.

No existen verdades a medias. La realidad nos demuestra que el gobierno ha optado por una política migratoria militar, punitiva y violatoria de derechos humanos que, además, será inútil, porque no logrará detener la movilidad humana y será pagada con la sangre y el sufrimiento de personas que sólo buscan salvar su vida.

@CMDPDH

 

(1) ACNUR. Informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2018. Publicado el 20 de junio de 2019. Disponible en este link.

(2) Durante los últimos meses, se han reportado de manera pública, al menos, tres muertes vinculadas de personas migrantes en custodia de autoridades migratorias: Una niña guatemalteca de 10 años falleció dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Ciudad de México (Información disponible en este link); la muerte de un hombre guatemalteco de 33 años de edad durante un operativo de revisión migratoria (Información disponible en este link), y la muerte de una niña salvadoreña de 12 años en un ataque armado que fue perpetrado por agentes de la Policía Federal y el INM, según el relato de las víctimas (Información disponible en este link).

(3) Información disponible en este link; Ley de la Guardia Nacional, Artículo 9, fracción XXXV.

(4) Información disponible en este link.

(5) Información disponible en este link.

(6) Información disponible en este link.

(7) Human rights of migrants. Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau. A/72/173, 19 july 2017, p. 31. Disponible en este link.

(8) Derechos Humanos de los Migrantes. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. François Crépeau. A/71/285, 4 de agosto de 2016, párr. 13, 14. Disponible en este link.

(9) Ídem, párr. 16 y 25

(10) Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, International Migration Outlook 2013, (París, OCDE, 2013).

(11) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes en situación irregular, 2014, pág. 113. Disponible en este link.

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