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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Hasta que la tortura quede erradicada
Tras la aprobación de la ley que sanciona la Tortura, el reto a enfrentar será su pronta y efectiva implementación para combatirla en todo el país.
Por CMDPDH
1 de mayo, 2017
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El pasado 26 de abril de 2017, el Pleno del Senado de la República aprobó con mayoría absoluta la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este es un gran logro para todos los actores tanto de la sociedad civil, academia e instituciones de gobierno involucrados en el proceso de aprobación de la ley, mismo que inició desde principios de 2015.

Existe una gran expectativa en la aplicación de esta ley, para finalmente combatir la impunidad en la que han quedado un sin número de casos de tortura, además de la erradicación de este delito como método de investigación criminal y la prohibición absoluta de las pruebas obtenidas bajo esta práctica.

Hemos comprobado que varios factores al momento de las detenciones (ilegales) y del proceso penal favorecen el uso de la tortura, como lo es la falta de registro de las detenciones ocultando el paradero de una persona. Durante este tiempo la víctima no es presentada ante un juez o ministerio público, permitiendo entonces que la autoridad disponga de ella para torturarla con el fin de obtener una confesión. Es así como la tortura y malos tratos se han convertido en instrumentos para la fabricación de culpables. Ahora se espera que, con esta nueva legislación, este tipo de pruebas ilícitas no sean consideradas durante un juicio en contra de la persona detenida y además se cree un registro nacional de casos de tortura, incluyendo también la asistencia, atención y reparación de víctimas de esta violación.

De acuerdo a cifras de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura creada en 2015, tan sólo en el lapso de un año, se registraron 2,359 averiguaciones previas por el delito de tortura y se abrieron 360 carpetas de investigación. De igual modo, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de los diferentes estados de la República reportaron un total de 6,600 quejas por el delito de tortura durante el periodo de 2006 a 2016. A nivel federal, la CNDH registró 365 quejas por tortura y 9268 quejas por trato cruel, inhumano o degradante, cifra que es alarmante y muestra un drástico aumento durante el periodo de 2008 a 2012. También, el incremento de denuncias por este delito a nivel estatal es alarmante, con sólo 14 denuncias en 2006, 201 en 2012 y 1,866 en 2016.

Hemos visto que todas las instituciones han sido culpables de cometer tortura. El Ejército, la Marina, y la Policía Federal, estatales y municipales han sido señaladas como responsables de la práctica de este grave crimen. Esto se ha evidenciado también en relación al aumento en el número de quejas presentadas ante Comisiones de Derechos Humanos a partir del 2008.

De acuerdo a cifras obtenidas a partir de la sistematización de 201 documentos correspondientes a recomendaciones de la CNDH relacionadas a violaciones graves que comprenden un análisis del 2006 al 2017, las Fuerzas Armadas acumulan el 68.66 % del total de los documentos, siendo SEDENA la institución con mayor número de recomendaciones con 104 menciones. Del total de documentos, el 71.64 % de las recomendaciones comprenden episodios de tortura, siendo el fenómeno predominante seguido de asesinatos y desaparición con el 38.31 % y el 20.40 % respectivamente.

Desde la sociedad civil, aplaudimos la aprobación de esta Ley General contra la Tortura, pero bajo este panorama, el trabajo que viene será crucial para su efectiva aplicación, de tal manera que la tortura como método de investigación criminal logre quedar completamente erradicada. De manera especial, consideramos que las pruebas y testimonios obtenidos bajos esta intolerable práctica sean desechados para permitir que los torturadores sean investigados, procesados y sancionados.

Queda entonces pendiente la importante tarea de evitar que esta se convierta en una Ley inoperante, sino que al contrario su pronta y efectiva entrada en vigor abra paso al acceso a la justicia, asistencia y reparación para las víctimas de tortura.

 

@CMDPDH

 

 

 

Esto a raíz de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo al análisis de 201 recomendaciones de CNDH con de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

Periodo que comprende desde su creación el 27 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2016.

PGR, solicitud de información: 0001700018117.

Solicitud de acceso a la información pública a Comisiones Estatales de Derechos Humanos de 28 estados de la república, excepto por las Comisiones de Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas que no proporcionaron respuesta a la solicitud.

Durante el periodo 2006-2016.

Solicitudes de acceso a la información pública. Cifras incluyen 25 de los 32 estados de la república, por falta de respuesta de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Tabasco y Veracruz.

Resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

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