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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La transformación del retroceso
La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se siente como el primer paso para la desarticulación de la institución que debía ser el estandarte de los derechos de las víctimas.
Por Valería Moscoso y Nancy López
5 de octubre, 2020
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El pasado 29 de septiembre, de último minuto y sin una discusión previa y abierta con víctimas, colectivos de víctimas u organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presentó un Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas (LGV). Hasta ese día, no existía información pública que permitiera prever que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encontraba en riesgo de desaparecer.

Las reformas a la LGV forman parte de un paquete de modificaciones que eliminarán un extenso catálogo de fideicomisos cuyos fines son muy diversos: artes, cine, investigaciones. El objeto de éstas se sustenta – de acuerdo con el propio dictamen- en la política de austeridad, pero también en su justificación se mezclan una serie de razones como la crisis derivada del COVID-19, la opacidad del uso de los recursos manejados a través de fideicomisos, etc. Todas las razones son perfectamente válidas en un contexto como el presente, pero pecan de generalizaciones que evitan el análisis individualizado de los costos que tendrán en materias tan importantes como el acceso en los derechos de las víctimas.

La defensa del FAARI no es una defensa ciega a la CEAV -la cual hemos sostenido-, requiere una reestructuración profunda de sus procedimientos, la reversión de prácticas que han resultado profundamente revictimizantes y burocráticas y cuyas gestiones han estado plagadas de inconsistencias que han profundizado la atención desigual y poco objetiva a las víctimas de este país. No obstante, la eliminación del FAARI se siente como el primer paso para la desarticulación de la institución que debía ser el estandarte de los derechos de las víctimas.

En este punto resulta importante recordar la historia que dio pie a la creación, tanto de la CEAV como del FAARI, las cuales no devienen de una toma de conciencia y acción de parte de la clase política de nuestro país, sino de la presión y hartazgo de miles y miles de personas que se reunieron en las marchas masivas del 2011 sumándose al grito de “Estamos hasta la madre”, en referencia a la creciente violencia, la cada vez más profunda crisis de derechos humanos, las miles de desapariciones, torturas, ejecuciones, feminicidios, etc.

Estas marchas reunieron y contuvieron el dolor y enojo de millones; llevaron a la creación de diversos movimientos sociales -integrados en su mayoría por personas que habían sido víctimas de estas violencias, así como de organizaciones de la sociedad civil-, personas que pasaron de ser madres y padres, trabajadores/as, ciudadanos/as comunes, a encontrarse con la necesidad, de repente, de convertirse en expertos en documentación, leyes, procesos políticos, acompañamiento, etc., y lograron (logramos), impulsar la creación de una legislación en favor de las víctimas: en este sentido, tanto la LGV, como la propia CEAV, el FAARI y todo lo que involucra el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es un logro, una creación y una lucha de las propias víctimas.

Este proceso no estuvo exento de obstáculos, manejos políticos e intentos de manipulación, demostrando una vez más que el interés de nuestra clase política nunca ha sido el bienestar de las personas, sino sus propios intereses y ganancias. Desde la aprobación final de esta ley, su publicación e implementación, no ha existido un sólo momento en que el proceso haya sido fácil o que se haya puesto a las personas víctimas en el centro, sin embargo, pese a esto, tanto las propias víctimas, colectivos y OSC hemos dedicado innumerables esfuerzos por empujar a su buen funcionamiento.

En estos años se han realizado diversos espacios de discusión, foros, diagnósticos, investigaciones, etc., todos ellos buscaron puntuar los elementos de la ley que no se han logrado implementar, así como los malos funcionamientos de su principal instancia, la CEAV; estas denuncias siempre se han acompañado de propuestas, alternativas de acción y permanentes ofrecimientos de apoyo para la construcción conjunta. Pese a esto, la respuesta del Estado ha sido una cada vez mayor ausencia, menos escucha, y una nula disposición de colaborar, negando las víctimas y de quienes llevamos años trabajando estos temas.

En este último año, la situación se ha agravado de forma considerable, pues no sólo se ha dejado en un cada vez mayor abandono a la CEAV -y con esto a las ya revictimizadas víctimas-, a través de diversas acciones entre las que se destaca la reducción de su presupuesto operativo que les llevó a un recorte de personal y, a interrumpir la cadena de atención médica, psicológica, reducir las medidas de ayuda y asistencia inmediata, e incluso suspender las medidas de reparación bajo argumentos tales como la falta de recursos. La CEAV por lo tanto, se ha convertido en una carta dentro del juego político que ha emprendido la actual administración.

El ejecutivo federal ha descontextualizado las quejas en contra de distintas instancias -quejas legítimas, graves y necesarias a tomar en cuenta-, para desplegar estrategias unilaterales y arbitrarias en la que la inclusión del FAARI es, hasta ahora, la más preocupante. La eliminación de este Fondo se ha hecho sin un diagnóstico, sin consultar a especialistas, sin realizar los análisis necesarios de los impactos que esto puede generar y, lo más grave, sin consultar la voz a las propias víctimas.

Si bien este gobierno ha repetido en múltiples ocasiones que las víctimas son parte de los grupos prioritarios a atender, quedó claro desde los famosos “Foros por la Paz” que en la atención a víctimas y el abordaje de las violencias no tienen la menor idea. Para las víctimas, esta acción por parte del ejecutivo y su partido no se trata solamente de perder un fideicomiso o una dependencia, sino de una acción que trae detrás de sí, un tremendo peso simbólico.

Para la sociedad civil esto también es un mensaje, pues organismos como la CEAV (y la LGV) el Mecanismo de Protección son procesos que ha costado años construir. Son la única vía con la que contamos para la atención, defensa y reparación de los derechos humanos en el interior del país, por lo que su paulatino desmantelamiento nos deja un mensaje muy preocupante en términos de avance en materia de derechos humanos, dejándonos en total desconfianza sobre el futuro de las recientes aprobaciones (Ley de Desplazamiento), así como de las últimas legislaciones ganadas (Ley de Desaparición y Ley de Tortura).

Finalmente, las ayudas, la atención y reparación a víctimas no puede estar sujeta a disponibilidad presupuestaria. Las 30 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas y las miles más que aún no han encontrado la asistencia de la CEAV tienen el derecho a ser atendidas con dignidad. El Estado tiene el deber no sólo moral, sino la obligación constitucional de hacerlo. Cualquier lógica reduccionista para atender esta problemática, que busque limitar los derechos que les fueron conferidos a través de la LGV, es un retroceso injustificable que niega los complejos avances en su construcción, desconoce las necesidades y sobre todo, les da la espalda a las víctimas.

Esta institución y estos fondos fueron creados por ellas, es de ellas y para ellas.

* Valeria Moscoso es directora el área de Psicosocial de la CMDPDH. Nancy López (@nancyjlop) es directora del área de defensa de la CMDPDH.

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