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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
La transparencia también cuenta para las mujeres
Diagnósticos equivocados tendrán como resultado respuestas erróneas, por lo cual es fundamental medir también con indicadores de género para todo proceso de políticas públicas.
Por Raquel García Montaño y Giselle Yáñez Villaseñor
14 de junio, 2021
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Así como las mujeres hemos sido lo  “innombrable”, también hemos sido  lo “incontable”. Contar es un asunto político como también lo es el presentar información de una o de otra forma. Los números a su vez son políticos, por lo cual las feministas y otras mujeres en lucha han evidenciado la necesidad de contar desde la perspectiva de género, de tener conocimiento cuantitativo y cualitativo acerca de la condición y la posición de las mujeres,  así como de los impactos diferenciados de los fenómenos políticos, sociales, económicos y -de manera muy importante- del estatus de los derechos humanos y el impacto de la violencia, en especial de la violencia de género en la ciudadanía. Sin embargo, no basta con discursos o recabación de información, se requiere también transparencia con perspectiva de género, ya que la falta de ésta ensombrece los procesos democráticos y obstaculiza los derechos humanos. Es de gran importancia que los estados se comprometan tanto a garantizar la transparencia  y a evaluar considerando la experiencia de mujeres y hombres de manera interseccional.  La respuesta  que los institutos de transparencia proporcionen no sólo mostrarán estadísticas u omisiones sino el grado de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género de las instancias gubernamentales e incluso de todo el aparato de gobierno.

La exigencia de indicadores de género no es  “moda”, sino una necesidad que en el caso de la igualdad de género ha tenido su respaldo desde diciembre de 1995 con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer1. En ella quedó planteada la urgencia de construir políticas públicas basadas en diagnósticos que en su metodología incluyeran la perspectiva de género, pero también que estos estuvieran presentes en la elaboración de diagnósticos para identificar las causas reales de las problemáticas, recordando que diagnósticos equivocados tendrán como resultado respuestas erróneas, por lo cual es fundamental medir también con indicadores de género para todo proceso de políticas públicas.

El libre acceso a la información no es solo un derecho de toda la ciudadanía, su ejercicio forma parte de uno de los pilares de la democracia, pues además de permitir que los y las ciudadanas tengan acceso a la información de las distintas instituciones gubernamentales es también una de las herramientas más importantes de la participación ciudadana, y por ende del correcto ejercicio de la gobernabilidad democrática además de estar en estrecha sincronía con el derecho de libertad de expresión2.

Las omisiones en cuestiones de transparencia y sobre todo en información desagregada por género lo podemos observar en las solicitudes de información.  En diversas ocasiones se ha solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) información acerca de muerte de civiles en enfrentamientos y que ésta sea desagregada por género, pero las respuestas oficiales han argumentado que “en la base de datos de esta secretaría sobre agresiones a personal militar en el registro de fallecidos, heridos y detenidos, no se cuenta con información del sexo, género, si eran indígenas, lengua o lenguas indígenas que hablaban, discapacidad, nacionalidad o estatus migratorio”. 3

Como podemos observar, las respuestas oficiales aluden a que no se tiene ese rubro de información. Son justamente estas omisiones en la información las que dan cuenta no solo de la falta de institucionalización en las dependencias sino de la marginalización de la violencia contra las mujeres en temas de seguridad nacional o de los impactos diferenciados de la violencia generalizada.  Esto demuestra además un problema profundo de recolección y sistematización de la información en las instituciones gubernamentales de todos los niveles en donde la ausencia de indicadores de género es recurrente, no solo en las solicitudes hechas a Guardia Nacional o SEDENA, sino también a fiscalías estatales, tribunales de los distintos estados e incluso comisiones estatales de Derechos Humanos.

Esta información ha sido solicitada por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que  fue constituido en 2014, y fue creado gracias a la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 20024 y que se adiciona al artículo 6° de la Constitución, artículo que establece la libertad de expresión y la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información. Para esto se establece que cualquier institución o persona física “que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes”. 5 La reciente creación de esta institución es una muestra de que los países latinoamericanos en general y México en específico llevan relativamente poco tiempo aplicando las leyes de acceso a la información y las instituciones creadas para salvaguardar su cumplimiento son aún incipientes.

Además, el derecho de acceso a la información no solo está respaldado por la Constitución y se encuentra ligado al derecho fundamental de libre expresión, sino que también se encuentra establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 y se ha establecido también que todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)6 “tienen la obligación de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”. 7

Es por esto que el análisis del funcionamiento de estos organismos y de la manera en la que se brinda la información solicitada nos ayuda no solo a dimensionar la correcta o no aplicación de este derecho en nuestro país, sino que también nos brinda un panorama sobre cómo se procesan los datos en las instituciones gubernamentales, lo que a su vez nos refleja la inclusión o exclusión de distintos grupos poblacionales, como es el caso de las mujeres, lo que es absolutamente necesario para diagnosticar y evaluar el cumplimiento a los deberes estatales respecto a los derechos humanos. Por lo que el establecimiento de instituciones que permitan y resguarden este derecho, es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema político y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en los procesos de rendición de cuentas de los distintos niveles gubernamentales. El acceso a la información debe ser garantizado y libre de sesgos, por ejemplo, de sesgos de género.

La transparencia también se ve reflejada en los indicadores que conforman la sistematización de la información, en el diseño de estos y sobre todo en lo que se busca medir. Podríamos entender que la claridad de la información es parte del derecho ciudadano y de la obligación en la rendición de cuentas. Las respuestas de inexistencia de información,  siempre permiten desconfiar si en realidad las instituciones de gobierno poseen esa información, pero no desean compartirla y argumentan inexistencias, y por otro, la falta de indicadores denota falta de compromiso, interés o conocimiento acerca de las diferentes experiencias provocadas por las violencias, así como la falta de voluntad medir y solucionar las mismas.

En los procesos de acceso a la información en México también nos encontramos con diversas problemáticas y trabas que las instituciones ponen para dificultar el acceso a la información requerida. Una de las trabas más comunes es el detener o rechazar las solicitudes debido a conceptos o formas de redacción; las diferentes instituciones, unas más que otras, se apegan a términos legales muy estrictos que para el común de la sociedad pueden resultar complejos y desconocidos, lo que indirectamente reduce la posibilidad de la ciudadanía de acceder de manera óptima a este derecho.

Un claro ejemplo de este caso sería la respuesta que algunas fiscalías estatales dieron a nuestra solicitud sobre información de víctimas de tortura sexual, desagregada por género entre otras especificaciones, y aunque en la misma solicitud explicábamos  a qué tipo de prácticas nos referíamos con tortura sexual, fueron varias las fiscalías que se declararon incapaces de responder a nuestra solicitud debido a que el delito no se encuentra tipificado en el código penal, como fue el caso de Baja California Sur8, Michoacán9, Querétaro10, Quintana Roo11, San Luis Potosí12, Sinaloa13, Sonora14 y Veracruz15. Esto a su vez nos señala dos grandes problemáticas, en primer lugar, la falta de voluntad por parte de algunas fiscalías por contestar de manera adecuada las solicitudes de acceso a la información, ya que la falta de tipificación en el código penal no fue un obstáculo para otras fiscalías que respondieron de manera satisfactoria; por el otro lado, nos indica también la falta de tipificación de delitos en el código penal. Además de esto, las respuestas recibidas en varias ocasiones no contaban con los indicadores solicitados, punto importante, ya que se vuelve a presentar la falta de información para poder analizar la información con enfoque de género, especialmente en el aspecto de la violencia sexual.

La transparencia permite tener una aproximación al estado real de fenómenos como pudieran ser los vinculados a la violencia armada en México, pero también a los impactos en otros tipos de violencia y en particular en la vida de las personas y del entorno psicosocial. Por lo que la ausencia de indicadores de género se presenta como un obstáculo no solo en la formación de un panorama real acerca de las diferentes violencias que hay en el país y el impacto de estas en la vida de las mujeres sino que también limita el rango de acción de las distintas estrategias para combatir la violencia desde una mirada amplia. Como lo que no se cuenta no existe y lo que incomoda se oculta, es prioritario insistir en indicadores de género y, por supuesto, en la transparencia desde la autonomía, en especial para todo acción que implique decisiones de gobierno  y recursos públicos.

@CMDPDH

 

 

 

1 ONU Mujeres,1995, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, recuperado 07 de junio de 2021

2 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), Organización de los Estados Americanos (OEA), “El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos”, mayo 2013.

3 Respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, folio 0000700078821 del  27 de Marzo de 2021

4 Rabindranath Guadarrama Martínez, Antecedentes  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, recuperado el 08 de junio del 2021.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, A.

6 El Derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, recuperado el 08 de junio del 2021.

7 Asamblea General de la OEA. Resolución 1932 (XXXIII-O/03).

8 Respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, folio 00076821, 23 de febrero del 2021.

9 Respuesta de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, folio 00150921, 8 de marzo del 2021.

10 Respuesta de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, folio 00153221, 24 de febrero del 2021.

11 Respuesta de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, folio 00152721, 23 de marzo del 2021.

12 Respuesta de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, folio 00145521, 04 de marzo del 2021.

13 Respuesta de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, folio 00281321, 08 de marzo del 2021.

14 Respuesta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, folio 00240321, 26 de febrero del 2021.

15  Respuesta de la Fiscalía General  del Estado de Sinaloa, folio 00347221, 26 de febrero del 2021.

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