Las necesidades de protección de refugiados y deplazados internos en México - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Las necesidades de protección de refugiados y deplazados internos en México
La organización Internal Displacement Monitoring Centre acaba de señalar en su reporte global de 2014 que existen aproximadamente 160,000 personas desplazadas forzadas internas en México. El próximo noviembre se cumplirán 30 años de la Declaración de Cartagena, y en ese contexto el Gobierno mexicano debe reconocer las necesidades de protección de las y los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados forzados internos, y apátridas.
Por CMDPDH
9 de junio, 2014
Comparte

Por: José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB) y Mariana Peguero Moreno (@PegueroMariana)

Este año se cumplen 30 años de la adopción de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (en adelante “Declaración” o “Declaración de Cartagena”). En este contexto se hace necesario reflexionar sobre los nuevos desafíos que la región enfrenta y particularmente México para fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo, de las y los refugiados, y de las personas desplazadas internas forzadas.

En noviembre de 1984 se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, representantes de gobierno y expertos de varios países latinoamericanos para discutir los desafíos jurídicos y humanitarios relativos a la situación de la región sobre las personas solicitantes de asilo, refugiadas y víctimas del desplazamiento interno forzado.

Después de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, uno de los instrumentos que mayor riqueza le ha otorgado a la efectiva protección a las y los refugiados y solicitantes de asilo a nivel internacional fue la Declaración de Cartagena de 1984, la cual tuvo la visión de conceptualizar sobre el fenómeno de las personas refugiadas y solicitantes de asilo desde y para la latente realidad latinoamericana.

Tal como se ha señalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Declaración de Cartagena desde sus origenes se ha calificado como “un instrumento de protección creativo e innovador que constituye un aporte de América Latina al Derecho Internacional”. Dicha Declaración ofrece una perspectiva más integradora y holística al fenómeno de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, dentro de sus hallazgos más conocidos se encuentra el haber ampliado la concepción de refugiado. El término original de refugiado proviene de la Convención del 51 y su Protocolo del 67, la cual entiende que una persona refugiada es quien: “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

La definición ampliada de persona refugiada que ofrece la Declaración de Cartega se refiera a quienes han huido de su país (…) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Es importante señalar que dicha definición ampliada se inspira en la contenida en la Convención de la Organización de la Unión Africana por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de refugiados en África que está en vigor desde 1974. También debemos subrayar que la Declaración de Cartagena ha propiciado que catorce países latinoamericanos hayan incluido en su legislación interna la noción “ampliada”, produciendo beneficios muy concretos para la población refugiada y solicitante de asilo.

La Declaración de Cartagena es igualmente valiosa por lo siguiente:

a) Reconoce la existencia de otras personas que requieren protección internacional, como las y los desplazados internos. Se entiende por desplazamiento interno a “las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”;

b) Desarrolla la protección y tratamiento que debe brindársele a personas refugiadas y solicitantes de asilo durante todo el proceso del desplazamiento, garantizándoles un tratamiento humanitario y soluciones duraderas (sea repatriación voluntaria o integración local, entre otras);

c) Genera y promueve la integración del régimen del sistema interamericano, como complementario al brindado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU);

d) Se constituye en un instrumento flexible y práctico que permite balancear cuestiones de seguridad y protección humanitaria, y

e) Menciona a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos que deben ser protegidos tanto para las y los refugiados, solicitantes de asilo,así como para las y los desplazados internos.

Luego de cinco años del proceso iniciado por la Declaración de Cartagena, se celebró en la ciudad de Guatemala la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), la cual buscaba encontrar soluciones duraderas para personas refugiadas, repatriadas y desplazadas centroamericanas, y se aprobaron los Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a Refugiados y Desplazados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos, el cual sirvió para analizar en detalle las normas del derecho de las y los refugiados en general y las que se aplican a soluciones duraderas en particular.

Posteriormente, y en el cumplimiento de los 10 años de la Declaración de Cartagena, se celebró en 1994 el coloquio Internacional de en San José, Costa Rica, donde se arribó a la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, la cual, al igual que la Declaración de Cartagena, fue un producto que reconoció que las condiciones socioeconómicas de los países de la región habían cambiado y que la mayoría se encontraba en procesos de redemocratización. Se resolvió abordar el problema de las personas desarraigadas desde una óptica diferente y se analizó con mucha profundidad el fenómeno del desplazamiento forzado. En dicha Declaración se reconoció que dicho fenómeno no solamente debe ser entendido como una obligación de los Estados, sino también debe visualizarse como un asunto que le atañe a la comunidad internacional. Estas reflexiones contribuyeron a la elaboración de principios y normas básicas de protección a las y los desplazados.

Para el vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena, se aprobó la Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina en la Ciudad de México en noviembre de 2004. En él se refleja una creciente preocupación de los Gobiernos por temas relativos a la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el incremento de los controles migratorios. En este orden, el Plan de Acción de México se conviertió en un marco estratégico y operativo, adoptado por consenso por 20 países latinoamericanos, que focalizó su atención en la protección internacional y las soluciones duraderas, además que reconoció como población de interés a solicitantes de asilo y personas refugiadas, así como a las y los desplazados forzados internos.

El próximo noviembre del presente año 2014 se cumplirán 30 años de la Declaración de Cartagena, y en ese contexto el Gobierno de la República debe reconocer las necesidades de protección de, entre otros, las y los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados forzados internos, y apátridas. Asimismo, deberá adoptar todas las medidas a su alcance, incluso promover las reformas legales que sean necesarias para, entre otros:

1. Reconocer oficialmente la existencia de una situación de desplazamiento forzado interno y garantizar los derechos humanos de la población desplazada, mediante el diagnóstico cuantitativo y cualitativo del fenómeno, así como a través del establecimiento políticas públicas.

2. Prohibir la detención administrativa de personas migrantes, haciendo énfasis en la prohibición categórica de la detención de solicitantes de asilo. En México en ninguna parte de la Constitución se reconoce la facultad de la autoridad migratoria para privar de la libertad a personas por no contar con documentos que acrediten su estancia legal.

3. Garantizar la imparcialidad y la independencia de los órganos que deciden el estatus de personas refugiadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples ocasiones que la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, el Tribunal ya ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que se aplican también a las decisiones de órganos administrativos.

4. Asegurar que los procedimientos para la determinación del estatus de refugiado respeten las garantías de debido proceso reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados. En este contexto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

De conformidad con las garantías establecidas en los artículos 8, 22.7, 22.8 y 25 de la Convención, y tomando en cuenta las directivas y criterios de ACNUR, las personas solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos para la determinación de tal condición, que permitan un correcto examen de su solicitud, de acuerdo con garantías contenidas en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales aplicables, que, en casos como el presente, implican las siguientes obligaciones para los Estados: a) deben garantizarse al solicitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y representación legal, para someter su solicitud ante las autoridades. En este sentido, el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y modo que pueda comprender y, en su caso, se le debe dar la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR; b) la solicitud debe examinarse, con objetividad, en el marco del procedimiento establecido al efecto, por una autoridad competente claramente identificada, lo cual requiere la realización de una entrevista personal; c) las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas en forma expresa con la finalidad de proteger los derechos de los solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad; d) si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información sobre como recurrir y concedérsele un plazo razonable para ello, según el sistema vigente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada, y e) el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, e inclusive mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada. Además, independientemente de la posibilidad de revisión, en el marco del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, y según las regulaciones propias del ordenamiento jurídico de cada Estado, pueden existir determinados acciones o recursos de carácter judicial, por ejemplo de amparo o de habeas corpus, que sean rápidos, adecuados y efectivos para cuestionar la posible violación de los derechos reconocidos en los artículos 22.7 y 22.8 de la Convención, o en la Constitución y en la ley de cada Estado. En esos términos, tales recursos pueden ser, en determinadas circunstancias, efectivos para remediar parcial o totalmente la situación violatoria y, en su caso, para reconducir los procedimientos administrativos, lo cual corresponderá ser evaluado en cada caso”.

El aniversario 30 de la Declaración de Cartagena es el momento idóneo para que la comunidad latinoamericana y particularmente el Gobierno de la República repiense su política de tratamiento a personas afectadas de desarraigo, tomando en cuenta las nuevas realidades, así como las lecciones aprendidas de los últimos diez años.

 

 

* José Antonio Guevara Bermúdez es Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Mariana Peguero Moreno es abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 

 

 

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Supra Nota 4. Conclusión Novena.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Memoria del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados/ACNUR, San José, 2005, EDITORAMA, pág., 23-26.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Memoria del Coloquio Internacional, 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.San José, Imprenta Nacional, 1995, pág. 14.

Supra Nota 12. Principalmente conclusiones decimosexta, decimoséptima y decimoctava.

Supra Nota 9.

Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2003. Serie C. No. 218. Párr.142. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 71; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. párr. 208, y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 119.

Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272,párr. 159 y 160.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.