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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Las Personas Internamente Desplazadas: el sector más vulnerable y desprotegido
Es responsabilidad del gobierno mexicano proveer seguridad y estabilidad a los ciudadanos. Sin embargo, éste ha preferido hacer caso omiso al problema. Debido a que la mayoría de las familias desplazadas se han visto en la necesidad de refugiarse en otros municipios dentro de su estado o en otras entidades del país, el gobierno es el que debe dar soluciones duraderas y asistir a las víctimas de desplazamiento en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños y respetando sus derechos humanos.
Por CMDPDH
28 de julio, 2014
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El desplazamiento interno forzado es un problema social, en el cual las personas huyen de sus hogares para escapar de la violencia, el conflicto armado y la violación de sus derechos humanos. En México el desplazamiento de personas ha sido provocado, en su mayoría, por la militarización de la seguridad pública como respuesta del Estado a un aumento del poder del crimen organizado y el tráfico de sustancias ilegales. Este escenario ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado de miles de personas.

Se ha identificado, entre otras cosas, que el desplazamiento poblacional sobre todo en las zonas rurales, se debe a que: 1) los grupos de la delincuencia organizada luchan por la plaza y quieren el control de territorio con el fin de ser utilizado para el cultivo de plantas ilícitas o bien, apropiarse de él para usarlo como zona de refugio, convirtiendo a la población civil en el blanco de sus actividades; 2) estos grupos buscan aterrorizar a la población y obtener beneficios de ella, a través del cobro por un secuestro, el uso de suelo o un negocio, robando cosas materiales como: camionetas, animales y mercancía, así como apropiarse de personas (para ser reclutadas o explotadas laboralmente o sexualmente), terrenos y casas-habitación que sean funcionales para su organización, y 3) estos grupos buscan saldar cuentas con personas que han estado involucradas. Es decir, buscan vengarse de quien los ha traicionado, los ha denunciado o con quienes no han querido colaborar con ellos. La disputa por el territorio genera entonces que los pobladores se vean afectados de forma directa, obligándolos a cambiar su lugar de residencia habitual para sobrevivir.

En Junio del 2014, relatores de Refugees International (RI) realizaron su visita a México con el fin de investigar a fondo la situación de los habitantes que han sido desplazados internamente a causa de la guerra contra el narcotráfico y la violencia que se ha suscitado entre el Estado y grupos del crimen organizado.

En su reporte, la organización indica los avances que ha tenido el país económica y socialmente, resaltando las reformas que han logrado cobrar mayores impuestos a las personas con un nivel socioeconómico alto, así como la promulgación de leyes que han beneficiado a los derechos humanos, como la Ley General de Victimas de enero de 2013. Sin embargo, resalta que México se ha enfocado en documentar otros crímenes de lesa humanidad y ha hecho muy poco por el tema del desplazamiento masivo que han sufrido los ciudadanos.

Dentro de las recomendaciones que hizo Refugees International posterior a su visita a México se encuentran: incorporar una guía con la definición de desplazamiento interno en todas las instituciones de gobierno, generar una encuesta para hacer un diagnóstico de necesidades a nivel nacional de las personas desplazadas con preguntas específicas respecto a la actividad de los grupos del crimen organizado y el Estado, consolidar el registro civil brindando documentación legal a los desplazados internos, y financiar anualmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como está provisto en la Ley de Víctimas. Asimismo recomienda al gobierno de Estados Unidos ofrecer una audiencia individual ante un funcionario de asilo para los ciudadanos mexicanos que expresen temor de retornar a su país.

Es responsabilidad del gobierno mexicano proveer seguridad y estabilidad a los ciudadanos. Sin embargo, éste ha preferido hacer caso omiso al problema. Debido a que la mayoría de las familias desplazadas se han visto en la necesidad de refugiarse en otros municipios dentro de su estado o en otras entidades del país, el gobierno es el que debe dar soluciones duraderas y asistir a las víctimas de desplazamiento en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños y respetando sus derechos humanos. Un primer paso es el reconocimiento oficial de las personas y comunidades desplazadas por la violencia.

Es un reto para México identificar y ubicar a todas esas personas que han tenido que escapar de los asesinatos, las amenazas, desapariciones, secuestros y extorsiones. El que dichas familias no reporten su decisión de escapar, ni indiquen el lugar al que se trasladan, obstaculiza el diagnóstico y la atención. En algunos casos en que el agente victimizador es el Estado mismo, hace imposible que se establezca un vínculo de confianza entre las autoridades y las víctimas de desplazamiento.

Una consecuencia muy importante del desplazamiento interno de las familias mexicanas es el subregistro de menores y desplazados, es decir, siguiendo la tendencia nacional, se estima que en 2012 un 30% de los niños mexicanos no fueron registrados ante el Registro Civil, por lo tanto no cuentan con documentos oficiales de identidad. La mayoría de las personas desplazadas pierden sus documentos al momento de huir de sus comunidades de origen. Este problema es crítico ya que sin documentación no pueden reinsertarse en el mercado laboral, en el sistema educativo, ni tener acceso a servicios de salud. Además, los menores son más vulnerables a ser reclutados por los grupos delictivos.

El tema de refugio y seguridad de las familias que se vieron forzadas a desplazarse es controversial. Algunas de ellas se ven en la necesidad de vivir con amigos o familia y en muchos casos tienen que alquilar lugares con espacios insuficientes sin la seguridad económica de poder continuar viviendo ahí. Estas personas requieren atención médica y psicosocial, pero no cuentan con los recursos necesarios para recibirla, muchas de ellas dependen del seguro de salud público, el cual es precario e ineficiente.

En diciembre de 2013, durante el “Diálogo sobre los retos de la protección”, el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) reconoció la necesidad de garantizar que el desplazamiento interno reciba una mayor prioridad en la agenda internacional. Sin embargo, el programa de ACNUR en México sigue sin responder a las necesidades de los desplazados internos, ya que se enfoca únicamente en la situación de refugiados, apátridas y migrantes en tránsito.

En febrero del 2012 se aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, la cual define el fenómeno, incorpora los Principios Rectores de los Desplazados Internos de la ONU que protegen los derechos de los desplazados; establece provisiones para la creación de instituciones y políticas para prevenir y atender a las personas desplazadas. Sin embargo, esta ley no se ha podido implementar debido a que aún no se ha reglamentado. Si bien esto es un avance que no debe subestimarse, aún queda mucho por hacer en Chiapas antes de que podamos hablar de una implementación de los mecanismos normativos para la protección y asistencia de los desplazados en el ese estado. En los congresos locales de otros estados como Oaxaca, Durango y Sinaloa se han discutido iniciativas similares sin éxito aún.

Persiste en el país una evidente falta de voluntad política por parte de las autoridades de reconocer el fenómeno con todas sus implicaciones. Ningún avance en la materia se podrá llevar a cabo sin este reconocimiento, ya que de él se desprendería una política de protección y asistencia. Sin ello, se deja en situación de vulnerabilidad extrema a un grupo significativo de la población mexicana.

Ante esta situación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), creó en marzo 2014 un área de Desplazamiento Interno Forzado, la cual tiene como objetivo, por un lado, llevar a cabo un monitoreo permanente del desplazamiento interno inducido por violencia y el despojo ilegal, y por otro lado, proporcionar atención a las víctimas mediante asesoría jurídica, apoyo para la reinserción educativa de menores de edad, apoyo en la recuperación de documentos oficiales, apoyo en la búsqueda de oportunidades de vivienda, apoyo para su reinserción al sistema de seguridad social y atención terapéutica. El fenómeno, que existe en México desde los setenta, se ha incrementado a partir de 2007 como consecuencia de la situación de violencia que se vive en el país por el enfrentamiento abierto entre el gobierno y los grupos de delincuencia organizada.

Durante este mes, el área de Desplazamiento Interno Forzado estará impulsando un proyecto en el sitio Fondeadora para recaudar fondos. El proyecto consiste en becar a jóvenes que han sido víctimas del desplazamiento y desean continuar con sus estudios universitarios, pero no tienen los medios para hacerlo. El dinero recaudado será utilizado para que estos jóvenes puedan recuperar esta parte tan importante de su vida, y tengan acceso a un mejor futuro.

Invitamos a todas aquellas personas que vayan a correr el Maratón de la Ciudad de México el próximo 31 de agosto a que lo hagan por esta causa, correr por la educación de este grupo de jóvenes desplazados que buscan superarse y darle visibilidad a un fenómeno que no puede continuar siendo ignorado por las autoridades.

Los desplazados son un grupo altamente vulnerable que sufre múltiples violaciones de derechos humanos. En la mayoría de los casos no tienen acceso a vivienda digna, educación, servicios de salud y trabajo. La falta de reconocimiento del fenómeno por parte de la sociedad y del Estado contribuye a estas carencias.

 

 

@cmdpdh

 

Lee, Briana, Mexico’s Drug War, Consejo de Relaciones Exteriores (5 de marzo de 2014), disponible aquí.

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