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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Límites del decreto presidencial que crea una “Comisión de la Verdad” en México
Por su contenido, naturaleza y alcance, el decreto presidencial que crea la comisión para investigar los crímenes del pasado tiene distintas limitaciones y se enfrenta a obstáculos que ponen en duda la efectividad que tendrá dicha "Comisión de la Verdad".
Por CMDPDH
1 de noviembre, 2021
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A raíz de conversaciones mantenidas entre las víctimas y el presidente de México, el pasado 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se crea la llamada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el país entre 1965 y 1990.

A primera vista, podría parecer que este decreto establece el tan esperado mecanismo de justicia transicional que México realmente necesita: uno encaminado a esclarecer las incontables violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y asegurar para ellas garantías de no repetición.1 Sin embargo, por su contenido, naturaleza y alcance, el decreto presidencial tiene distintas limitaciones y se enfrenta a obstáculos que ponen en duda la efectividad que tendrá la “Comisión de la Verdad” que establece.

En primer lugar, la comisión está condicionada por su propia definición y mandato establecidos en el artículo 1º del decreto. Al omitir mencionar a los más altos responsables de cometer violaciones graves a los derechos humanos en México –incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas–, el decreto le otorga a la comisión una competencia personal demasiado amplia, lo que pone en tela de juicio su capacidad para asegurar que los altos mandos sean debidamente investigados y enjuiciados.

En cuanto a la composición de la comisión, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que los pasados 25 y 26 de octubre tuvieron lugar las entrevistas para el proceso de selección de las cinco personas expertas que formarán parte de la misma, en el que participaron 25 personas postulantes (siete mujeres y 18 hombres). Si bien es de celebrarse que estas entrevistas fueron públicas y abiertas a la participación de la ciudadanía, es preocupante que sólo una de estas personas expertas tendrá derecho a voz y voto en la Comisión; esto implica que existirá un desbalance de seis votos de autoridades gubernamentales –tres de las cuales dependen de la propia SEGOB–, a tan sólo un voto de la persona experta independiente. Así, en lugar de ser un órgano preponderantemente ciudadano, la comisión se asemejará a una institución del gobierno,2 que será juez y parte a la hora de investigar y enjuiciar los crímenes del propio Estado.3

Por otra parte, dado el cúmulo de casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el período que contempla el decreto, preocupa que la comisión no tenga presupuesto suficiente y que sus integrantes no estén dedicados y dedicadas de tiempo completo al asunto. La falta de claridad sobre la sostenibilidad económica de la comisión, así como en torno a la estructura orgánica de trabajadores que necesitará para su funcionamiento, ponen en duda su eficacia y prontitud.4

Otro aspecto preocupante del decreto es la discrecionalidad que otorga a la comisión para convocar reuniones de seguimiento con las víctimas, sus familiares y sobrevivientes. Por la redacción del artículo 2º, se entiende que la comisión puede decidir si convoca o no a las víctimas a estas reuniones esenciales, lo cual es incompatible con los derechos reconocidos en la Ley General de Víctimas. Además, es indispensable que las representantes de las víctimas también participen en estas reuniones, a fin de cumplir con su labor de acompañamiento integral.

Parece también que, como se dice coloquialmente, el decreto no le da suficientes dientes a la comisión; por el contrario, éste no impone obligaciones a las dependencias del gobierno para cooperar con la comisión y no es claro en el alcance de su mandato para el llamado impulso a la justicia. Sin una vinculación jurídica entre la comisión y otros órganos estatales, particularmente aquellos involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la Secretaría de la Defensa Nacional, se corre el riesgo de que los resultados esperados no puedan concretarse. Así lo han manifestado algunas organizaciones de la sociedad civil, insistiendo en que la comisión debe contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas Mexicanas para acceder a sus cuarteles y a los archivos de la época, a fin de garantizar que sus miembros sean efectivamente investigados y enjuiciados.5 De lo contrario, la llamada “Comisión de la Verdad” podría parecer más una mesa de coordinación institucional de carácter intersecretarial y no un ejercicio genuino de justicia transicional.

En cuanto a técnica jurídica, la redacción del decreto también deja mucho que desear. Por un lado, omite estándares internacionales de investigación, como aquel que sujeta a las autoridades ministeriales a realizar investigaciones en tiempo razonable. Además, el umbral de los crímenes a considerar, contenido en el artículo 4º del decreto, es excesivo. Al requerir que las violaciones graves a los derechos humanos sean “graves, sistemáticas y generalizadas”, el decreto se aparta del derecho internacional consuetudinario y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que únicamente requiere que los crímenes de lesa humanidad sean sistemáticos o generalizados. Esto dificulta la prueba de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en México, que bien pueden constituir crímenes internacionales.

Aunado a ello, la vigencia del decreto al 30 de septiembre de 2024 limita la labor de la comisión al ponerle un temporizador para cumplir su labor en un lapso inverosímil para atender un asunto de gran complejidad. Esto no asegura que la comisión realice un trabajo transexenal y profundo que esté a la altura de procesos serios de justicia transicional como los que se han implementado en otras latitudes. Además, a la fecha, México no ha suscrito ningún acuerdo con un organismo internacional para el cumplimiento del objeto de la comisión, como lo prevé el artículo 5º del decreto. Un acuerdo de esta naturaleza, que incluya la participación de funcionarios internacionales y la asesoría técnica del organismo en cuestión, podría propiciar que la comisión goce de la efectividad, independencia y sostenibilidad necesarias para realizar su labor.

Por último, si bien este decreto establece una vía para esclarecer los hechos, impulsar la justicia y reparar a las víctimas de atrocidades masivas cometidas en México durante un período de terrorismo de Estado, no deben replicarse los errores cometidos por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). La FEMOSPP, creada en 2002, carecía de independencia, personal y presupuesto suficientes; no contó con la cooperación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y finalmente se extinguió en 2007 sin lograr éxitos considerables y sin enjuiciar a los responsables. Esto evidencia que no bastan las buenas intenciones, sino que se requiere la voluntad política del Estado para generar mecanismos independientes que cuenten con una estructura y presupuesto suficientes para llevar a cabo procesos de justicia transicional de manera genuina y efectiva.

Las víctimas del pasado tienen la esperanza depositada en la “Comisión de la Verdad” creada por este decreto. El Estado no debe ni puede fallarles esta vez.

@CMDPDH

 

 

1 En este sentido, en 2019, un grupo amplio de colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil presentó la Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos.

2 Corcuera Cabezut, Santiago, Comisión de la Verdad para víctimas de la guerra sucia, El Universal, opinión del 16 de octubre de 2021

3 Dayán, Jacobo, Comisión de la verdad ¿gubernamental?, Animal Político, 13 de octubre de 2021

4 Ver Cossío Díaz, José Ramón, ¿Verdad y justicia?, El País, opinión del 11 de octubre de 2021; y Dayán, Jacobo, Comisión de la verdad ¿gubernamental?, Animal Político, 13 de octubre de 2021

5 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Posicionamiento: La Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos entre 1965 y 1990 debe atender expectativas de las víctimas, 8 de octubre de 2021; Artículo 19, Fundar, Centro Prodh, Comisión para el acceso a la verdad: oportunidad histórica para avanzar hacia la verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición, 8 de octubre de 2021.

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