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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Lo técnico es político: derechos humanos y fideicomisos
Están tratando resolver un problema actual de financiamiento al precio de, potencialmente, crear 109 grupos de personas beneficiarias que verán vulnerados sus derechos por la falta de presupuesto en el futuro.
Por CMDPDH
7 de octubre, 2020
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La igualdad formal ante la ley ha sido una conquista fundamental. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad nos demostraran que la igualdad formal también puede ser una forma de normalizar la opresión. Que, además de igualdad ante la ley, se requieren condiciones materiales que nos permitan vivir en igualdad sustantiva. En resumidas cuentas, sirve muy poco ser libre e igual si uno está condenado a morir de hambre en la pobreza, por golpes de una pareja abusiva o por actos de tortura por las fuerzas de seguridad.

La respuesta a este desbalance entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva se ha resuelto, casi siempre, desde un punto de vista técnico, ético y político a través de la intervención estatal. Así se ha resuelto procurar acceso universal a educación, salud, justicia y otros bienes públicos que ayudan a disminuir brechas de desigualdad. Para hacer esto el Estado tiene que transformar la letra de la ley en políticas públicas: instituciones, edificios, infraestructura y recursos financieros para que estos servicios puedan entregarse a los y las ciudadanas. Aún más importante, al hacer esto el Estado está cumpliendo con la obligación de garantizar que los derechos de las personas sean algo más que letra muerta (una formalidad).

Ante la necesidad de que el Estado cumpla con deberes inmediatos, que no pueden ni deben pasar por un proceso complejo burocrático, ni por la voluntad política de la administración en turno, se han creado los fideicomisos públicos. Son contratos por medio de los cuales “el gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitente, a través de sus dependencias centrales o paraestatales, transmite la titularidad de bienes de dominio público, del dominio privado de la federación, entidad federativa o municipales, afecta fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado de interés público”.1 Es decir, son bienes propios de la administración pública que pasan a la administración de instituciones privadas y que se emplean para fines públicos atendiendo a reglas claras de operación. Es posible que, en algunos casos, se requieran mejores controles y más transparencia en el uso de los fideicomisos, pero que una herramienta sea susceptible de mejora no es razón para eliminarla.

Los fideicomisos constituyen una forma técnica de atender el problema, siempre presente en todos los gobiernos, de mantener el acceso a servicios, programas y beneficios basados en derechos que no deberían verse afectados por el paso del tiempo ni por restricciones burocráticas que impiden el goce efectivo de derechos. Por ejemplo, el ejercicio del derecho de una madre a buscar justicia para su hijo asesinado por militares no debería depender de la voluntad política de diputadas y diputados para que cada año hubiera suficiente dinero disponible para peritajes independientes, atención psicosocial, servicios de asesoría jurídica, recursos para trasladarse y participar en las diligencias. Los fideicomisos garantizan que los recursos para ejercer sustantivamente los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos no se conviertan de un año al otro en una formalidad muerta en la Ley General de Víctimas.

Este gobierno acostumbra a decirnos que se están tomando decisiones políticas alejadas de las razones meramente técnicas para transformar moralmente al país. El dilema entre la técnica y la política que plantea la administración es falso. Lo técnico es político; estas decisiones de cómo llevar a cabo las políticas públicas terminan definiendo quiénes tienen acceso y pueden gozar efectivamente de derechos y quiénes serán excluidos. En este caso, el presidente y su séquito han decidido que 109 grupos y posibles personas beneficiarias de recursos en fideicomisos se encuentren en una situación que vulnera la posibilidad de ejercer los derechos que antes se garantizaban sin restricciones burocráticas y sin hacer depender un derecho de la voluntad política del partido en el poder.

El presidente plantea un dilema entre la crisis sanitaria y el derecho a la salud y los derechos que se garantizan con los recursos asignados en los fideicomisos. Ese dilema también es falso, la reasignación de recursos a salud podría resolverse con reasignaciones presupuestarias desde el aparato de guerra y el presupuesto destinado a SEDENA y la Guardia Nacional. Así el presidente ha elegido balazos antes que abrazos; balazos antes que ciencia, derechos de víctimas y protección a periodistas. La solución técnica (no política) de eliminar los fideicomisos y enviar al gasto corriente las acciones relacionadas con la protección de periodistas y defensores de derechos humanos no deja lugar a dudas. Este gobierno ha tomado la decisión moral de seguir financiando a quienes torturan, desaparecen y asesinan, y desproteger a quienes defienden a las víctimas y hacen visibles sus historias. Así es la moralidad política que promueve el gobierno con sus decisiones técnicas.

Entre tantos reflectores, desde la instrucción en el púlpito presidencial hasta la falta de quórum y la aprobación, en lo general, del fin de los fideicomisos, el coro presidencial ha olvidado plantear el dilema técnico-político-moral fundamental en todo este problema. El dilema que están tratando de resolver no es uno de recursos sino de tiempo. En suma, están tratando resolver un problema actual de financiamiento al precio de, potencialmente, crear 109 grupos de personas beneficiarias que verán vulnerados sus derechos por la falta de presupuesto en el futuro. También es un problema de tiempo y recursos saber, por ejemplo, si una vez eliminados los fideicomisos se asignará este año el presupuesto necesario para atender a todas las víctimas, periodistas y defensores que requieran servicios. A todas luces esto no es así, ya que además de eliminarse los fideicomisos se recorta el presupuesto. No queda claro entonces cómo habrá de garantizarse suficiencia presupuestaria para el año siguiente para el cumplimiento de una obligación fundamental del Estado que es la garantía de los derechos de “un país de víctimas”.2

La alternativa política del presidente no resuelve el problema de garantizar los derechos de víctimas, defensores y periodistas en este periodo presupuestal y muy probablemente no lo haga en el siguiente, ni en el resto del sexenio, porque no hay herramientas técnicas alternativas para asegurarlo y queda claro que voluntad política para generarlas tampoco. Se deja entonces a la buena voluntad de la legislatura en turno. Todo dependerá de la voluntad política de una cámara de diputados que tendrá pocos o ningún compromiso con lo que haya acordado esta legislatura.

El problema de fondo es que la técnica que domina la política en esta administración es la electorera, como lo evidencian las disputas por el control del partido y un presidente en campaña. Este acto de dominación del presidente debe leerse a la luz de los actos de dominación sobre la SCJN y otras instituciones autónomas. Cada uno de estos ataques le permite satisfacer a su base, asegurar que está cumpliendo, aunque la realidad diga otra cosa, y generar un falsa percepción de efectividad gubernamental, sacrificando con ello la garantía de los derechos de víctimas, personas defensoras y periodistas, y de otros muchos grupos de personas beneficiarias.

@CMDPDH

 

1 Acosta R, “Tratado Teórico Práctico del Fideicomiso”, México, Porrúa. 1999. En Fundar “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público.” México. 2018.

2 DOF. Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (16 de mayo de 2019).

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