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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Los militares también tienen derechos humanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos humanos son universales e irrenunciables, lo cual significa que todas las personas son titulares de los mismos derechos y nadie puede renunciar a ellos. Privarle a las personas el derecho a un juicio justo solo por el hecho de pertenecer a una institución, en este caso castrense, resulta contrario con los principios de los derechos humanos.
Por CMDPDH
9 de febrero, 2015
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Por: José Guevara (@JoseAGuevaraB)

La reforma al Código de Justicia Militar (CJM) para limitar la competencia de los tribunales castrenses a exclusivamente conocer faltas que afectan valores militares no solo es una exigencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) e informes finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que es una obligación que deriva de la pertenencia de México a varios tratados internacionales de derechos humanos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) estratégicamente ha llevado diversos casos, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, ante los órganos del sistema interamericano, para evidenciar que en México el CJM ha contribuido a fomentar la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos (tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada de personas, violación sexual). Además de tratarse de órganos de justicia que, tal como se regula su estructura, se contravienen las reglas del debido proceso legal reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es importante enfatizar que en prácticamente todos los casos en que se ha establecido por los órganos del sistema interamericano la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos en los que las fuerzas armadas aparecen como el principal responsable, se ha resuelto que la jurisdicción militar no es competente para conocer de esos delitos.

Al respecto, recordemos el caso de las “Hermanas González Pérez” quienes en el año 1994 fueron abusadas sexualmente por efectivos militares en el Estado de Chiapas y cuya investigación fue infructuosamente llevada a cabo por la jurisdicción militar por muchísimos años. Al resolver este asunto, la CIDH señaló que:

cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidos, en virtud de lo cual los procedimientos resultan incapaces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles y se verifica una impunidad de facto que supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana. En particular, la CIDH ha determinado que, en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8(1) de la Convención Americana”.

Otro caso es el relativo a la desaparición forzada de Miguel Orlando Muñoz en 1993, en el estado de Chihuahua. Miguel Orlando es un Teniente del ejército mexicano, quien desapareció en un cuartel militar el 8 de mayo de ese año y desde entonces, a pesar de denuncias por parte de familiares, no se ha conocido su suerte o paradero, ni se ha llevado a juicio a los responsables. Las investigaciones en el asunto se han caracterizado por ser inadecuadas y poco efectivas, además de estar plagadas de irregularidades, sobre todo –pero no exclusivamente- cuando fueron tramitadas por las autoridades de procuración de justicia militar. La CIDH, en este caso, resolvió que la jurisdicción penal militar no satisfacía los requisitos de imparcialidad e independencia que exige la Convención Americana de Derechos Humanos y reiteró lo expuesto en otros casos de México, como el mencionado de las Hermanas González Pérez.

La primera sentencia de la CoIDH en contra de México en la que se refiere la necesidad de reformar el CJM se dicta el 23 de noviembre de 2009 y es por la desaparición forzada del Señor Rosendo Radilla Pacheco en los años setentas en el estado de Guerrero, por efectivos militares. En ella se sentenció al país por su responsabilidad en la desaparición forzada del señor Radilla, además que se violentó el derecho de los familiares a que un juez civil ordinario competente que investigara, procesara y sancionara a las personas responsables. En el curso del juicio, los representantes de las víctimas acreditaron que por muchos años la investigación se había llevado a cabo por instancias militares, lo cual resultaba claramente contrario a las obligaciones internacionales de México.

La CoIDH reiteró que si los actos delictivos cometidos por una persona en calidad de militar en activo afectan bienes jurídicos que no corresponden a la esfera castrense, los presuntos responsables deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Estableció además que “tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”. En consecuencia, la CoIDH ordenó a México reformar el CJM, con el objeto de compatibilizarlo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

A lo anterior debemos agregar que México ha ratificado dos importantes tratados internacionales que reconocen el derecho de toda persona acusada del delito de haber cometido una desaparición forzada de personas, a ser juzgada por tribunales competentes, imparciales e independientes. En la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, explícitamente se prohíbe la jurisdicción militar de la siguiente manera: “Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”. Por su parte, la Convención de Naciones Unidas en la materia, reconoce también la obligación del estado de garantizar el derecho de toda persona a gozar a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.

En 2014 la CMDPDH presentó al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas, un informe sobre la incompatibilidad de dicho Código con las obligaciones del país en derechos humanos. En dicho estudio logramos evidenciar que los magistrados, vocales y jueces, son oficiales militares nombrados por la Secretaría de Defensa, lo cual conlleva en la práctica a que miembros del Poder Ejecutivo desempeñen funciones jurisdiccionales, lo que es contrario al principio de separación de poderes y a la independencia inherente de todo tribunal de justicia. Pero no solo, la cuestión se agrava en cuanto que dichos operadores de justicia, en su condición de militares, están sometidos a los principios de obediencia jerárquica y disciplina, inherentes a la función castrense.

A más de 13 años de la decisión de la CIDH en el caso de las Hermanas González, a 8 del caso de Miguel Orlando, y a 5 años de haber emitido la sentencia la CoIDH en el caso Radilla, finalmente el 13 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el CJM con el objeto aparente de armonizar el derecho nacional con las obligaciones internacionales del país.

Dicha reforma, lejos de ser integral y cumplir con el derecho internacional, consolida una visión discriminatoria en perjuicio de las víctimas, así como de los presuntos responsables, por el hecho de formar parte de las fuerzas armadas. Tal como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos son universales e irrenunciables, lo cual significa que todas las personas son titulares de los mismos derechos y nadie puede renunciar a ellos. Es así que privarle a las personas el derecho a un juicio justo solo por el hecho de pertenecer a una institución, en este caso castrense, resulta contrario con los principios de los derechos humanos.

Confiamos en que el Congreso de la Unión muy pronto dará los pasos necesarios para reformar el CJM para alinearlo con lo dispuesto en la Constitución y los tratados de derechos humanos en materia de juicios justos, de manera que aseguren que todos los militares sean víctimas o victimarios, a pesar de lo que digan algunos, gocen de los mismos derechos que el resto de los mexicanos.

 

*José Antonio Guevara Bermúdez es Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH)

 

 

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009); Rosendo Cantú y otra (31 de agosto de 2010); Fernández Ortega y otros (30 de agosto de 2010); Cabrera García y Montiel Flores (26 de noviembre de 2010)

CIDH. Caso Ana, Beatriz y Celia González Pérez, Informe No. 53/01, Caso 11/565

CIDH. Caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán, Informe No. 12/130, Caso 12/130

Corte IDH. Caso Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos, párrs. 273 y 274.

Artículo 11.3 de la Convención Internacional en contra de la Desaparición Forzada de Personas.

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