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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Los militares y los crímenes del pasado (Parte 1)
Las imágenes colectivas sobre la Guerra Sucia tienen un común denominador: el ejército como el medio para reprimir los movimientos sociales, sindicales, agrarios, indígenas y estudiantiles en nombre de “la seguridad y la paz”.
Por Daniel Mata, Giselle Yáñez, Lucía Chávez y Natalia Báez
9 de junio, 2020
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Han pasado más de cincuenta años desde el fin de uno de los periodos de la historia más oscuros de México conocido como “Guerra Sucia”; los responsables de las acciones del terror ordenadas y ejecutadas no han sido juzgados, no han purgado una condena que pueda darnos un halo de justicia. Las imágenes colectivas sobre este periodo tienen un común denominador: el ejército como el medio para reprimir los movimientos sociales, sindicales, agrarios, indígenas y estudiantiles en nombre de “la seguridad y la paz”, para “proteger a México de amenazas extranjeras”. Es muy importante aclarar que si bien en las décadas de los sesentas y setentas había simpatía ideológica con el comunismo, teniendo como contexto el triunfo de la Revolución Cubana, en México las condiciones de desigualdad y pobreza, la represión, el incumplimiento de los ideales de la Revolución Mexicana y el fin del “milagro mexicano” en términos económicos eran el escenario perfecto para el descontento social, pero el discurso institucional disfrazó su fracaso con la lucha en contra de la “amenaza comunista”. Esta cuestión la supo imitar en diciembre de 2006 Felipe Calderón con “La Guerra contra las Drogas” para legitimar a su gobierno, tras cuestionadas elecciones, utilizando el lema “para que la droga no llegue a tus hijos”.

Sorprendentemente, el lunes 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” (el Acuerdo) el cual extiende la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024 y que busca dar vigencia al artículo quinto transitorio del  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en materia de Guardia Nacional (GN) publicado el 26 de marzo de 2019 en el DOF.

Hablemos primero de la “Guerra Sucia”

Desvincular a la institución castrense de la “Guerra Sucia” es imposible desde la memoria colectiva; siempre podremos recurrir al archivo de los recuerdos de la impunidad y encontrar aquellas imágenes del 2 de octubre de 1968 en donde a blanco y negro se aprecian los tanques entrando a la Plaza de las Tres Culturas, cuando el poder institucional masacró a un movimiento social que era considerado “subversivo” por exigir justicia, democracia y libertad. No eran mujeres y hombres alzando las voces en eco a la Primavera de Praga o del mayo del 68 en París, eran mexicanas y mexicanos con voz propia, soñando lo imposible: un gobierno que representara al pueblo. Esas imágenes filmadas en formato de cine no fueron producto de la casualidad, sino de la estrategia del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y del titular de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, quienes poco tenían de cinéfilos y mucho de perversos, ya que decidieron documentar aquella masacre para que a nadie se le olvidara lo que le pasaría a cualquiera que osara no solo amenazar sino cuestionar al “Poder”.

La “Guerra Sucia” fue una guerra de baja intensidad que el gobierno mexicano emprendió contra grupos que consideraba “subversivos” en las décadas de los sesenta, setenta y principios de los ochenta, pudiendo tener como fecha inicial 1965 (Asalto del cuartel Madera en Chihuahua) y fecha de aparente finalización 1982 (término del sexenio de José López Portillo). El término “Guerra de Baja Intensidad”, en palabras de Verónica Oikon, se refiere a “aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas realizadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva”1. Lo que no está escrito es que las medidas en México no incluían parámetros éticos o morales ni ningún apéndice relacionado con la legalidad. El término “subversivo”, además, no era exclusivo de quienes participaban en grupos armados, sino que incluía a toda aquella persona -estudiante, periodista, agrarista, campesino, líder sindical, intelectual, artista o profesionista- que expresara su inconformidad con el régimen político que mantenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o en contra el sistema capitalista, representado por el aparato económico que en el discurso llevaba los ideales revolucionarios, pero en la práctica beneficiaba a la élite amiga del poder compuesta por la oligarquía nacional. Así, las acciones represivas del gobierno mexicano fueron sistémicas y tuvieron como constante la represión de la libertad de expresión, la práctica de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias en contra de quienes consideró “subversivos”.

No se puede hablar de “Guerra Sucia” sin hablar de militarización y a su vez sin referirnos al periodo presidencial de Luis Echeverría, quien podía invitar a Salvador Allende y mostrarse como amigo del presidente socialista chileno, derrocado por un golpe militar, pero al mismo tiempo como presidente de México reprimió cualquier esbozo de “comunismo” o “subversión” en México, a semejanza de lo que en 1973 Pinochet implementaría en Chile. Echeverría ya le llevaba varios años de experiencia al dictador chileno.

Otro episodio del terrorismo de Estado en México que permanece en la memoria colectiva -aunque a veces parece olvidarse- fue lo ocurrido el jueves 6 de junio de 1971, donde estudiantes, maestros y maestras fueron brutalmente reprimidos en la masacre conocida “Halconazo” ocurrida en la Ciudad de México. Detrás de los Halcones había entrenamiento militar y paramilitar. Era justo donde convergían la estrategia de la Dirección Federal de Seguridad de infiltrar de grupos de operación capacitados e integrados por personal castrense y policial pero que tenían en sus filas a jóvenes emanados de la marginalidad, jóvenes a los que la desigualdad en México les había enseñado que la brutalidad puede ser un arma para salir de la miseria. Esta era la fórmula secreta para operar durante la “Guerra Sucia”.

Desde 1970 a la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la República se planteó el Plan de Contrainsurgencia, del que se desprenden el Plan de Operaciones Telaraña de 1971 y el Plan de Operaciones Luciérnaga de 1973. El plan maestro y los que se desprendían de éste, contaban con diferentes enfoques para la guerrilla urbana y para la campesina, pero con el mismo modus operandi. Las instituciones que lidereaban el plan eran la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección Federal de Seguridad, la cual fue fundada en 1947 y tenía como objetivo la seguridad nacional bajo una visión de inteligencia y contra inteligencia.

Por supuesto, no podemos tampoco hablar de la “Guerra Sucia” sin hablar de la política de represión y exterminio que tuvo lugar en el Estado de Guerrero de 1974 a 1979, por medio de la cual las detenciones ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y la tortura física, psicológica y sexual por parte de las fuerzas armadas mantuvo un terrorismo de Estado contra la población. Ello, en el contexto de lucha por el control y exterminio de los grupos guerrilleros, encabezados por Genaro Vásquez Rojas, al frente de la Asociación Cívica Guerrerense, y de Lucio Cabañas, quien lideraba la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres. El terrorismo de Estado no se puede legitimar bajo ningún término, las violaciones a derechos humanos contra la población no pueden verse como “daño colateral” y mucho menos como acciones necesarias para pacificar, no se puede pacificar haciendo uso de las fuerzas armadas para cuestiones de seguridad pública.

En palabras de Carlos Montemayor, resultaba más factible para el Estado la represión a los movimientos sociales, que la satisfacción de las demandas para el cumplimiento de los ideales de la Revolución, traducidos en el orden constitucional y la justicia social. En Guerrero la falta de satisfacción de necesidades, la represión y las omisiones estatales, aunado al desconcierto por la pobreza y la desigualdad, tuvieron como resultado el nacimiento de estos grupos. Pero la respuesta para “resolver el problema” fue la militarización en su expresión más radical. Sabemos los nombres de personas como Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro, autorizados para ejecutar las órdenes, pero no olvidemos que fue una estrategia de Estado y no de un solo “un grupo desobediente”.

Es importante señalar que el ejército mexicano no actuaba en un marco marginal o de desobediencia, el presidencialismo jamás lo hubiera permitido porque esta entidad del ejecutivo solo actuaba por órdenes presidenciales. El terror no lo causaron las fuerzas armadas como entes autónomos, sino como parte de estrategias sistemáticas para salvaguardar el sistema de Estado desde las sombras. En ese sentido, Carlos Montemayor explicó que la violencia de Estado en movimientos de inconformidad se da cuando la procuración e impartición de justicia, así como la legislación, concurren con la represión (policial y militar) que conlleva a arrestos, represión generalizada, manipulaciones procesales (como los expedientes que la DFS fabricaba), masacres, arrestos de líderes, torturas, ejecuciones y, por supuesto, las desapariciones forzadas. Aclaraba también el deslinde que existe del grupo político respecto a las acciones militares y policiacas, cuando en realidad son estas las que desde las sombras salvaguardan el buen funcionamiento de los sistemas de impunidad.

Fue en este contexto en el que desaparecieron cientos de personas en el estado de Guerrero, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien el 24 de agosto de 1974 fue detenido ilegalmente en un puesto militar y desde entonces la familia Radilla ha mantenido una lucha contra la impunidad para conocer el destino del que era campesino, líder social, hijo, esposo y padre y no solo un número de expediente para archivar. La historia no ha encontrado desenlace, la impunidad no ha permitido conocer el paradero de la víctima ni juzgar a los responsables de ordenar, ejecutar y tolerar esos crímenes atroces. La “Guerra Sucia” no ha acabado, continúa en las heridas que no podrán cerrar.

@CMDPDH

 

¿Otra vez los militares? (Parte 2)

 

 

1 Oikón, Verónica (2007) “El Estado mexicano frente a los levantamientos armados en Guerrero. El caso del Plan Telaraña Tzintzun”. Revista de Estudios Históricos, núm. 45, enero-junio, 2007, pp. 65-82 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México.

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