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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
México: impunidad en violaciones graves a derechos humanos
A cincuenta años de distancia, los crímenes del pasado no han sido resueltos. Si bien existen investigaciones penales abiertas, éstas no abarcan la totalidad de los delitos y no hay personas sancionadas por las graves violaciones a derechos humanos. Para el Estado mexicano, el acceso a la justicia ha aparecido como la mayor complicación para reparar el daño a las víctimas.
Por CMDPDH
26 de enero, 2015
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Por: Lucía Chávez (@LucyWonderful)

El tema de la impunidad es un mal que los últimos años ha consumido a muchas familias mexicanas. Es un tema que para entenderlo en su totalidad y magnitud implica toda una investigación detallada sobre antecedentes, causas, violaciones a derechos humanos, delitos, cifras, cifras negras, entre otras.

Cuando pensamos en impunidad frecuentemente nos viene a la mente una falta de sanción a los responsables de hechos delictivos. Las Naciones Unidas dentro del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, define ésta como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Causan especial agravio social hechos que además de ser delictivos, representan graves violaciones a derechos humanos; hablamos de la tortura, de la tortura sexual, la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias.

En el México de los últimos años, oímos cada vez más sobre la comisión de estos aberrantes actos. Podemos afirmar que el motivo es multicausal; nos referiremos a dos: la falta de una justicia de transición de hechos violatorios de derechos humanos cometidos en el pasado y la estrategia de seguridad planteada en el combate a la delincuencia organizada.

En los años sesenta, setenta y principios de los ochenta, México vivió un clima de represión contra grupos que pugnaban por ciertos ideales sociales y condiciones de mejor vida. En ese marco se cometieron violaciones a derechos humanos, que se han calificado como graves y sistemáticas.

Es de todas y todos conocidos los hechos acontecidos durante la matanza estudiantil el 2 de octubre de 1968, posteriormente en 1972 y a la par los acontecimientos en el estado de Guerrero en el período llamado “Guerra Sucia”. Sólo en el estado de Guerrero se tiene el registro de 400 personas desaparecidas del 1º de mayo de 1968 al 22 de septiembre de 1981.

En todos esos actos atroces destaca la participación del Ejército mexicano, así como de altas autoridades del país en la designación de la política de represión. En su informe la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) calificó de crímenes de lesa humanidad esas desapariciones forzadas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al resolver la sentencia del Caso Radilla Pacheco Vs. México calificó y estudió los hechos de la Guerra Sucia inmersos en un contexto que reconoce como de graves y sistemáticas a dichas violaciones de derechos humanos.

A cincuenta años de distancia, los crímenes del pasado no han sido resueltos. Si bien existen investigaciones penales abiertas, éstas no abarcan la totalidad de los crímenes y no hay personas sancionadas por los delitos. Para el Estado mexicano, el acceso a la justicia ha aparecido como la mayor complicación para reparar el daño a las víctimas.

Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”.

Es así que al haber sido crímenes a gran escala los ocurridos en Guerrero, se deben analizar desde la óptica de la justicia transicional y se debe de hablar con seriedad de una verdadera justicia transicional. Ello se planteó con la FEMOSSP y también con la Comisión de la Verdad de Guerrero, no obstante no han sido esfuerzos suficientes. Como ya lo dijimos, penalmente no se ha dado con los responsables de los hechos.

Por otro lado, y relacionado con el derecho a la verdad que implica la justicia transicional, en un contexto de una política de Estado que propició graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, los hechos no pueden analizarse e investigarse de manera aislada sino en un contexto. Aquello permite por un lado contar con más elementos para la investigación, proceso penal y en su caso sanción a las personas responsables de los hechos y también, llegar a una verdad más fidedigna sobre lo sucedido.

Con todo lo anterior, podemos concluir que derivado de los hechos violatorios a derechos humanos del pasado mexicano, desarrollados en un contexto de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, no se sabe a ciencia cierta la verdad de los hechos. De las cientos de desapariciones ocurridas en Guerrero, cientos de familias esperan encontrar a su familiar desaparecido y las investigaciones no han dado con los responsables de los hechos.

Partiendo de lo ocurrido en el pasado mexicano, podemos hacer un análisis de la realidad actual. Así, se debe contemplar que aquellos hechos a que nos referimos son aceptados como una época en que la política de Estado –encabezada por la milicia- partió de la represión y de la vulneración de derechos humanos.

Actualmente, la estrategia de seguridad que se consolidó a finales del 2006, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, trajo como consecuencia la militarización de la seguridad pública y un grave aumento en cuanto a la vulneración de los derechos humanos. Todo ello, bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada. El Secretario General de las Naciones Unidas mencionó en un documento sobre justicia de transición en 2011 que la delincuencia organizada es una de las amenazas emergentes de los Estados.

Bajo esta lucha se recrudecieron los delitos cometidos por las organizaciones criminales, incluso en contra de civiles. Asimismo, las acciones del Estado se volvieron más violentas y a la par se incentivaron acciones ilegales en contra de civiles para hacerlos pasar como culpables de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada.

Las detenciones de civiles realizadas por personal militar son numerosas, del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012 sólo la SEDENA había detenido a 50,915 personas. Paralelamente, se han incrementado las quejas y abusos por parte de las autoridades militares contra civiles, con al menos 90 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas durante el sexenio anterior.

Además de representar el contexto actual, uno en el que han ocurrido graves violaciones a derechos humanos, se actualiza un estado de violencia sistemática y generalizada si tomamos en cuenta el elevado número de ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura que se han presentado.

Las ejecuciones derivadas de la “rivalidad delincuencial”, es decir, ejecuciones relacionadas con el crimen organizado y que tienen que ver con “enfrentamientos” entre grupos delincuenciales y entre éstos con el ejército, policías federales y estatales suman un número alarmante. Cifras oficiales establecen que sólo de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 sumaban 34,612 personas fallecidas. Los fallecimientos involucran a personas relacionadas con el crimen organizado, autoridades y civiles.

De igual forma, se encuentra el alto número de personas desaparecidas, de las cuales no se tiene una cifra confiable -se habla de alrededor de 22 mil- ya que se les ha denominado “extraviadas”, “desaparecidas” o “no localizadas” independientemente del contexto de su ausencia; sin mencionar la falta de legislación para generar la posibilidad de emprender investigaciones, la carencia de protocolos adecuados que ayuden a dar con los responsables de los hechos, así como con el paradero de las víctimas.

La conclusión de todo ello es que hasta que no se asuma que el Estado está inmerso en un contexto de violaciones a derechos humanos manifiestas, graves y sistemáticas, y que no se está en presencia de hechos aislados, no se estará en condiciones de contar con un contexto del que partan las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes actuales. No se estará además en posibilidades de conocer la verdad de los hechos violatorios y mucho menos de plantear garantías de no repetición que no simplemente sean medidas paliativas. Todo ello implica una verdadera justicia de transición, a la que el Estado no ha sabido enfrentarse a raíz de los hechos pasados y mucho menos de los del sexenio anterior.

 

*Lucía Chávez es directora del Área de Investigación de la CMDPDH.

 

 

SEDENA. Solicitud de información folio 000700224114.

Página web de Presidencia durante la gestión de Felipe Calderón, consultada en diciembre de 2010.

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