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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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México no da tregua a las personas migrantes
A finales de la semana pasada, salió de Honduras la que será la primera caravana migrante del 2021, misma que parece constar, hasta el momento, de 9,000 personas. Y el escenario no promete nada mejor de lo que ha ocurrido en las últimas ocasiones.
Por Daniela Reyes Rodríguez
18 de enero, 2021
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Hace exactamente dos años, en enero de 2019, la actual administración federal se enfrentó a la primera caravana migrante que buscaba ingresar a nuestro país durante su mandato. En una decisión que fue catalogada como histórica, México dejó atrás la política de contención y adoptó otra de puertas abiertas: permitió el ingreso de todas las personas, les otorgó una condición migratoria regular y recibieron asistencia humanitaria.

Por un momento, pareció que el entonces nuevo presidente mexicano intentaría ser un contrapeso importante frente a las políticas y discursos discriminatorios vertidos por Donald Trump. Nació la esperanza de que los derechos de las personas migrantes serían finalmente respetados en México. Sin embargo, ese momento se extinguió rápidamente.

Demasiado pronto, nuestro país no sólo volvió a las políticas de criminalización de la migración, sino que incluso las reforzó. Para abril de ese mismo año ya se habían reestablecido las redadas violentas y las detenciones masivas y, en julio, se desplegaron 21,000 elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras para contener y disuadir la migración hacia Estados Unidos. Para 2020, las autoridades mexicanas ya “rescataban” a las personas migrantes a punta de gases lacrimógenos. En octubre de ese mismo año, en plena pandemia, el Instituto Nacional de Migración emitió un boletín en el que amenazaba con sanciones penales a las personas migrantes que ingresaran a México “poniendo en peligro la salud de otros”.

A finales de la semana pasada, salió de Honduras la que será la primera caravana migrante del 2021, misma que parece constar, hasta el momento, de 9,000 personas. Y el escenario no promete nada mejor de lo que ha ocurrido en las últimas ocasiones.

El 15 de enero, el Instituto Nacional de Migración publicó en su cuenta de Twitter (@INAMI_mx) fotografías de “los agrupamientos organizados, equipados y adiestrados para el rescate humanitario” que se encargarán de recibir a esta caravana y garantizar “una migración segura, ordenada y regular en el país”. Sigue siendo una incógnita para el mundo saber qué entiende México y el INM por “recatar” personas migrantes, especialmente cuando una de las fotografías publicadas muestra a elementos armados.

El resto de las publicaciones de esa cuenta hace un énfasis reiterado en la importancia de hacer cumplir la Ley de Migración y su Reglamento, olvidando que la propia Ley establece una prohibición para criminalizar a las personas migrantes, así como la obligación de respetar sus derechos humanos.

Sin embargo, lo que es cierto, es que la Ley también tiene profundas deficiencias, por ejemplo, en materia de privación de la libertad de personas migrantes. En contra de todas las normas y estándares internacionales de derechos humanos, establece la detención automática de cualquier persona con una situación migratoria irregular o indeterminada en nuestro país. También, permite que permanezcan detenidas de manera indefinida si es que se atreven a reclamar el cumplimiento de sus derechos a través del sistema legal.

Estas disposiciones tan arbitrarias, serán analizadas esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre el Amparo en Revisión 282/2019. Así, las y los ministros tendrán una nueva oportunidad de pronunciarse a favor del respeto de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y posicionarse como un real y firme contrapeso frente a las políticas migratorias implementadas por la administración federal.

Finalmente, vale la pena recordar que, en el contexto de la pandemia actual, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas son uno de los grupos más olvidados en la implementación de políticas de prevención, atención o tratamiento de COVID-19. Incluso, en algunos países, se han hecho abiertas declaraciones sobre su exclusión de los programas de vacunación en contra de este virus, pues se busca dar prioridad en el acceso a las y los nacionales de cada país.

Estas nociones, además de ser discriminatorias, son inútiles. Los programas de inmunización funcionan sobre la base de que un número significativo de las personas presentes dentro de un área o país cuenten con la vacuna, de forma que se reduzcan las posibilidades de contagio. Excluir a una población con base en su situación migratoria pone en riesgo su efectividad y, también, resulta absurdo, pues el virus no distingue nacionalidades.

Es por ello que diversos grupos y colectivos de familiares de personas migrantes desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos y personas dedicadas a la academia en todo el continente americano, nos hemos unido en un llamado a los países de la región exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y, particularmente, en la garantía del derecho a la salud de las personas migrantes.

Más de 400 firmas respaldan el documento en el que se reclama el acceso sin discriminación a vacunas para todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.

Si bien en México no han existido declaraciones explícitas de que los migrantes no serán incluidos en los programas de vacunación, la discordancia entre los discursos de protección y la práctica criminalizante del gobierno propician la existencia de fuertes preocupaciones en este tema. No se trata sólo de que las autoridades eviten prohibir el acceso a la inmunización, sino también de que la pongan a su alcance: que no sea requisito contar con una condición migratoria regular o un acta de nacimiento mexicana para vacunarse; o que los puntos de vacunación se instalen también en centros de detención y albergues, sin que eso represente para las personas el peligro de sufrir represalias por su situación migratoria.

Siempre lo recordamos en este espacio: ninguna persona es ilegal. Ojalá pronto lo recuerde también el gobierno de México.

* Daniela Reyes Rodríguez (@DanielaRRod) es directora del área de solicitantes de asilo de la @CMDPDH.

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