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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
México reprueba revisión ante el Comité contra la Tortura
La delegación del gobierno de México no pudo responder por qué los elementos de las Fuerzas Armadas identificados por la CNDH como responsables de tortura, no han sido investigados ni llevados ante la justicia.
Por CMDPDH
29 de abril, 2019
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Por: Olga Guzmán (@OlGuz

Los pasados 25 y 26 de abril, el Gobierno de México sostuvo una revisión periódica ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. La delegación del Gobierno que atendió ante esta sustentación a la ciudad de Ginebra, Suiza, estuvo presidida por la actual Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado. Dicha delegación también estuvo compuesta por integrantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación y por el propio titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín. A la par también comparecieron representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El objetivo de esta revisión consistió en evaluar el grado de implementación y cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en relación a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ratificada por México en 1986. Integrantes de dicho Comité, después de revisar el informe presentado por el propio Estado, pero también los informes elaborados por más 100 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales, cuestionaron a las y los representantes del Estado el grado de implementación de medidas, adecuadas y efectivas, para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El resultado de dicha evaluación, fue francamente vergonzoso. La delegación del Gobierno de México no pudo responder, entre diversas cuestiones, principalmente:

1. Por qué los elementos de las Fuerzas Armadas identificados como responsables por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la comisión de tortura, no han sido investigados ni llevados ante la justicia. Recordemos que, los miembros de las Fuerzas Armadas, conformadas por la SEDENA y la SEMAR, son las instituciones con mayor índice de comisión de violaciones graves a derechos humanos, particularmente de tortura. De un estudio de 204 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y aceptadas por las autoridades señaladas como responsables – es decir se trata de hechos probados y no controvertidos- se documentaron en total 1069 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura. De estas recomendaciones, se documentó la existencia de 389 víctimas de tortura a manos de las Fuerzas Armadas Mexicanas en 111 recomendaciones.

2. Por qué la impunidad sigue siendo tan alta en los casos de tortura denunciados penalmente. Tal y como informamos las organizaciones de la sociedad civil que nos dimos lugar en dicha revisión, la Unidad (hoy Fiscalía) Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal informó en febrero de 2018 que, de 8,335 investigaciones por tortura que había conocido, había ejercitado acción penal en solamente 17. Tal y como advertimos las organizaciones de la sociedad civil, un factor estructural que perpetúa la impunidad es la falta de independencia, imparcialidad y eficacia de los y las profesionales a cargo de realizar la documentación e investigación de las denuncias. Es común que las personas encargadas pertenezcan a una dependencia implicada ya sea en la tortura o en el uso de pruebas ilícitas fabricadas mediante los actos denunciados. La documentación e investigación se realizan sin observar estándares internacionales, revictimizando e incluso criminalizando a la persona que denuncia, y frecuentemente también a su familia o personas cercanas.

3. Por qué el arraigo sigue en la Constitución mexicana pese a que diversos mecanismos de la ONU le han solicitado al Estado eliminarlo. Recordemos que la figura del arraigo fue introducida en la Constitución mexicana en 2008 como una medida federal preventiva para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado. El uso de la figura del arraigo, alcanzó niveles más altos durante el periodo de 2008 a 2012, con un promedio de 1,700 arraigos al año. Del año 2012 a 2016, ha habido una disminución de casi el 98% en el número de personas sujetas a medida cautelar de arraigo. A pesar de la disminución del uso de la figura, entre el 2008 y el 2017, 4,172 personas fueron detenidas bajo arraigo por más de 80 días. Resulta fundamental comprender que el arraigo facilita la comisión de actos de tortura. Una de las causas de esto es por el importante valor probatorio que se asigna a las primeras confesiones hechas ante un agente de policía o un fiscal, así como por el hecho de que la carga de la prueba sobre torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la investigación no recae sobre las autoridades investigadoras, sino sobre la víctima. El propio Comité en el caso de los 4 civiles de Rosarito, el primer caso del cual dicho órgano deliberó en contra del Estado mexicano, constató lo anterior.

4. Por qué no ha realizado reformas legislativas y estructurales en la política migratoria para dejar de detener, como práctica sistemática y generalizada, a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y porqué sigue obstaculizando el ingreso y monitoreo de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos a las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales. Tal y como lo reportamos, en México, la política migratoria ejecutada durante los últimos años conlleva violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes y solicitantes de asilo, en gran parte vinculadas a la privación de la libertad por motivos migratorios. Se trata de una política de control caracterizada por la persecución, detención y deportación sistemáticas. A pesar de la opacidad con la que se manejan este tipo de instalaciones, organizaciones de la sociedad civil hemos documentado y denunciado las condiciones de privación de libertad que imperan en dichos lugares de detención: hacinamiento, alimentación deficiente, inadecuada atención médica, desinformación, actos discriminatorios, castigos, amenazas, detenciones prolongadas, entre otras.

5. Por qué el Estado mexicano sigue sin implementar un plan de desmilitarización de la seguridad pública. Los representantes del Estado mexicano, no supieron explicar al Comité, cómo es que la reciente reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, desafortunadamente cuenta con varios artículos transitorios que autorizan al Ejecutivo Federal para disponer de la fuerza armada permanente (Ejército y Marina) para hacer tareas de seguridad pública, de la misma forma en la que lo llevan haciendo por más de 12 años. Recordemos que si bien se establece que el plazo máximo en que las fuerzas armadas podrán desempeñar esas tareas es de cinco años, lo cierto es que para ello se tendrán que adoptar diversas leyes que podrían adoptarse en contravención con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. Pese a que representantes del Estado afirmaron se trataba de una Guardia netamente civil, tampoco pudieron explicar el porqué su titular recientemente designado, es un militar en retiro.

6. Por qué no han implementado un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad. Recordemos que durante el 31 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Estado mexicano aceptó 262 recomendaciones, de más de 100 países, entre las cuales, se encuentra la recomendación de Dinamarca, que solicita a México “establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos”. Integrantes del Comité cuestionaron al Estado mexicano sobre los avances en el cumplimiento de dicha recomendación, en torno a la cual, no recibieron respuesta.

7. Por qué no han cumplido con la única decisión que adoptó este Comité, en la cual determinó en septiembre de 2015 que el Estado mexicano es responsable de haber cometido tortura en contra de cuatro víctimas. El caso se trata de 4 personas quienes fueron víctimas de tortura a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en el Estado de Baja California en el año 2009. Sin mediar una orden de detención o presentación, fueron traslados a un cuartel militar en donde fueron torturados, para auto incriminarse de delitos de los cuales son inocentes y posteriormente presentados ante los medios de comunicación como una “banda de secuestradores”. Las 4 víctimas fueron obligadas a firmar sus declaraciones ante el Ministerio Público mediante torturas y con los ojos vendados. A pesar de haberlos visto severamente golpeados, el agente del Ministerio Público determinó que debían seguir bajo custodia militar. Fueron arraigados y trasladados a un centro de reclusión federal en donde permanecieron privados de su libertad por 6 años. Fue hasta el año 2015 que, después de que el Comité contra la Tortura conociera el caso y determinara que el Estado mexicano había violado diversos artículos de la Convención y por lo tanto había violado los derechos humanos de las 4 víctimas, autoridades judiciales en México emitieron una sentencia absolutoria a favor de las víctimas. En esta sentencia se determinó que las víctimas no son penalmente responsables de la comisión de los delitos que se les imputó en el año 2009 al momento de su detención arbitrarias y que las pruebas que los implicaban fueron obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria y la tortura, por lo que debían ser declaradas ilícitas, lo que dio como consecuencia la absolución de las víctimas. Hasta el momento, el caso persiste en la impunidad dado que representantes del Estado mexicano siguen sin acercarse a las víctimas y a sus representantes. Peor aún, las víctimas y sus familiares han sufrido de represalias y revictimización desde la decisión del Comité.

En suma, la actual administración enfrenta grandes desafíos para prevenir, investigar y sancionar la tortura, pero también para reconocer y reparar integralmente a las víctimas. Será un buen inicio, empezar a priorizar el tema en la agenda pública del Gobierno, el cual parece haber estado desde que comenzó la actual administración, completamente ausente. Por otro lado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene solo hasta esta semana para responder todas las preguntas que no supo contestar al Comité. Las observaciones finales de esta revisión, así como las recomendaciones, serán emitidas por el Comité a mediados de mayo.

 

* Olga Guzmán es Directora de Incidencia de la @CMDPDH.

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