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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
México y su incumplimiento de recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos
Hasta el momento, víctimas y organizaciones de la sociedad civil desconocemos el avance en el cumplimiento de estas recomendaciones emitidas por los órganos de tratados -las cuales, además hemos impulsado de forma muy activa- y no hemos sido llamadas a un diálogo para concretar su realización y participar en el diseño y ejecución de un mecanismo de seguimiento para ese fin.
Por Olga Guzmán
2 de septiembre, 2019
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Durante los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos de tratados y visitado por personas expertas de la Organización Naciones Unidas. Las observaciones finales de dichos órganos han resultado en un cúmulo de recomendaciones que resultan de gran relevancia para afrontar la crítica situación de derechos humanos que se vive en nuestro país.

Tan solo durante los últimos dos años, 6 de los 9 órganos de tratados de las Naciones Unidas han examinado el cumplimiento del Estado mexicano de los tratados relacionados a los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a la Desaparición Forzada, a la Tortura y recientemente, a la Discriminación Racial.

Pese a que durante estas revisiones el Estado mexicano se ha mostrado aparentemente dispuesto y abierto al escrutinio internacional, ha fallado rotundamente en el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de dichas revisiones.

Lamentablemente, las recomendaciones de los organismos internacionales se van acumulando, e incluso se estima que el Estado mexicano ha recibido más de 3,000. No obstante, al momento, las organizaciones de la sociedad civil que participamos activamente en estas revisiones no tenemos conocimiento sobre las medidas que emprende el Estado para dar cumplimiento a dichas recomendaciones de seguimiento conforme a los tiempos establecidos por los órganos de tratados.

El incumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte del Estado mexicano –cuestión que le hemos hecho saber al Canciller Marcelo Ebrard– se agrava con la persistencia de ciertas recomendaciones, hasta el momento desatendidas, en donde los órganos internacionales han coincidido que su cumplimiento es crucial para revertir de forma estructural la crítica situación de derechos humanos del país. Entre ellas destacan:

  1. Acabar con la impunidad. Los Comités contra la Tortura, Desaparición Forzada, Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, han recomendado reiteradamente al Estado mexicano garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos, de desaparición forzada, violencia de género, incluidos los casos de tortura sexual, los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas, así como los delitos cometidos contra personas migrantes, sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente, asegurando que los presuntos autores de estos delitos y sus superiores responsables de ordenarlas o tolerarlas sean enjuiciados debidamente.
  2. Desmilitarizar la seguridad pública. Comités y expertas/os del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han urgido al Estado mexicano a garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo de autoridades civiles y no militares. Recientemente el Comité contra la Discriminación Racial, instó al Estado mexicano a evaluar los efectos que tiene el despliegue de la Guardia Nacional con miras a su retiro del control migratorio.
  3. Eliminar el arraigo del ordenamiento jurídico. Esta recomendación ha sido reiterada tanto por Comités, expertas/os del Consejo de Derechos Humanos e incluso en el marco del Mecanismo del Examen Periódico Universal. Hasta el momento, hay una minuta de la Cámara de Diputados aprobada el pasado 26 de abril de 2018 referente a la reforma constitucional que modifica el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar el arraigo. Ésta se encuentra ya turnada en el Senado de la República en espera de ser dictaminada y eventualmente aprobada.
  4. Proteger a personas defensoras y periodistas. Los Comités contra la Tortura, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y recientemente el Comité contra la Discriminación Racial, han alentado al Estado mexicano a generar un entorno seguro, libre de amenazas, intimidación y represalias, para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como a emprender investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces de todas las denuncias de atentados contra la vida, integridad física y libertad, así como de todo acto de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  5. Adoptar medidas alternativas a la prisión de personas migrantes. Los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, han urgido al Estado mexicano a definir alternativas a la detención de solicitantes de asilo y de migrantes en situación irregular, velando por que ningún/a niña/o migrante sea objeto de detención por su condición migratoria.
  6. Consultar a pueblos indígenas. Los Comités de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, recomendaron al Estado mexicano el aseguramiento de que los pueblos indígenas sean consultados, de manera previa, sistemática y transparente, con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a la toma de decisiones susceptibles de afectarles, especialmente antes de otorgar licencias para llevar a cabo actividades económicas en los territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Así mismo, recomendaron la realización de estudios independientes sobre el impacto social y ambiental de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en los pueblos indígenas afectados, la publicación de sus resultados y la incorporación de medidas de mitigación de su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, así como indemnizaciones suficientes para los pueblos indígenas afectados.
  7. Ratificación de tratados pendientes. Hasta el momento, el Estado mexicano todavía no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), de la Organización Internacional del Trabajo. De igual forma, expertas/os de la misma Organización de las Naciones Unidas, la comunidad de países en el marco del Mecanismo del Examen Periódico Universal, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, e incluso autoridades judiciales, hemos urgido al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas. ¡Albricias! El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que reconocería dicha competencia contenciosa a la brevedad.
  8. Cumplimiento de resoluciones adoptadas por órganos de tratados de la ONU. Los Comités contra la Tortura (comunicación 500/2012 en torno a la tortura de 4 víctimas civiles cometida por elementos de las Fuerzas Armadas), Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (comunicación 75/2014 en torno a un caso de feminicidio) y el Comité de Derechos Humanos (comunicación 2767/2016 relacionada a la detención de periodista por difamación y la reciente comunicación 2750/2016 relacionada a un caso de desaparición forzada), han adoptado 4 dictámenes en contra del Estado mexicano por violar los tratados en cuestión. Hasta el momento, el Estado ha fallado en atender y dar cabal cumplimiento a dichas decisiones, y por lo tanto en garantizar una reparación integral a las víctimas.
  9. Mecanismo de seguimiento y consultas con la sociedad civil. Todos los órganos de tratados que han revisado al Estado mexicano han recomendado el establecimiento de un mecanismo nacional para el seguimiento e implementación de las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, garantizando una amplia participación de todas las partes interesadas y en particular de víctimas y sus organizaciones.

Hasta el momento, víctimas y organizaciones de la sociedad civil desconocemos el avance en el cumplimiento de estas recomendaciones emitidas por los órganos de tratados -las cuales, además hemos impulsado de forma muy activa- y no hemos sido llamadas a un diálogo para concretar su realización y participar en el diseño y ejecución de un mecanismo de seguimiento para ese fin.

* Olga Guzmán es Coordinadora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

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