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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Obligación moral, reconocer crímenes de guerra en México
En un contexto en el que el presidente de la República se atreve a esgrimir falacias jurídicas —como aquella de que el ejército ha cometido atrocidades, pero no es responsable de ellas porque seguía órdenes— es más importante que nunca alzar voz y recordarle al presidente que sus falacias legales son eso, y no tienen nada que ver con la técnica o la realidad jurídica.
Por CMDPDH
29 de mayo, 2019
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Por: Rodolfo Franco Franco (@francopolis)

La situación de violencia en México es de todos conocida. Las cifras no dejan mentir. Más de 200,000 asesinatos en los últimos 12 años y más de 40,000 personas desaparecidas son el testamento de impunidad de una crisis de derechos humanos sin parangón en este país, misma que en 2016 fue sólo superada por la situación en Siria. La violencia relacionada con el tráfico de drogas ha involucrado la participación de las fuerzas militares y de seguridad del Estado, así como de los diferentes cárteles de la droga en el país. No obstante, a los especialistas y comentaristas les cuesta trabajo nombrar la causa de este problema y es que la definición de la causa tiene importantes implicaciones éticas y prácticas.

Algunas personas objetan reconocer que el origen de la violencia en el país es el producto de un conflicto armado porque ello implica el recurso a normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuya aplicación puede (potencialmente): 1) hacer una apología del discurso de guerra que originó la violencia misma (objeción de principio), 2) reducir las protecciones que asisten las personas en tiempos de paz de acuerdo con regímenes de Derechos Humanos (DDHH) regionales y globales (objeción basada en consecuencias), y 3) obscurecer el hecho de que los bandos no están bien definidos y que el crimen organizado actúa en coordinación con las autoridades estatales en un clima de corrupción y “macrocriminalidad” (objeción sobre la realidad). Así se ha erigido una suerte de moralidad que llama al a prudencia a quienes señalan que en este país se han cometido crímenes de guerra en el marco de un conflicto armado.

Estas objeciones, sin embargo, parecen infundadas a la luz de la práctica jurídica y aplicación de estándares de DDHH y DIH de forma complementaria a través de diversos organismos regionales y otras instancias internacionales. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho notar en opiniones legales de 1996 y 2004 que las disposiciones de tratados internacionales de DDHH no son de exclusiva aplicación en tiempos de paz. Además, el reconocimiento de derechos no derogables en instrumentos regionales y universales de DDHH deja claro que la supuesta separación de la ley de paz y la ley de guerra no se sostiene en la práctica y que la aplicación de ambos cuerpos de normas puede tener una función acumulativa. Lo mismo, está claro que la referencia a situaciones de guerra y emergencia en diversos tratados de DDHH habla sobre su aplicabilidad incluso en estas circunstancias.

Esta práctica acumulativa o complementaria va más allá de esto y en algunas circunstancias la aplicación de ambos cuerpos legales ofrece estándares mucho más altos de protección para las personas. Un ejemplo claro de los efectos protectores de la complementariedad es la posibilidad de distinguir el uso de la violación como un método de guerra, prohibido por el DIH, y la tortura, con efectos perniciosos para las víctimas. No obstante, la prohibición absoluta de la tortura en el cuerpo de DDHH permite ofrecer una protección más amplia. También, por ejemplo, el DIH ofrece parámetros claros del tratamiento y obligaciones respecto a las personas desaparecidas ahí donde las definiciones legales domésticas no son precisas. Incluso cuando lo fueran, impone obligaciones específicas a las partes beligerantes. Es así que, la objeción que señala que el reconocimiento de un conflicto armado en México acarrearía menores protecciones para la población civil no se sostiene frente a la práctica estatal y opino juris de diferentes cortes regionales de DDHH y la CIJ. Es decir, las consecuencias de la aplicación del DIH al contexto mexicano ofrecen un grado mayor de protecciones basadas en derechos.

Además del argumento de la complementariedad y la mayor protección para las personas, la aplicación del DIH en México acarrea importantes oportunidades para el combate a la impunidad. A diferencia del cuerpo de normas de DDHH que demanda a los Estados tomar medidas para investigar, sancionar, reparar y ofrecer medidas de no repetición a las víctimas, el DIH aplica directamente a las personas involucradas en las hostilidades, combatientes (militares y cárteles), y su obligación de observar normas codificadas y consuetudinarias de ius in bello. Además, desde 2002, con la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la Creación del a Corte Penal (CPI) Internacional, existe una instancia internacional con jurisdicción para conocer e investigar: a) genocidios, b) crímenes de guerra, c) crímenes de lesa humanidad y d) actos de agresión. La CPI puede iniciar investigaciones sobre los primeros tres crímenes de manera subsidiaria y con la cooperación del Estado en el que sucedieron los hechos, o de forma directa cuando el Estado no puede o no tiene la voluntad para llevar a cabo una investigación adecuada. Apelar a la existencia de un conflicto armado en México abre la puerta para que la CPI pueda conocer asuntos relacionados con este conflicto armado y los crímenes de guerra que pudieran haber cometido agentes estatales y miembros de los cárteles.

Por el contrario, el discurso sobre la “macrocriminalidad” y los vínculos entre agentes del estado y el crimen organizado remite a estrategias anticorrupción ya bien añejas en la jerga de la discusión sobre políticas públicas en México y a los instrumentos de la convención de Palermo sobre crimen organizado. A diferencia de la opción que representa la CPI, esta alternativa deja otra vez las labores de hacer justicia en manos de los mismos agentes estatales corruptos que se mezclan con el crimen organizado. El reconocimiento de un conflicto armado en México implica un salto cualitativo en contra de la impunidad porque involucra a una instancia internacional independiente del Estado; porque nombra a los responsables y los somete a escrutinio, y porque -en última instancia- si los agentes del Estado están vinculados con el crimen organizado será algo que podría investigarse y probarse de forma independiente y sin tentaciones de encubrimiento por parte de las instituciones del Estado y sus agentes coludidos con los carteles. Es decir, si existe o no macrocriminalidad y vínculos entre el Estado y lo cárteles es algo que puede establecerse a través de una investigación independiente con la CPI. La existencia de dichos vínculos es algo que sin duda saldría a relucir en una investigación sobre crímenes de guerra en México. Seguir preguntándonos si esto es macrocriminalidad o un conflicto armado es la fórmula perfecta para no hacer nada.

Esta duda, sin embargo, tiene un origen. Lo cierto es que, en buena medida, la incapacidad de hablar sobre un conflicto armado en México ha tenido que ver con la ausencia de un debate público sobre qué constituye un conflicto armado no internacional. Esta había sido una discusión ausente. No obstante, el 28 de mayo pasado, El Instituto de Estudios Superiores de Occidente y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos presentaron un estudio elaborado por la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. El estudio señala que las condiciones para la existencia de un conflicto armado no internacional se cumplen en México, durante diferentes periodos, por la existencia de criterios legales de organización e intensidad de los enfrentamientos entre algunos cárteles de la droga y el ejército mexicano.

De ello se desprende que los perpetradores de crímenes de guerra, en esos contextos y periodos, deberían estar sujetos a normas básicas de ius in bello y podrían ser juzgados conforme a estándares del DIH. La alternativa de rehuir esta clasificación basada en el imperativo de no hacer una apología de la guerra no está libre de dilemas morales; implica renunciar a la posibilidad de asignar responsabilidades a los individuos que cometieron actos atroces e ilegales y hacer una apología de la impunidad galopante que impera en nuestro país, y clausura la opción de investigar estos crímenes de guerra a través de los instrumentos internacionales existentes diseñados para ello (CPI). Sobre todo, esta objeción de principio implica un juicio moral que no reconoce los argumentos y realidades técnicas de la aplicación del DIH en conjunción con estándares de DDHH y niega la realidad de la práctica internacional y las opiniones legales al respecto.

En un contexto en el que el presidente de la República se atreve a esgrimir falacias jurídicas —como aquella de que el ejército ha cometido atrocidades, pero no es responsable de ellas porque seguía órdenes— es más importante que nunca alzar voz y recordarle al presidente que sus falacias legales son eso, y no tienen nada que ver con la técnica o la realidad jurídica. Es un estándar aceptado desde los juicios de Núremberg que un militar no puede reclamar inmunidad por crímenes de guerra por referencia a órdenes superiores. En estas circunstancias, no reconocer las amplias protecciones que en la práctica jurídica ofrece el uso complementario de los DDHH y el DIH; no advertir las posibilidades de combatir la impunidad a través de la CPI, y temer ser apologistas de un discurso de guerra nos pondrían en el mismo lugar moralino-falaz al que nos quiere llevar el discurso presidencial. Por el contrario, un análisis dedicado ofrece una vía para resolver estas objeciones con fundamentos sólidos y establecer la obligación moral de demandar dicho reconocimiento. Demandar este reconocimiento es una obligación porque, propiciaría las condiciones de posibilidad para salvar la brecha de impunidad, nombrar a los responsables y mantener las mayores protecciones basadas en derechos de las personas en este México desgarrado por crímenes de guerra. Esgrimir cualquiera de las objeciones antes señaladas significaría renunciar a una serie bien definida de herramientas para buscar justicia, y eso no debería ser una opción.

* Rodolfo Franco Franco es director de Desarrollo Institucional de la @CMDPDH.

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