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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
¿Otra vez los militares? (Parte 2)
¿Los militares que antes torturaron, ejecutaron, desaparecieron y abusaron sexualmente de personas, bajo los mismos mandos, en la misma estructura y con las mismas reglas, harán tareas de seguridad pública?
Por Daniel Mata, Giselle Yáñez, Lucía Chávez y Natalia Báez
15 de junio, 2020
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La Guerra Sucia no ha acabado, continúa en las heridas que no podrán cerrar. Los primeros días del gobierno de Felipe Calderón concluyó el trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) sin que se hubieran cumplido los dos objetivos de esa Fiscalía: verdad y justicia. En algún momento el mismo ex titular de la FEMOSPP, Ignacio Carrillo Prieto, afirmó que el cierre de la fiscalía “envió un mensaje claro: si no se castigaron los delitos de los años 70…, tampoco los que cometería el gobierno que estaba por entrar.”

La verdad y la justicia tampoco fueron componentes del gobierno de Calderón, quien inició otra guerra en la que se cometieron crímenes graves que permanecen en la impunidad. En diciembre de 2006 Calderón declaró la “Guerra contra las Drogas”, traducida en una estrategia de seguridad militarizada que instauró un estado de excepción, incluso a través de la incorporación de figuras violatorias de derechos humanos en la Constitución, por ejemplo, el arraigo penal. Misma estrategia que fue seguida por el gobierno de Enrique Peña Nieto sin modificación alguna.

El saldo de la guerra de Calderón, que continuó Peña, es simplemente espeluznante y los efectos siguen hasta el día de hoy, ya que podemos afirmar que la estrategia es la misma. La Procuraduría General de Justicia Militar ha recibido en el marco de la Guerra contra las Drogas 78 denuncias que están relacionadas con el delito de desaparición forzada; 248 fueron por tortura y 21 por homicidio doloso.1 Aunado a esto, existen casi 2 mil investigaciones penales abiertas en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura en contra de personal de la SEDENA.2 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 10 mil denuncias por tortura y trato cruel, en donde al menos el 44% señala a la SEDENA como autoridad presuntamente responsable de cometer este flagelo.3

En cuanto las desapariciones forzadas, existen 386 expedientes de queja presuntamente cometidas por las autoridades federales entre 2006 y 2019, más del 47% señala a SEDENA como autoridad responsable.4 Asimismo, la CNDH ha recibido un total de 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial, 12 expedientes señalan a la SEDENA como autoridad presuntamente responsable.5

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016, hasta ese año las fuerzas armadas se caracterizaron por incurrir en numerosos actos de tortura.6 Las personas detenidas por miembros de estas instituciones reportaron haber sido torturadas estando bajo custodia en una proporción mayor, que aquellas detenidas por policías. Esto referido a asfixia y a violencia sexual contra mujeres en particular. Según las personas encuestadas, cerca del 79% de las personas detenidas por personal de la SEMAR y alrededor del 73% de las detenidas por la SEDENA fueron sofocadas o se le impidió respirar de algún modo, ya estando sometidas y antes de ser presentada ante las autoridades competentes.

En espacios tan masculinizados como el de la seguridad pública, la violencia sexual contra mujeres es una práctica ampliamente difundida entre miembros de todas las corporaciones. No obstante, ha resultado más frecuente entre personal militar. Aproximadamente el 43% de las mujeres detenidas por la marina y el 19% de las detenidas por el ejército fueron violadas estando bajo la custodia de personal de estas instituciones.

Finalmente, aunque que las golpizas a detenidos son algo común entre las policías, también se reportó diferencia con las fuerzas armadas. Una vez sometidas y antes de ser presentadas ante un Juez o MP, cerca del 73% de las personas detenidas por el el ejército dijo haber recibido patadas o puñetazos, el 79% de las detenidas por la marina recibió el mismo trato. El porcentaje de personas golpeadas llega aproximadamente al 65% en el caso de las personas detenidas por la policía federal, al 59% en el de las detenidas por policía ministerial o judicial y al 54% de las detenidas por la policía municipal o preventiva.

Las miles de historias de las víctimas y familiares detrás de esos números, reflejan el carácter sistemático y generalizado en la comisión de violaciones graves de derechos humanos y los devastadores impactos que ha tenido la militarización en los proyectos de vida de las personas.

La evidencia además, muestra que la estrategia militar ha dejado un saldo negativo, miles de víctimas en el país y que, además, no ha sido efectiva. Las drogas se siguen comercializando, no hay una estrategia para su legalización y el crimen organizado aún mantiene sus actividades ilícitas -cada vez más diversas- y estatus, incluso infiltrado en las más altas esferas del gobierno.

Sin embargo, a pesar de la evidencia, el lunes 11 de mayo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el DOF el Acuerdo en el que extiende la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.

Sobre el Acuerdo identificamos múltiples temas de preocupación, exponemos algunos de ellos:

1. Pervive una lógica militarista

A pesar de la crítica a la estrategia militarizada de seguridad pública de los sexenios de Calderón y Peña, hay tendencias que continúan. Entre el 2006 y el 2019, el promedio anual de elementos militares desplegados en las calles con la finalidad de desempeñar tareas de seguridad pública se acerca a los 50mil,7 y han participado en la detención de al menos 102 mil 097 civiles.8

Aun cuando el fuero militar no permite que civiles sean invadidos por la esfera militar, durante los sexenios de Calderón y Peña el ejército extendió su jurisdicción y privó de la libertad en sus instalaciones a cientos de personas, en complicidad con fiscales y jueces que validaron estos actos arbitrarios. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ambos gobiernos “usaron el ‘combate al narcotráfico’ como justificación para minimizar y soslayar, si no es que promover, actos ilegales y violaciones a los derechos humanos”. A lo largo de dos sexenios se vivió la “fantasía de que es posible superar la circunstancia de inseguridad y violencia mediante… la estrategia represiva policial-militar” -circunstancia reconocida por el nuevo Gobierno de Andrés Manuel-. “El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social”.

No obstante, el gasto militar continúa creciendo desde el 2006. En los últimos nueve años aumentó en un 47% llegando a más de 125 mil millones de pesos en 2019. En 2020 el presupuesto del ejército y de la marina fue de los pocos que no tuvo recortes debido a la “austeridad republicana”, por el contrario, recibió un aumento de más de 358 millones de pesos. Además, este enfoque militarizado se ha visto caracterizado por el incremento de la violencia, en particular los homicidios con arma de fuego y la proliferación de armas de fuego tanto de importación como de producción nacional por parte de la SEDENA.

Si bien se han dado acciones positivas, como el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas al crimen organizado, hasta ahora la violencia no ha cesado. En este contexto, aún se mantiene el uso de la fuerza letal. Hasta ahora hemos podido analizar 194 notas periodísticas referidas a presuntos enfrentamientos entre miembros del ejército, marina, Guardia Nacional y grupos de civiles acontecidos en 2019 y los primeros cuatro meses de 2020. De acuerdo con los reportes, durante este periodo 405 civiles y 23 miembros de las instituciones mencionadas murieron en enfrentamientos, esto es 18 civiles muertos por cada efectivo.

2. El cheque en blanco

El Acuerdo tiene varias irregularidades legales y no otorga certeza para la población sobre la rendición de cuentas de las acciones militares. Según el acuerdo, para que las fuerzas armadas puedan realizar tareas de seguridad pública estas deben ser de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Lo extraordinario supone que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Sin embargo, el Acuerdo normaliza por los próximos cinco años la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, sin especificar para qué situaciones concretas, las finalidades específicas y en qué zonas geográficas del país.

El Acuerdo es tan poco excepcional que da facultades a las fuerzas armadas remitiendo a la Ley de la Guardia Nacional (GN) para darles atribuciones generales, más no específicas, por ejemplo, prevenir delitos y faltas administrativas. ¿Esto quiere decir que un militar estará facultado para prevenir delitos relacionados con delincuencia organizada, pero también prevenir infracciones contra el entorno urbano, por ejemplo? Más grave aún, el Acuerdo hace referencia a la Ley de la GN y permite que los militares realicen detenciones en contra de civiles, aseguramiento de bienes, así como colaborar con otras autoridades federales en funciones genéricas de “vigilancia, verificación e inspección” sin especificar en qué consistirán estas acciones. Aunado a la vaguedad de las medidas, no se menciona por cuánto tiempo o en qué lugares se llevarán a cabo.

La medida tampoco es fiscalizada ni subordinada, es decir, no se establece qué órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces van a revisar las actuaciones de las fuerzas armadas. El Acuerdo establece de manera clara la participación (primero) en el apoyo al desempeño de las tareas de seguridad pública (segundo) instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los Secretarios de la Defensa Nacional y la Marina para definir la forma en que las actividades de las fuerzas armadas complementarán la función de la GN y (tercero) el desempeño de sus actuaciones bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la propia SEDENA (quinto). Es decir, el Acuerdo instruye una coordinación, no una subordinación a las instituciones civiles. Además, la fiscalización no cumple de ninguna forma con su carácter civil e independiente, ya que el último artículo del Acuerdo establece que las fuerzas armadas tienen la facultad de revisarse ellas mismas.

El presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas armadas, así se establece en los artículos 11 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y el 5 de la Ley Orgánica de la Armada de México; el Acuerdo, por alguna razón, no lo emite el presidente bajo esta facultad.

3. ¿Mismos militares, misma rendición de cuentas?

La principal preocupación es llegar a un escenario en el que a la impunidad del pasado se sume la impunidad del presente. Cabe preguntarse, ¿los militares que antes torturaron, ejecutaron, desaparecieron y abusaron sexualmente de personas, bajo los mismos mandos, en la misma estructura y con las mismas reglas, harán tareas de seguridad pública? ¿La atribución de mayores facultades a las fuerzas armadas se verá acompañada por mecanismos claros de rendición de cuentas? ¿Este aspecto será realmente diferente o se mantendrá la misma promesa de impunidad? Este sería un no de los aspectos en los que se debería apreciar un cambio respecto de los sexenios anteriores.

Hasta ahora solo sabemos que los primeros seis meses del despliegue oficial de la Guardia Nacional -integrada principalmente por militares- ya figuran en el registro de quejas de la CNDH, donde se le señala en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos. En 15 quejas por falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, en 11 por incumplimiento de formalidades para la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias, en 9 por empleo arbitrario de la fuerza pública, en 8 por acciones y omisiones que transgreden los derechos de migrantes y sus familiares, en 7 por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, en 6 por detenciones arbitrarias y finalmente en 2 quejas por privación de la vida.9

@CMDPDH

 

Los militares y los crímenes del pasado (Parte 1)

 

1 SEDENA, solicitud de información folio: 0000700032420. Fecha de respuesta: 25 de febrero de 2020. Las 326 denuncias por tortura y desaparición fueron declinadas por tratarse de personas civiles a la entonces Procuraduría General de la República.

2 FGR, solicitud de información folio: 0001700145920. Fecha de respuesta: 11 de febrero de 2020.

3 CNDH, solicitudes de información folios: 3510000004820, 3510000004920, 3510000005020. Fecha de respuesta: 05 de febrero de 2020.

4 CNDH, solicitud de información folio: 3510000002920. Fecha de respuesta: 04 de febrero de 2020.

5 CNDH, solicitud de información folio: 3510000008020. Fecha de respuesta: 18 de febrero de 2020.

CNDH, solicitud de información folio: 3510000008220. Fecha de respuesta: 18 de febrero de 2020.

6 Los porcentajes que aquí se presentan se refieren a la muestra de personas encuestadas (64, 150 personas privadas de la libertad de 18 años y más), se excluyeron respuestas tipo “No sabe”, “No responde” y “No aplica”.

7 SEDENA, solicitud de información folio: 0000700030720. Fecha de respuesta. 25 de febrero de 2020.

8 SEDENA, solicitud de información folio: 0000700030920. Fecha de respuesta: 01 de junio de 2020.

9 CNDH, solicitud de información folio: 3510000004720. Fecha de respuesta: 17 de enero de 2020.

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