La militarización de la Guardia Nacional
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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Palabras expertas y oídos sordos: la militarización de la Guardia Nacional
La iniciativa que busca que la SEDENA tenga a su cargo el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional representa el último esfuerzo de este gobierno para profundizar la militarización del país.
Por Luis Mario Martínez Arellano y Michel Manzur
8 de septiembre, 2022
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Esquivando la Constitución, desatendiendo evidencia de casi 16 años, e ignorando las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en la materia, el pasado 31 de agosto el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas normas en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Esta iniciativa, que busca que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga a su cargo el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, representa el último esfuerzo de este gobierno para profundizar la militarización del país. En palabras de Denise Dresser, lejos de estar ante una cuarta transformación, nos encontramos ante la cuarta militarización. De manera paradójica y tramposa, la iniciativa –cuya esencia ya se encuentra a debate en el Senado de la República–, afirma que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al tiempo que limita el papel de esta dependencia a elaborar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, preocupa que ésta otorga a los militares facultades de investigación, inteligencia, adiestramiento y capacitación, y que pretende modificar la Ley de la Guardia Nacional para que el personal militar adscrito a dicha corporación esté sujeto al fuero militar en caso de cometer infracciones castrenses.

Específicamente, la iniciativa en cuestión busca reformar cuatro leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea. Los cambios más relevantes ahí contenidos están ligados a las nuevas facultades que tendría la Secretaría de la Defensa Nacional y su titular sobre la Guardia Nacional. Entre estas se destacan: el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional; la expedición de sus manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público; la elaboración de sus programas operativos y estrategias; la organización de su distribución territorial, y la formulación de propuestas de adecuaciones a su estructura orgánica. Sin embargo, lo más preocupante de las reformas es la modificación propuesta a la cadena de mando de la Guardia Nacional, pues la SEDENA quedaría en lo más alto de la jerarquía, incluso por encima de la Comandancia de la propia corporación, cuyo titular, dicho sea de paso, sería nombrado por el presidente a propuesta del titular de la SEDENA. Si se consienten las intenciones de López Obrador, la lógica castrense terminaría por permear toda la escala de operaciones de una institución que ya está compuesta y liderada en su mayoría por personal de origen militar.

Dadas las circunstancias, poco importa el maquillaje que se le aplicó a la exposición de motivos de la iniciativa para intentar cubrir lo que es en realidad una violación flagrante al artículo 21 de la Constitución, que dice que las instituciones de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, deberán de ser de carácter civil; si el Senado aprueba la iniciativa en su totalidad, la Guardia Nacional concluirá con su proceso de militarización y se convertirá en un brazo más del ejército.

En la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos documentado frecuentemente las graves implicaciones del despliegue militar en nuestro país y tenemos certeza de que una Guardia Nacional militarizada tan sólo perpetúa una estrategia de seguridad fallida que no traerá la paz a México, sino por el contrario, contribuirá al aumento de la violencia y las violaciones graves a los derechos humanos. Prueba de ello es que desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, decenas de miles de soldados han participado en tareas de seguridad pública, pese a lo cual la tasa de homicidios a nivel nacional se ha incrementado. No sólo ello, el personal castrense ha sido autor y cómplice de crímenes atroces (internacionales) contra la población civil mexicana, entre los que se encuentran actos de tortura, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, fabricación de culpables, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales; todo lo cual ha quedado prácticamente impune. Si realmente el gobierno busca la paz, ¿por qué mantiene una estrategia de conflicto y empodera a aquellos que están entrenados para actuar en tiempos de guerra y eliminar al enemigo?

Han sido muchas las voces que han insistido en la urgencia de que México transite hacia un modelo de seguridad encabezado por instituciones civiles. Al haber analizado el crecimiento de la violencia y los graves atropellos a los derechos humanos acontecidos desde el inicio de la Guerra contra el narcotráfico, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado el fracaso del modelo de seguridad de los últimos 16 años y exhortado constantemente a las autoridades para su desmantelamiento. Si bien la presente administración inició con muchas expectativas por haber prometido acciones para regresar al ejército a sus cuarteles, una serie de actos subsecuentes ha demostrado que el presidente cambió de estrategia y que tiene escaso interés en escuchar los reclamos de frenar la militarización del país. Entre estos actos se encuentran la reforma constitucional de marzo de 2019 que faculta al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta marzo del 2024, 1 y la emisión del llamado “Acuerdo Militarista” en mayo de 2020, que no garantiza los requisitos establecidos en la Constitución e ignora las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos; 2 la iniciativa del 31 de agosto pasado es tan sólo la muestra más reciente de esos oídos sordos.

Sin embargo, no es sólo academia y la sociedad civil quienes han sido ignorados por el presidente. Numerosas instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública  en México; prueba de ello son al menos 20 recomendaciones internacionales y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 3 en las que se ha exhortado al Estado mexicano cambiar el enfoque militarizado de la seguridad. 4 De acuerdo con la información disponible en el portal del Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH), de todas las recomendaciones mencionadas, sólo ocho tienen acciones reportadas, las cuales giran en torno a cuestiones como capacitación en derechos humanos y promulgación de leyes sobre el uso de la fuerza y sobre la desaparición forzada. Si bien dichas acciones pueden servir para controlar el actuar de los elementos militares en tareas de seguridad pública, no hay una sola que busque resolver el problema de fondo: retirar al personal militar de la seguridad pública.

Aunque el Estado ha argumentado que ciertas recomendaciones internacionales no son jurídicamente vinculantes para México, lo cierto es que nuestra Constitución protege los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que son interpretados por los organismos que continuamente hacen recomendaciones a México. Ellos no sólo son los principales organismos autorizados para interpretar esos tratados, sino que cuentan con la experiencia, reputación e integridad para hacerlo. En palabras de Santiago Corcuera, el argumento del Estado sobre la naturaleza no vinculante de esos tratados resulta tan ocioso como el argumento que un paciente podría dar a su médico insinuando que sus recetas no son vinculantes. Además, el hecho de que México continúe recibiendo recomendaciones una y otra vez sobre el mismo tema significa que nuestras autoridades no están cumpliendo con los compromisos que han adquirido a nivel internacional. Ahora bien, incluso tratándose de sentencias claramente vinculantes como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el gobierno mexicano se ha mostrado lento y apático en su cumplimiento; ejemplo de ello es que apenas en noviembre de este año se celebrará el evento de disculpa pública que la CoIDH ordenó al gobierno como medida de reparación en el caso Alvarado Espinoza y otros vs México (2018), 5 en el que reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de tres personas a manos de personal del ejército. 6 Vale la pena resaltar que, en su sentencia, la CoIDH reafirmó que el mantenimiento del orden y la seguridad pública debe estar reservado primordialmente a las corporaciones policiales civiles y que las fuerzas armadas sólo pueden participar en ellas de manera excepcional, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 7 En esa tesitura, ¿en dónde nos deja la iniciativa del 31 de agosto?

Mientras el gobierno mexicano continué haciendo oídos sordos ante las recomendaciones de expertos del interior y del exterior, se seguirán repitiendo casos como el de Ángel Yael Ignacio Rangel, joven universitario de 19 años asesinado por un agente de la Guardia Nacional durante un “reconocimiento disuasivo” con relación al huachicoleo en Irapuato, 8 o como el de Heidi Mariana Pérez, una niña de apenas cinco años que fue asesinada –el mismo día que el presidente envió su iniciativa para militarizar al país– en un supuesto fuego cruzado a manos de elementos de la SEDENA, mientras viajaba en automóvil junto a su hermano y su cuidadora en Nuevo Laredo. 9 Por lo pronto, la iniciativa del 31 de agosto ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con 264 votos a favor, y ahora es momento de que el Senado resuelva, con responsabilidad y haciendo caso a los expertos, sobre el futuro de la seguridad del país.

@CMDPDH

 

 

 

Fuentes de consulta:

1.- Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 26 de marzo del 2019.

2.- Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 11 de mayo del 2020.

3.-

I.- Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, 2022. Disponible aquí. p.8;

II.- Observaciones Preliminares de la visita de trabajo virtual a México, sobre personas en situación de movilidad humana, 2021. Disponible aquí. p. 8;

III.-  Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México. Disponible aquí. p. 5;

IV.- Observaciones finales sobre los informes periódicos 18ᵒ a 21ᵒ combinados de México, 2019. Disponible aquí. p. 8;

V.- Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, 2019. Disponible aquí. p.10;

VI.- Observaciones de seguimiento sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la Convención, 2019. Disponible aquí. Punto 35;

VII.- Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México Sentencia De 28 De Noviembre De 2018 (Fondo, Reparaciones Y Costas), 2018. Disponible aquí. p. 70;

VIII.- Recomendaciones para México Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2016. Disponible aquí. p.10;

IX.- Situación de derechos humanos en México, 2015. Disponible aquí. p. 232;

X.- Recomendaciones generales en torno a la desaparición en México, 2015. Disponible aquí. p.20;

XI.- Ídem;

XII.- Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 2014. Disponible aquí. p. 22;

XIII.- Ídem;

XIV.- Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, 2014. Disponible aquí. p. 20;

XV.-  Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 2013. Disponible aquí. p. 21;

XVI.- Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011. Disponible aquí. p. 18;

XVII.- Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, 2010. Disponible aquí. p. 4;

XVIII.- Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México 2003, 2003. Disponible aquí. p. 7;

XIX.- Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humanos, 2002. Disponible aquí.

XX.- Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos, 1999. Disponible aquí. p. 33;

XXI.- Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, 1998. Disponible aquí. Punto 738

4.- NOTA: A pesar de que el Estado mexicano ha recibido 21 recomendaciones en la materia, sólo 17 aparecen registradas en el portal SERIDH. Las 4 recomendaciones restantes pueden encontrarse en el portal Universal Human Rights Index (UHRI) bajo las claves CCPR/C/MEX/CO/6, CERD/C/MEX/CO/18-21, CAT/C/MEX/CO/7, y A/HRC/25/7.

5.- El Heraldo de Chihuahua, Habría disculpa pública del Estado Mexicano en el caso Alvarado, 28 de enero de 2022.

6.- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Alvarado Espinoza Y Otros Vs. México Sentencia De 28 De Noviembre De 2018 (Fondo, Reparaciones Y Costas).

7.- Ibídem. p. 70

8.- Expansión Política, La muerte de Ángel Yael revive críticas sobre la militarización en México, 29 de abril del 2022.

9.- Infobae, Dos militares podrían estar involucrados en la muerte de la niña Heidi Mariana de Nuevo Laredo, 6 de septiembre del 2022.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 En vista de lo anterior, como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Corte Interamericana de Derechos Humanos, CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas).

4 Comité contra las Desapariciones Forzadas, Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Observaciones Preliminares de la visita de trabajo virtual a México, sobre personas en situación de movilidad humana

Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos 18ᵒ a 21ᵒ combinados de México

Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México

Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones de seguimiento sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la Convención

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México Sentencia De 28 de Noviembre de 2018  (Fondo, Reparaciones y Costas)

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Recomendaciones para México Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de derechos humanos en México

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Recomendaciones generales en torno a la desaparición en México

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Recomendaciones generales en torno a la desaparición en México

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales,Sumarias o Arbitrarias, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales,Sumarias o Arbitrarias, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns

Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez

Consejo de Derechos Humanos (MEPU), Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas 2011

Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México 2003

Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humano

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales,Sumarias o Arbitrarias, Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en México

5 Disponible aquí.

6 Disponible aquí, p. 116

7 Ibídem. p. 70

8 Disponible aquí.

9 Disponible aquí.

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