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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
¿Pena de muerte en México?
Resulta desafortunado que el Partido Verde y Morena hayan suscrito una iniciativa que no se hace cargo de distintos estudios que presentan evidencia suficiente sobre lo innecesaria que es la pena de muerte, pues en la práctica no tiene un efecto disuasivo en los crímenes.
Por Víctor Del Pozo y Miguel Alcaraz
2 de marzo, 2020
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En días recientes, diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y MORENA, presentaron una iniciativa de reforma constitucional que tiene “por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de muerte en México, adecuando las disposiciones que resulten pertinentes para su aplicación”. En distintas legislaturas locales también se presentaron propuestas y se hicieron intervenciones en el mismo sentido. Al respecto, es de destacarse que no se trata de una situación sin precedentes, pues en el pasado reciente se han impulsado iniciativas de reforma similares. Frente a este escenario, vale la pena presentar algunas consideraciones iniciales sobre los despropósitos legislativos que se están promoviendo.

La idea de pena de muerte en el contexto mexicano

En términos simples, podemos decir que la pena de muerte consiste en la imposición de un castigo que acaba con la vida, como consecuencia de un proceso penal; esto es, una ejecución legal por cometer un delito. La pena de muerte es, posiblemente, la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

Es bien sabido que, por lo menos en la última década, México ha atravesado por una crisis de violencia extrema, caracterizada por la perpetración de violaciones graves a derechos humanos y crímenes internacionales a gran escala, en un contexto de absoluta impunidad. Frente a un Estado indolente, incompetente, y propenso a ejercer violencia criminal, las exigencias sociales por justicia –típicamente traducidas en castigo a los responsables– son cada vez más amplias.

Así, en un contexto plagado de dolor y natural exigencia social, dos partidos políticos que se identifican con ideologías de izquierda han hecho uso abusivo y cuestionable de su poder político para promover iniciativas oportunistas que, al amparo de una falsa voluntad de combatir la impunidad y la violencia, apelan al sentimiento de urgencia de justicia para presentar a la pena de muerte como una solución necesaria para acabar con nuestros males.

¿La pena de muerte serviría para acabar con la violencia?

La iniciativa del PVEM y Morena se configura como una de la consecuencias más graves de la desafortunada creencia de que castigar, a través de los instrumentos que ofrece el Derecho Penal, es la mejor respuesta frente a la criminalidad; además, se basa en errónea la idea de que a mayor severidad en el castigo habrá mayor justicia. Ante las delicadas ocurrencias de los legisladores, sería oportuno preguntarles si el incremento que han sufrido las penas en los últimos años ha tenido como efecto la disminución de violencia o la transformación positiva de la realidad social (sabemos que no, la evidencia es clara).

Legislar con base en la mejor evidencia científica disponible es una responsabilidad que no puede ser ignorada, dada la obligación constitucional de prevenir violaciones a derechos humanos. Resulta desafortunado que los legisladores hayan suscrito una iniciativa que no se hace cargo de distintos estudios que presentan evidencia suficiente sobre lo innecesaria que es la pena de muerte, pues en la práctica no tiene un efecto disuasivo en los crímenes.

Resulta por demás vergonzoso el intento del Legislativo por introducir rigor académico a su propuesta, en un movimiento para aparentar imparcialidad y para justificar la necesidad e idoneidad de la medida, apelando a ‘una serie de estudios’ hechos en Estados Unidos. De una rápida búsqueda en internet, encontramos que los legisladores se limitaron a copiar, pegar, y traducir la sección que les era útil de una nota publicada por Fox News en 2007, en la que –de manera un tanto tendenciosa– se recapitularon algunas opiniones sobre el estado de la discusión académica en torno a la utilidad de la pena de muerte para disuadir crímenes. Aunado a ello, los legisladores no fueron capaces de advertir que los estudios y opiniones a los que se alude en la nota, y que se replican en la Iniciativa (de los profesores Rubin y Mocan, particularmente), han sido ampliamente criticados.1 No cabe duda de que los legisladores y sus asesores hicieron un esfuerzo importante para justificar su propuesta de matar gente.

Si bien, como en casi toda discusión académica, no se puede hablar de absolutos, ni se puede decir que es una debate acabado, desde hace décadas ya se decía que dado “el estado de la evidencia empírica sobre toda cuestión de disuasión del crimen con base en la pena de muerte, se puede decir sin temor a una contradicción significativa que la mayor parte de investigación realizada sobre el supuesto efecto disuasorio derivado por el efecto de la pena de muerte hasta el momento en este siglo en los Estados Unidos, no revela tal efecto y los pocos estudios de investigación con resultados que indican lo contrario están cargados de dificultades no resueltas. En consecuencia es difícil ver cómo una defensa consciente de la pena de muerte en los Estados Unidos podría descansar única o incluso principalmente por motivos disuasivos”.2

Hallazgos más recientes, sintetizados por Radelet y Lacock, encuentran qué hay un “consenso abrumador” entre la comunidad científica, dada la evidencia empírica disponible, que permite concluir que la pena de muerte no agrega mayores efectos de disuasión al crimen que aquellos alcanzados por penas elevadas de prisión. En consecuencia, señalan que la investigación empírica ha encontrado que la hipótesis de que la pena de muerte puede servir para disuadir el crimen no es más que un mito. De esta manera, no se justificaría ni la idoneidad ni la necesidad de la medida.

Sumado a lo anterior, no podemos pasar por alto que en México cada vez es más evidente la presencia de políticas estatales de fabricación de culpables, el uso de la tortura para extraer confesiones incriminatorias, y la falta de una adecuada exclusión de pruebas obtenidas con métodos contrarios a derechos humanos. Esto, en un contexto de exigencia social de castigo, disminuida independencia judicial, y tiempos de creciente populismo punitivo, sugiere la receta perfecta para el desastre.

Operar la pena de muerte en un Estado roto

Son bastante claros y numerosos los ejemplos sobre el actuar irregular de las instituciones de justicia en México. De acuerdo con información de una investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el Estado de México de 2011 a 2017, un promedio 7 de cada 10 casos judicializados terminaron en sentencias condenatorias y solo tres en absolutorias. A la par, el estudio revela que, en el mismo lapso, 1181 agentes del Ministerio Público local fueron denunciados por irregularidades administrativas y de investigación, con un incremento sustancial entre cada año. Años de una política de fabricación de culpables, que encuentran grandes ejemplos en los casos de Lorena González, Razo Casales, o el documentado en Presunto Culpable, nos permiten afirmar que existe un riesgo real de que –dada la ineptitud e insensibilidad del aparato de justicia– se ejecuten a personas inocentes.

Incluso en un escenario, claramente irreal, en que México tuviera un buen sistema de justicia, seguiría existiendo un riesgo fundado de ejecutar a una persona inocente, pues ni el mejor sistema de justicia se escapa del error judicial. Estados de derecho razonablemente consolidados han cometido grandes errores, que han tenido como consecuencia la ejecución fade personas inocentes. Algunos de los riesgos que se han identificado en otros países se basan en identificaciones erróneas de testigos oculares, confesiones falsas, discriminación sistemática, errores en la ciencia forense, actuar irregular de las autoridades, testimonio de expertos partidistas que emiten opiniones no respaldas por la ciencia, fracaso de la policía y fiscales para entregar evidencia de inocencia, testimonios de personas privadas de su libertad que reciben beneficios por acusar a otros, y falta de defensa adecuada.

Un modelo constitucional que privilegia la garantía de los derechos humanos, y la prevención de violaciones a los mismos, no puede permitir la introducción de una medida que suponga un riesgo de violación al derecho a la vida.

La prohibición de reinstaurar la pena de muerte

En la discusión pública se ha dicho que la pena de muerte no se puede reinstaurar en el orden jurídico mexicano, dadas las prohibiciones absolutas contenidas el artículo 4.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, todos firmados y ratificados por México.

Al respecto, a pesar de que el razonamiento es técnicamente sustentable, es importante decir que los tratados internacionales, en tanto son ficción jurídica particularmente difícil de llevar a la realidad, no tienen una fuerza mágica que impida, así sin más, una modificación a la Constitución Mexicana que establezca una restricción expresa al derecho a la vida. Además, criterios muy desafortunados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, derivados de la Contradicción de Tesis 293/2011, así como del expediente Varios 1396/2011, nos ponen en una situación por lo menos complicada.

Imaginemos un escenario en el que se aprueba la pena de muerte en la Constitución, como una restricción expresa al derecho a la vida, y eventualmente alguien es condenado a ser ejecutado por la comisión de x delito. Muy probablemente, esa persona va a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, argumentando que distintos instrumentos internacionales vinculantes para México prohiben de manera explícita este tipo de pena, por lo que no debería de poder ejecutarse la sanción impuesta. El razonamiento es correcto; sin embargo, gracias al despropósito establecido por nuestro renombrado Tribunal Constitucional en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), el juzgador de amparo bien podría decir que debe prevalecer la norma constitucional, relativa a la posibilidad de matar a personas como castigo por cometer un delito, pues esta impone una restricción expresa al derecho a la vida, por lo que poco importa que una norma relativa a derechos humanos, contenida en un tratado internacional, establezca lo contrario en una norma más protectora. Y dado otro criterio desafortunado de la SCJN, en la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), la jurisprudencia del Alto Tribunal no es susceptible de control de constitucionalidad o convencionalidad en órganos inferiores.

El mismo escenario se podría repetir si la Corte o Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegara a solicitar a México no aplicar la disposición que autoriza la pena de muerte por resultar contraria a sus obligaciones derivadas de la Convención Americana y su Protocolo, dado que así lo ha interpretado la SCJN en el Varios 1396/2011. De esta manera, desafiar la pena de muerte a través del combate al acto de aplicación se antoja con pocas posibilidades de éxito, incluso en el escenario en que se logre una sentencia del tribunal interamericano.3

Aunado a lo ya dicho, no podemos dejar de notar que el hecho de que se estableciera la pena de muerte a nivel constitucional ya implicaría, en sí mismo, un reto prácticamente insuperable para ejercer cualquier medio de defensa, pues el estado actual del desarrollo normativo y jurisprudencial se puede resumir en que las reformas a la Constitución no pueden ser revisadas en sede judicial. De esta manera, es evidente que el amparo no sería un recurso efectivo para desafiar la aprobación de la pena de muerte.

Si bien es cierto que se podría debatir la naturaleza de una disposición que reintroduzca la pena de muerte a la Constitución General de la República, pues podría no ser una restricción expresa; o se podría discutir la convencionalidad de la restricción; o se podría debatir el efecto que debe tener una prohibición absoluta y expresa derivada de tratado internacional en el bloque de constitucionalidad; o se podría decir que la reforma constitucional se puede combatir a través de la doctrina de la sustitución de la Constitución, o atacando el procedimiento legislativo, la realidad es que en cualquier caso estaríamos en un escenario increíblemente complicado para desafiar las ocurrencias de nuestros legisladores. Es razonable afirmar que los recursos disponibles no tendrían ninguna posibilidad objetiva de éxito.

Reflexiones finales

Nuestros ocurrentes legisladores tienen la intención de que el Estado comience a matar personas, a través de un procedimiento legal, para solucionar la incapacidad y falta de voluntad del propio Estado en implementar y sostener acciones de largo plazo para combatir la violencia e impunidad. Desde una posición privilegiada, el Legislativo está mandando el mensaje de que el exterminio de algunas personas es necesario para tener una sociedad con paz y justicia.

La pena de muerte operaría en un sistema jurídico y burocrático que permite, propicia, y perpetra la tortura, la fabricación de culpables, la persecución selectiva de grupos históricamente vulnerados, con nulas capacidades forenses y de investigación seria de los delitos. Esto, sumado a la imposibilidad técnica de desafiar la pena de muerte, como norma o acto, garantizaría el fin del Estado de Derecho.

Las prohibiciones internacionales no son una garantía. Por ello, es indispensable dar seguimiento puntual y estricto a cualquier intento por detonar los siguientes pasos del procedimiento legislativo para legislar la pena de muerte en nuestra Constitución. La intención de reinstaurar la pena de muerte es discurso de odio y una forma de incitación a la violencia, en tanto es un llamado al exterminio desde el Estado. No lo podemos permitir.

* Víctor Del Pozo (@aluonso), es Licenciado en Derecho por el CIDE y abogado en el Área de Defensa de la CMDPDH; Miguel Alcaraz (@MiguelAlc95) es Licenciado en Derecho por la UDG y colaboró como voluntario en el Área de Defensa de la @CMDPDH.

 

1 Por ejemplo, se ha señalado que “The data reported in this Article do not support Mocan’s position. To the contrary, the data show that the scientific community, in particular social scientists, would likely take a position opposite that of Professor Mocan. Our survey indicates that the vast majority of the world’s top criminologists believe that the empirical research has revealed the deterrence hypothesis for a myth. There isn’t a shred of evidence that supports the New York Times’s assertion that there is ‘an intense new debate about one of the central justifications for capital punishment,’ namely deterrence. Recent econometric studies, which posit that the death penalty has a marginal deterrent effect beyond that of long-term imprisonment, are so limited or flawed that they have failed to undermine consensus” (En Michael L. Radelet & Traci L. Lacock, Do executions lower homicide lower homicide rates?: The views of leading criminologists, en The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 99 No. 2.

2 Hugo Adam Bedau, Hugo Adam Bedau (ed), The death penalty in America, (New York: Oxford University Press, 1997), 130.

3 En un Informe, el propio Sistema Interamericano ha reconocido que “varios Estados miembros de la OEA han ejecutado a personas sentenciadas a muerte incumpliendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión en casos o peticiones”, y que “Aunque existe una tendencia creciente de cumplimiento por parte de los Estados miembros de la OEA con las decisiones de la Comisión y la Corte, esto no siempre ha sido el caso con las decisiones, medidas cautelares y medidas provisionales relacionadas con la pena de muerte”. (En CIDH, La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: De restricciones a abolición).

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