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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Pendientes en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio
El arraigo, las medidas cautelares y el uso de la prisión preventiva, y la ejecución de sanciones penales son figuras contrarias a derechos humanos que permanecen en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Por CMDPDH
21 de noviembre, 2016
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Por: Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (@dejusticiapenal)

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ) somos una iniciativa fundada en junio de 2013, para supervisar y promover la adecuada implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). Lo conformamos las asociaciones civiles Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASILEGALComisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto de Justicia Procesal Penal, bajo el auspicio de la Fundación MacArthur.

Algunos de los ejes temáticos del OCSJ son: el arraigo, las medidas cautelares y el uso de la prisión preventiva, y la ejecución de sanciones penales. A partir de estos ejes, si bien vemos cierto grado de avance en cuanto a la implementación de la reforma al SJPA, vemos también con preocupación la existencia de figuras contrarias a derechos humanos como el arraigo, la ausencia de normas o falta de correcta implementación de éstas.

Las organizaciones del OCSJ hemos analizado la figura del arraigo para justificar por qué no es compatible con los derechos humanos; además, hemos estudiado en la práctica su aplicación y efectividad a nivel federal y en los estados. El arraigo se presenta como una forma de detención considerada arbitraria, ya que supone una privación de la libertad hasta por ochenta días sin que exista una acusación formal de la comisión de un delito. Es decir, se detiene para investigar.

Si bien durante los dos últimos años ha disminuido considerablemente el uso del arraigo -durante 2011 se arraigaron a nivel federal a 2,385 personas, mientras que para 2015, fueron arraigadas 83 personas– este se ha seguido aplicando, aun y cuando múltiples recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos lo han considerado como una figura violatoria de los derechos a la libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y a un recurso efectivo. Por otra parte, el arraigo amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Incluso, a través de solicitudes de acceso a la información pública, hemos comprobado que el arraigo ha sido aplicado por algunos estados de la República durante 2015 y 2016, a pesar de que fue declarada inconstitucional su aplicación en el ámbito local por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde octubre de 2014. Por todo ello, desde el OCSJ hemos impulsado la eliminación de esta figura de la Constitución.

En el tema de las medidas cautelares, el OCSJ hemos conducido una investigación en varios estados con la finalidad de analizar la calidad de los debates sobre la aplicación de medidas cautelares y el uso de la prisión preventiva.

Los primeros resultados, sobre el estado de Chihuahua, indican que los debates son muy ágiles y que las discusiones son basadas en buenos argumentos, aunque hay oportunidades de mejora, como la implementación de una Unidad de Medidas Cautelares y una revaloración del argumento de que la magnitud de la pena es una razón suficiente para suponer el riesgo de fuga y solicitar la prisión preventiva.

Con todo, la prisión preventiva ha disminuido cada año desde la implementación de la reforma, lo cual es una buena señal sobre cómo están entendiendo los jueces la lesividad de esta medida.

Por su parte, el avance en materia de ejecución penal ha sido incipiente. El estudio del OSCJ se centra en el Estado de México, uno de los primeros estados en implementar el SJPA. A cinco años de haber finalizado la implementación, la materialización de un proceso penal acorde a los principios de dicho Sistema está muy lejos de ser alcanzada, sobre todo en el tema de ejecución penal.

La judicialización de la etapa de ejecución y la reinserción social fueron los principales cambios que se impulsaron con la reforma a los artículos 18 y 21 constitucionales, ello obligó a que la implementación del Sistema de Justicia Penal incidiera también en la última fase del proceso penal. En consonancia con lo anterior, toda pretensión de instaurar un SJPA debió contemplar una Ley de Ejecución conforme a los artículos 18 y 21 constitucionales, así como juezas y jueces de Ejecución capacitadas/os para cumplir con sus atribuciones y la materialización de condiciones de internamiento propicias para conseguir la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, la falta de una ley de ejecución adecuadamente armonizada con la Constitución, de la cual se careció en el Estado de México hasta la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, provocó que la ejecución penal se diera dentro de un marco jurídico no acorde con el nuevo sistema de justicia. Además la ausencia de capacitación especializada para juezas y jueces de Ejecución y la falta de modificaciones significativas en las condiciones de internamiento que viven las personas privadas de libertad en el Estado de México, han obstaculizado el desarrollo de procedimientos de ejecución de sentencias dentro del marco de un SJPA.

Debido a lo anterior, en el Estado de México no ha podido establecerse una etapa de ejecución que respete la esencia de un proceso penal acusatorio adversarial, ni un sistema penitenciario que funcione para la reinserción social, por lo que su instauración sigue siendo una asignatura pendiente para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Derivado de los anteriores puntos, las organizaciones que integramos el OCSJ en varias ocasiones hemos hecho respetuosos llamados a las y los operadores del SJPA, y a las y los legisladores, a fin de que dicho Sistema se implemente de una manera coherente con el respeto a los derechos humanos.

 

 

* El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ) es una iniciativa fundada en junio de 2013, para supervisar y promover la adecuada implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), conformado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASILEGALComisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto de Justicia Procesal Penal, bajo el auspicio de la Fundación MacArthur.

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