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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Por la paz, la vida y la justicia
Tanto dentro como fuera de la sede de la ONU en Nueva York, el debate que se llevará a cabo en abril representa una oportunidad fundamental para visibilizar los daños que ha generado el marco internacional de política de drogas y dar voz a las personas y comunidades más afectadas por estas políticas.
Por CMDPDH
22 de febrero, 2016
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Por: Andrés Hirsch (@hirsoler), Miguel Villegas y Amaya Ordorika (@Amaya903)

El 28 de marzo partirá de Honduras hacia Nueva York la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, una amplia iniciativa de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de diferentes naciones que claman por un alto a la guerra contra las drogas. La Caravana caminará por Honduras, El Salvador, Guatemala y México, y llegará a Nueva York con el objetivo de abrir espacios de diálogo entre las comunidades más afectadas por esta guerra, y de recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el combate a las drogas, con el fin de hacerlas presentes en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.

Esta guerra, como tantas otras guerras, ha permitido desechar las normas habituales vinculadas a la justicia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Las guerras requieren siempre de un enemigo, representado en un otro, ajeno a nuestro lenguaje, a nuestros códigos, a nuestros calendarios; un otro que nos amenaza. La guerra contra las drogas encontró a su enemigo discursivo en plantas y sustancias, vinculadas social, cultural y políticamente a experiencias de vida que distan de las dictadas por los poderes hegemónicos. No obstante, en la práctica este enemigo se dirige hacia las personas y comunidades que por diversos motivos interactúan con dichas plantas y sustancias.

La guerra contra las drogas ha fallado en sus objetivos oficiales pues no sólo no ha logrado eliminar a dichas plantas y sustancias, ni las complejas relaciones que las personas establecemos con ellas en todo el mundo; sino que por el contrario, al situar la interacción con ellas en el ámbito de la ilegalidad ha creado un sinfín de riesgos para quienes deciden seguirlas usando. Estos incluyen la necesidad de interactuar con mercados ilícitos que se regulan por medio de la violencia, así como la adulteración, contaminación y sustitución de las mismas imposibilitando el acceso a lo que realmente se busca, incluso cuando se requieren para usos medicinales y terapéuticos.

A la par, países de todo América Latina, incluyendo Honduras, El Salvador, Guatemala y México, han experimentado la militarización de la estrategia de combate a las organizaciones criminales dedicadas a la producción, venta y distribución de dichas plantas y sustancias, el encarcelamiento masivo, el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras que huyen de la violencia y el aumento de violaciones graves a derechos humanos incluyendo la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, aumentan los riesgos que enfrentan las y los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestras comunidades.

María Herrera, madre de 4 hijos desaparecidos, con su hijo Juan Carlos Trujillo en la Caravana por la Paz, 2012. // Foto: CMDPDH

María Herrera, madre de 4 hijos desaparecidos, con su hijo Juan Carlos Trujillo en la Caravana por la Paz, 2012. // Foto: CMDPDH

Las bases legales de las políticas de drogas locales, y los lineamientos generales de la guerra mundial contra las drogas, se encuentran establecidas en un marco internacional delineado en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Sumado a esto, en México y Centroamérica la implementación de políticas en materia de drogas con un enfoque de seguridad pública, y particularmente con una estrategia de militarización, ha sido impulsada y financiada por Estados Unidos. De acuerdo con el Security Assistance Monitor, sólo en el 2016 Estados Unidos destinó, a través del programa ‘Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley’, $187,575,000 dólares para la estrategia de guerra contra las drogas en Centroamérica. De igual manera, en el 2016 Estados Unidos destinó $25,600,000 dólares a México a través del mismo programa.

Pero también en Estados Unidos, la política de drogas ha tenido efectos desastrosos, golpeando a comunidades tradicionalmente marginadas. La guerra contra las drogas en este país ha servido para fortalecer un esquema en el que el sistema de justicia penal funciona como un sistema de control racial y étnico contemporáneo, afectando particularmente a comunidades negras y latinas. Del total de personas arrestadas por delitos relacionados con drogas, 37% son negras y la tasa de encarcelamiento de mujeres negras en Estados Unidos en los últimos 20 años equivale a 800%. Actualmente, las mujeres negras y latinas componen más de la mitad de la población femenina privada de la libertad en centros de reclusión.

El debate nacional sobre política de drogas y, en particular, sobre la prohibición del cannabis, lleva más de una década abierto y creciendo en nuestros países. Sociedad civil, academia y legisladores han participado activamente en la generación de espacios para la discusión, así como en la aportación de insumos y posturas que alimenten la reflexión en este tema. A la par, movimientos sociales, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la estrategia de seguridad militarizada de combate al narcotráfico.

Incluso a nivel internacional, el llamado a repensar el modelo actual de control y fiscalización de las drogas ha venido de esta región. En la 67 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos en septiembre de 2012, México, Colombia y Guatemala, hicieron un llamado a la Organización de la Naciones Unidas para adelantar la siguiente Sesión Especial de Naciones Unidas sobre drogas, por lo que la fecha de dicha sesión se adelantó del 2019 a abril de 2016. Tanto dentro como fuera de la sede de la ONU en Nueva York, el debate que se llevará a cabo en la UNGASS presenta una oportunidad fundamental para visibilizar los daños que ha generado el marco internacional de política de drogas y dar voz a las personas y comunidades más afectadas por estas políticas.

Frente a este evento, desde el cual se plantea construir -o limitar- una posible transformación de las políticas de drogas desde arriba, es necesario organizarnos desde abajo para hacer explícito que la nueva política de drogas tiene que construirse desde nuestras comunidades y para nuestras comunidades. Es necesario evidenciar los daños que estas políticas imprimen a nuestros pueblos. Es urgente pronunciarnos frente a quienes han diseñado y negociado la continuación de esta guerra, mostrarles que no la toleraremos más. Pero también es urgente estrechar lazos entre nuestras comunidades, comunicar los dolores que cargamos y compartir las experiencias que hemos desarrollado para resistir y detener las agresiones.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia se plantea como un espacio colectivo, abierto, plural y diverso donde convergen diferentes puntos de vista que coinciden tanto en la urgencia por detener una guerra que sólo genera víctimas y niega la posibilidad de vivir en Paz, como en la necesidad de propiciar nuevos enfoques que nos permitan una aproximación a las plantas y sustancias que llamamos drogas desde una perspectiva de derechos humanos.

Para más información sobre la Caravana y sobre cómo sumarte a ella, visita la página pazvidajusticia.org, escribe al correo [email protected] o búscala por su nombre en redes sociales.

 

Amaya Ordorika es investigadora en política de drogas y derechos humanos en la @CMDPDH y junto con Andrés Hirsch y Miguel Villegas es integrante de ReverdeSer Colectivo.

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