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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
¿Por qué necesitamos un Mecanismo de Protección?
El multihomicidio de la Narvarte y el asesinato del activista Miguel Ángel Jiménez Blanco en Guerrero, el 8 de agosto de 2015, y la falta de respuestas gubernamentales nos obliga a analizar en dónde debe de estar la preocupación del gobierno de México respecto a la labor que realizan cientos de personas al defender los derechos humanos en el país.
Por CMDPDH
24 de agosto, 2015
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Por: Axel García

El 19 de agosto de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó al inaugurar la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia de Procuradores que giraba sus instrucciones para que “avance el mejoramiento del Mecanismo de Protección” a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; un día anterior el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación “…condenaba categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, resaltando que una línea de acción del plan nacional de desarrollo 2013-2018 es el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas…”

Estas declaraciones fueron emitidas hasta que un grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos enviaran al presidente Enrique Peña Nieto, el 15 de agosto, una misiva en la que le pedían esclarecer el asesinato ocurrido en la ciudad de México el 31 de julio, en el que perdieron la vida el fotoperiodista y defensor de derechos humanos Rubén Espinosa, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y sus compañeras Alejandra Negrete, Yesenia Quiróz y Mile Virginia Martín.

Es decir, tuvieron que pasar más de 15 días, decenas de editoriales calificando la eficacia del Mecanismo, marchas en el país exigiendo justicia, comunicaciones diplomáticas y denuncias internacionales para que el gobierno federal se pronunciara sobre este homicidio.

Este caso, así como el asesinato del activista Miguel Ángel Jiménez Blanco en Guerrero, el 8 de agosto de 2015 -muerte que fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y la falta de respuestas gubernamentales nos obliga a analizar en dónde debe de estar la preocupación del gobierno de México respecto a la labor que realizan cientos de personas al defender los derechos humanos en el país.

El primer punto que se tiene que recordar es que la actividad que realizan estas personas es originada por la ineficacia de las instituciones al aplicar la ley o por el abuso de ellas, lo que genera que las personas afectadas directamente o sensibilizadas ante la vulnerabilidad de su prójimo deciden visibilizar los actos violatorios, buscar la solidaridad y defenderles.

En segundo lugar, la autoridad debería de tomar en cuenta que al conocer estos abusos, la persona defensora o periodista comienza a recibir amenazas, agresiones, y sufrir incidentes de seguridad al decidir denunciar; en tercer lugar, una vez que se decide acudir ante las Procuradurías el reto continúa porque se enfrenta con la negativa de la autoridad a recibir la denuncia; desacreditándole, desconociendo su labor: le dicen que no tienen personalidad, que a la persona defensora no le afecta lo que sucede a otras personas, o que no se la tomarán porque simplemente es “chismosa”, y en ocasiones se enfrentará a que las propias autoridades de procuración de justicia sean parte del agente persecutor. Todo esto mientras se incrementan los hostigamientos, llamadas telefónicas, y amenazas.

Si decide acudir a una Comisión de Derechos Humanos la situación puede ser similar porque el organismo no es tan autónomo como debería ser, por lo que en lugar de tener un aliado tiene que litigar dentro del organismo para lograr documentar la violación. Si tiene suerte, logrará que la Comisión no cierre su caso, no busque la conciliación, sino que emita una Recomendación y la autoridad responsable la acepte; el reto ahora es que la cumpla. Los allanamientos, robos de información, la criminalización a su labor y las amenazas directas se van haciendo presentes.

En este punto, si los procesos fueron correctos, la labor de la persona defensora debería de dejar de existir porque las autoridades responsables tienen conocimiento, analizaron la información, determinaron la responsabilidad y emitieron una sentencia o una recomendación. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos continúan por lo que el defensor/defensora tiene que seguir denunciando ante otras instancias nacionales e internacionales para lograr la justicia que ha buscado. Se hacen presentes los seguimientos, las agresiones directas contra los/las defensoras/es, sus familias, se giran órdenes de aprehensión en su contra y en algunos casos ataques contra la vida.

Así, si existiera un organismo eficiente y confiable que pudiera recibir las denuncias, hacer las investigaciones imparciales, detener las violaciones de derechos humanos, hacer respetar las decisiones de las comunidades indígenas y sancionar los abusos, las personas defensoras no necesitarían alzar la voz para denunciar las injusticias. Si se reconociera la gran labor que realizan ante este contexto de constante impunidad, las y los defensores de derechos humanos no estarían en riesgo de ser asesinados en nuestro país.

Por tal motivo, las autoridades de los tres niveles de gobierno, en especial quienes integran la Junta de Gobierno del Mecanismo, deberían por lo menos reconocer públicamente la labor que realizan estas personas para la sociedad mexicana.

Mientras esto no suceda, seguiremos lamentándonos de desgracias, justificando las fallas mediante debates sobre las formas de analizar el riesgo, la eficacia del botón de pánico, la importancia de fortalecer un Mecanismo que busca proteger a la persona que ya fue amenazada y agredida; reaccionando y haciendo parches ante las fallas institucionales que han permitido que exista el riesgo de defender derechos humanos en México.

 

*Axel García es coordinador del Proyecto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la @CMDPDH.

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