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Verdad, justicia y reparación
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Prioridades y pendientes en la agenda multilateral
De poco sirve que el Estado mexicano tenga legitimidad al exterior si persiste una distancia entre los acuerdos multilaterales y su aplicación al interior.
Por CMDPDH
16 de enero, 2017
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Por: Olga Guzmán Vergara (@OlGuz)

Después de la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules que se llevará a cabo del 9 al 11 de enero en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por cuarto año consecutivo embajadores y representantes permanentes de México ante los organismos internacionales sostuvieron un encuentro convocado por el Senado de la República para analizar el panorama internacional del 2017 y plantear las prioridades de la política exterior mexicana en la agenda multilateral de este año.

La migración, los derechos humanos, el combate a la pobreza, el desarme nuclear, la implementación de la Agenda 2030 y la paz sustentable – como un nuevo paradigma desarrollado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas – son las principales prioridades identificadas en el ámbito multilateral para este año.

Sin embargo, el multilateralismo como un método de concertación diplomática y de formación de consensos y acuerdos colectivos en el ámbito internacional, enfrenta importantes retos en los años por venir. El surgimiento de nacionalismos, discursos xenófobos y políticas proteccionistas, pondrán al multilateralismo a prueba.

México, con el importante legado histórico que tiene en el multilateralismo, deberá defenderlo. No solo deberá identificar nuevos aliados regionales, sino que incluso deberá romper con paradigmas enquistados.

La política de desconfianza, cuestionamiento y autocomplacencia manifestada – particularmente hacia los organismos internacionales de derechos humanos – de la actual administración, deberá transcender para hacer frente a los retos que implicará la reconfiguración internacional del 2017.

Pese a ingentes desafíos, la principal prioridad a la que el Estado mexicano debe aspirar es a la congruencia entre lo externo y lo interno. De poco sirve que el Estado mexicano tenga un gran prestigio y legitimidad al exterior si persiste una gran distancia entre los acuerdos alcanzados en el ámbito multilateral y la manera en cómo éstos se traducen al interior.

Las organizaciones de la sociedad civil y el poder legislativo serán actores clave. Por un lado, el Estado deberá seguir buscando formas efectivas y novedosas de involucrar a las organizaciones no gubernamentales en la construcción de la política exterior, así como en los procesos de toma de decisiones. Los gobiernos del mundo no pueden soslayar más la importancia que han tenido las organizaciones de la sociedad civil en el establecimiento de las agendas multilaterales, tal y como lo ha sido la agenda 2030 o el problema mundial de las drogas, y por lo tanto, deberán seguir siendo actores fundamentales en los procesos de negociación.

Por el otro, los actores parlamentarios deberán materializar los acuerdos alcanzados en el ámbito multilateral a través de legislaciones que honren dichos consensos. Será igualmente el caso de la implementación de la agenda 2030, así como del abandono del paradigma prohibicionista enarbolado en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

En el tema de derechos humanos, la política exterior deberá revigorizarse. México no podrá seguir gozando de la autoridad moral alcanzada a nivel internacional, en tanto no sea capaz de garantizar al interior el respeto y la protección irrestricta de los derechos humanos. Es momento que en este 2017 el Estado mexicano traduzca su prestigio alcanzado en el ámbito multilateral de derechos humanos, en políticas congruentes que prevengan, investiguen y sancionen las violaciones a derechos humanos que se cometen a diario al interior del país. Este año, el Estado mexicano tendrá diversas oportunidades de hacerlo.

Por nombrar solo algunos momentos, en el 2017 se revisarán el estado de cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de las personas migrantes, de los cuales tendrá que comparecer ante los Comités de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares.

Así mismo, el Estado mexicano tendrá la oportunidad de implementar medidas efectivas para respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua, así como los derechos de los pueblos indigenas, ante las visitas de sendos Relatores Especiales de la ONU programadas para este año. No deberá perder la oportunidad de tener un diagnóstico fiable que brinde una aproximación hacia el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México – aún sin cuantificar y sin política pública alguna que lo atienda – aceptando la solicitud de visita ratificada en diciembre de 2016 por la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, solicitada para la segunda mitad del 2017.

En el problema mundial de las drogas, como multilateralmente fue denominado y analizado por la comunidad internacional en abril del 2016, el Estado mexicano deberá refrendar su compromiso internacional manifestado en la UNGASS 2016 de poner en el centro del debate el bienestar de las personas y el respeto a los derechos humanos. Tal y como activamente ha promovido resoluciones para la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, y defendido la creación del primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, deberá impulsar el establecimiento de un mecanismo permanente, dentro de los procedimientos especiales de derechos humanos de la ONU, cuyo mandato sea supervisar y evaluar los impactos en los derechos humanos de las políticas implementadas en el combate a las drogas.

Así mismo, será fundamental que este año el Estado mexicano acepte las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada y el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales. Al aceptar dichos procedimientos por estos órganos de tratados, se dará una señal contundente sobre su firme compromiso en la exigibilidad y justiciabilidad de derechos, al interior y al exterior del país.

En el ámbito interamericano, este año México hospedará el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente en relación a su presupuesto y actuación para el beneficio efectivo de las víctimas de la región, deberá ser un tema principal de análisis y deliberación.

Sin lugar a dudas, habrá retos que solo bajo la cooperación, el principio de buena fé y el multilateralismo podrán superarse. México, podrá ser uno de los principales beneficiados.

Dada la crisis de credibilidad y Estado de derecho que enfrentan las instituciones en el país, el Estado mexicano deberá aceptar la cooperación internacional y de los organismos internacionales especializados.

Tal y como ha ocurrido en países con altos índices de impunidad y corrupción, la cooperación de los organismos internacionales y gobiernos del mundo, ha resultado imprescindible para restituir el Estado de derecho, recobrar la confianza en las instituciones y reconciliar a la población.

México deberá en primer lugar reconocer la impunidad prevaleciente y la crisis de violencia y derechos humanos que lo azota, y habrá de materializar las recomendaciones de los organismos internacionales que han diagnosticado el problema.

Sin demora ni titubeos, el Estado mexicano debe aceptar en su totalidad las 14 recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y preparar el terreno para el establecimiento de un Consejo Asesor, compuesto por personas expertas nacionales e internacionales, que inicien con un proyecto articulado, participativo e incluyente, que ponga fin a la impunidad y corrupción que tan fatigada tiene a la Nación.

 

@CMDPDH

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