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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
¿Qué celebra el 10 de mayo una madre cuyo hijo fue desaparecido hace 27 años?
El teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán desapareció el 8 de mayo de 1993 a la edad de 25 años, en circunstancias que indican el involucramiento del Ejército mexicano, institución que en todo momento ha buscado desviar las líneas de investigación del caso.
Por Familia Muñoz Guzmán y Anahí Ruelas Orozco
11 de mayo, 2020
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La pregunta puede parecer retórica, pero no lo es para las miles de madres mexicanas que están en busca de respuestas a la verdad y justicia de sus hijas e hijos desaparecidos/as y que, año con año, salen a las calles a marchar el 10 de mayo al grito de “este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”; “Hijo, escucha, ¡tu madre está en la lucha!”.

 

“Para mí, el día de las madres representa un día muy amargo, pero a la vez de esperanza, porque cada que escucho timbrar el teléfono, corro esperanzada de que seas tú el que llama”.

María Guadalupe Guzmán Romo, madre de Miguel Orlando Muñoz Guzmán.

La última llamada que María Guadalupe Guzmán Romo recibió de su hijo, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, fue el 08 de mayo de 1993 desde las instalaciones del 26° Batallón de Infantería en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando alegremente le dio la noticia que pronto ingresaría a la Escuela Superior de Guerra, y le prometió llamarla el 10 de mayo para felicitarla –llamada que, hasta ahora, no ha podido llegar–.

Miguel Orlando Muñoz Guzmán, teniente de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, desapareció el 8 de mayo de 1993 a la edad de 25 años. Su desaparición ocurrió en circunstancias que indican el involucramiento del Ejército mexicano, institución que en todo momento ha buscado desviar las líneas de investigación del caso, haciendo pasar por una deserción y luego un viaje a Estados Unidos por parte de Miguel Orlando.

De acuerdo con algunas declaraciones, Miguel Orlando pudo haber tenido acceso a cierta información y, asimismo, se presume fue testigo de diferentes hechos delictivos que involucran a miembros del Ejército mexicano en actos de corrupción, quienes, además, se presume estaban ligados con el narcotráfico, lo que se puede considerar como un motivo por el cual fue desaparecido en una acción de represalia por integrantes del Ejército mexicano.1

En México, la obstaculización en la investigación de desapariciones forzadas se ve incrementada cuando éstas van dirigidas a militares como posibles partícipes en la desaparición. Según el Informe Justicia Olvidada: la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México de Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA) señalan al menos tres acciones relacionadas con las autoridades militares que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones civiles:

  1. El inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles,
  2. la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y,
  3. casos en que los soldados han alterado escenas del crimen o declarado falsamente.

Otro de los obstáculos que el Informe de WOLA señala es que las investigaciones civiles en contra de militares no profundizan la cadena de mando. No se investiga a superiores jerárquicos, lo cual ha sido un grave problema en el sistema de justicia en México. Siendo un factor importante, dado que ahí se encuentran múltiples testimonios sobre las dinámicas entre los altos mandos militares y sus subordinados dentro del Ejército mexicano.

La madre y familia de Miguel Orlando se han enfrentado a estos y otros obstáculos durante más de dos décadas. Tras la desaparición de Miguel Orlando, su familia denunció ante autoridades militares y civiles, lo que les generó una serie de amenazas en su contra, con mensajes como: “más les vale que dejen de meter al ejército en esto o les va a pesar, los tenemos bien vigilados”, lo que propició incluso que la familia de Miguel Orlando tuvieran que salir del país para salvaguardar su vida e integridad.

Después de una serie de omisiones e inconsistencias en las investigaciones, como la pérdida y falsificación de pruebas, la familia de Miguel Orlando acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organismo que el 28 de febrero de 2006, emitió el Informe de fondo N° 2/06 en el que declara la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos de protección judicial y garantías judiciales, y concluyó que: “el Estado mexicano tiene la carga de probar cuál ha sido su destino, por tratarse de un militar que fue visto por última vez dentro de un cuartel militar”.2

Sin embargo, aún con un pronunciamiento de un Organismo Internacional de protección a derechos humanos, el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de investigar efectivamente, toda vez que, hasta el año pasado, la investigación se encontraba en manos del fuero local en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como delito común y no como un delito federal al existir indicios de la participación de elementos del ejército mexicano en la desaparición.

Es hasta el 12 de septiembre de 2019 que la familia de Miguel Orlando fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre atraer la averiguación previa del caso en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR, en la que tendrán la obligación de investigar como una desaparición forzada el caso y establecer líneas en la indagación de altos mandos probablemente involucrados en la desaparición de Miguel Orlando Muñoz Guzmán.

El 8 de mayo de este año se cumplieron 27 años de búsqueda de justicia para la familia Muñoz Guzmán. Ya son 27 años que María Guadalupe Guzmán Romo espera la llamada prometida de felicitación de su hijo Miguel Orlando en el “día de las madres”. Sin embargo, la esperanza de justicia la mantienen en pie, y lo reafirma desde sus palabras: 

“Una madre no se cansa de esperar, de luchar y buscar al hijo desaparecido; de tener fe y esperanza en volver a verlo y abrazarlo. Una madre no se cansa de exigir justicia. Jamás te abandonaré, ni dejaré de luchar hasta encontrarte con vida”.

“¡Vivo le entregué al ejército a mi hijo, vivo lo tienen que regresar!”.

Teniente de Infantería, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, ¡presente!

* Familia Muñoz Guzmán y Anahí Ruelas Orozco, abogada del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 

1 En una carta escrita por el Sr. Miguel Muñoz García, padre de Miguel Orlando Muñoz Guzmán, manifestó lo siguiente: “Los únicos responsables de la desaparición de mi hijo son elementos del Ejército y ya que de acuerdo a la versión de los oficiales, mi hijo se dio cuenta de que el General Luis Montiel (sic) López, Comandante de la 5ta. Zona militar, y el Tte. Coronel Pedro Gutiérrez López son narcomilitares y que recibían de manera (sic) regular (en varias ocasiones durante el mes) fuertes cantidades de dólares por parte de narcotraficantes y conocidos de la zona a cambio de su protección y libre tránsito del contrabando. Por lo que mi hijo fue trasladado clandestinamente en la madrugada del día 9 de mayo de 1993 al Campo militar número uno de la Ciudad de México”. (Carta escrita por el Sr. Miguel Muñoz García en San Julián, Jalisco, el 29 de septiembre de 1997).

2 En el Infome de Fondo N° 2/06 la CIDH emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano: 1) investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, para sancionar a todos los responsables de los hechos que conforman dicha figura jurídica y, 2) reparar adecuadamente a los familiares de Miguel Orlando Muñoz Guzmán por las violaciones de derechos humanos establecidas en el presente informe. Dichas recomendaciones no han sido cumplidas por el Estado mexicano.

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