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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
¿Quédate en casa? Cómo viven las personas desplazadas la pandemia de la COVID-19
Al día siguiente del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia en México, en la sierra de Guerrero la violencia expulsaba de sus casas a 800 personas.
Por Lígia de Aquino, Pablo Cabada y Anahí Ruelas
25 de mayo, 2020
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Salvar vidas: este es el objetivo de los gobiernos que hoy urgen a sus ciudadanas/os a quedarse en casa. Paradójicamente, para muchas personas que se vieron amenazadas por conflictos, desastres naturales u otras situaciones de riesgo, salir —abandonando sus hogares y huyendo— era la única alternativa disponible para alcanzar ese mismo objetivo. Para estas personas, que ya se enfrentan diariamente a las consecuencias y efectos devastadores de su desplazamiento forzado, la llegada de la pandemia de la COVID-19 trae una serie de nuevos desafíos.

Según datos presentados por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), durante el 2019 se registraron 33.4 millones de nuevos desplazamientos internos en el mundo causados por conflictos y desastres, la cifra más alta desde el 2012. Considerando a las personas desplazadas en años anteriores y que no han encontrado una solución, se estima que, al final de 2019, 50.8 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno mundialmente.

Para el caso de México, el IDMC reportó que 16,000 personas fueron desplazadas por desastres naturales durante el último año, y 7,100 tuvieron que abandonar sus hogares debido a eventos de violencia, las cuales se unen a las 338,405 que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) había registrado hasta diciembre de 2018.

La violencia, los desastres y los desplazamientos forzados no han cesado ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. De acuerdo con un informe reciente del Consejo Noruego para Refugiados, entre el 23 de marzo y el 15 de mayo de 2020, 661,000 personas fueron desplazadas por conflictos en 19 países. La organización señala que en varios de los países afectados las situaciones de violencia prolongada han debilitado las economías y los sistemas de salud locales, disminuyendo la capacidad de respuesta de los gobiernos y aumentando los impactos de la crisis sanitaria.

En México, los reportes de ataques armados por parte de grupos de corte paramilitar a comunidades desplazadas en Chiapas continúan y, al día siguiente del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la violencia desplazaba a alrededor de 800 personas en la sierra de Guerrero.

Considerando que, comprensiblemente, la pandemia de la COVID-19 ha dominado la agenda política, los medios de comunicación y la opinión pública, es de suma importancia realizar esfuerzos para visibilizar los desplazamientos que ocurren en este contexto. Las poblaciones desplazadas internamente tienen necesidades urgentes de atención y están expuestas a sufrir nuevos ataques y desplazamientos, de forma que la invisibilización de su situación aumenta su nivel de riesgo y desprotección.

Otro factor preocupante con relación a los desplazamientos que ocurren durante la emergencia sanitaria es que, además de generar múltiples impactos en la vida de las personas desplazadas, estos podrían contribuir a la diseminación del virus y causar nuevos brotes de la enfermedad, tanto entre la población desplazada como en las comunidades de acogida temporal o permanente. Además de las serias implicaciones en términos de salud personal y pública, esto también podría llevar a la estigmatización y discriminación hacia las personas desplazadas internamente.

Ante la ausencia de una vacuna o de tratamientos específicos para la COVID-19, las principales medidas de combate a la enfermedad consisten en evitar nuevos contagios a través del distanciamiento físico y de medidas de higiene como lavarse frecuentemente las manos, limpiar superficies y usar cubrebocas. Gran parte de la población desplazada internamente no cuenta ni con los recursos ni con la información necesaria para implementar dichas medidas.

El acceso a la información es un desafío para aquellas personas desplazadas que viven en zonas aisladas, sin infraestructura o con poca presencia estatal. Asimismo, las comunidades indígenas, que conforman una parte significativa de la población desplazada internamente en México, difícilmente tienen acceso a información que esté en su idioma y sea culturalmente adecuada. El desconocimiento acerca de los síntomas de la COVID-19 y cómo identificarlos, de las formas de contagio, de las medidas de prevención, así como de los tratamientos y rutas de atención, pone a la población desplazada en mayor riesgo ante la enfermedad.

Otro aspecto común de la realidad de la población en condición de desplazamiento interno es la falta de acceso a vivienda y condiciones de vida adecuadas. Muchas de las personas desplazadas viven en condiciones insalubres y de hacinamiento, lo que impide la adopción del distanciamiento físico y favorece la propagación del virus. Sin acceso a servicios de agua y saneamiento, así como a recursos materiales como jabón, productos de limpieza, guantes y cubrebocas, las posibilidades de implementar de forma eficaz las medidas de higiene y prevención son prácticamente nulas para muchas personas desplazadas.

La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 también ha tenido un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria de algunas comunidades desplazadas, como en el caso de la población tzotzil desplazada en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas. Para esta población, la búsqueda de alimento implica un doble riesgo a su integridad: los expone a la posibilidad de contraer la enfermedad y de ser heridos por una bala de los grupos paramilitares.

Al tener que abandonar abruptamente sus hogares, los cuales muchas veces son destruidos o saqueados durante o después del desplazamiento, muchas personas desplazadas pierden su patrimonio y bienes materiales, incluyendo documentos personales. La falta de documentación aumenta la vulnerabilidad de estas personas ante la crisis sanitaria, ya que podría impedir o dificultar su acceso a servicios de salud y seguridad social, así como a los auxilios emergenciales del gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Cabe señalar, además, que dichos efectos económicos tienen un impacto desproporcionado sobre las personas que para sobrevivir dependen de la economía informal y de asistencia humanitaria, lo que es el caso de muchas personas que, tras desplazarse, han perdido sus fuentes de trabajo y medios de subsistencia.

Finalmente, cabe destacar algunos de los impactos que puede tener la crisis sanitaria sobre perfiles específicos de personas que conforman la población desplazada internamente. Como lo señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las medidas de aislamiento y distanciamiento social, la suspensión de servicios de asistencia a mujeres y los impactos económicos de la pandemia pueden exponer a las mujeres y niñas desplazadas a un mayor riesgo de violencia intrafamiliar, así como de explotación laboral y sexual. Para las niñas y niños en situación de desplazamiento que frecuentaban la escuela, la suspensión de los servicios escolares para evitar la propagación de la COVID-19 significa que muchos/as no podrán dar continuidad a su educación, ya que no cuentan con los recursos y condiciones necesarias para tomar las clases de forma virtual.

La crisis sanitaria actual ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales y los procesos de marginación social, económica y cultural existentes en nuestras sociedades. Aunque es cierto que el virus no discrimina a la hora de elegir a sus víctimas y que todas/os estamos sujetas/os a contagiarnos, es indiscutible que las poblaciones vulnerables enfrentan desafíos adicionales y son afectadas de forma desproporcionada, como se ha demostrado a través del caso de las personas desplazadas internamente. Consecuentemente, las medidas generales de prevención, protección y asistencia no son adecuadas, suficientes o efectivas para atender su situación, y se deben generar medidas especializadas.

En este sentido, como señaló la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, es imprescindible que la población desplazada participe directamente en los procesos de definición, construcción e implementación de las medidas especializadas que se generen para atender su situación, dado que son quienes conocen mejor los retos específicos que enfrentan.

En México, a pesar del reconocimiento oficial del fenómeno en abril de 2019, todavía no existe una política pública especializada para atender de manera integral el desplazamiento interno forzado, de forma que la población desplazada internamente se encuentra desatendida. De este modo, a la urgencia de que se adopten políticas de prevención, protección y atención integral que estén de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y permitan el alcance de soluciones duraderas, se suma la necesidad apremiante de tomar medidas para responder a los impactos desproporcionados de la pandemia de la COVID-19 sobre la población desplazada.

* Lígia de Aquino (@ligiaabm) es investigadora del área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH. Pablo Cabada (@cabudasan) es consultor del área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH. Anahí Ruelas (@ARuelaso) es abogada del área de defensa de la CMDPDH.

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