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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Reforma judicial: ¿un cambio de época?
La tortura y la fabricación de culpables tienen a miles de personas inocentes injustamente privadas de la libertad sin que el Poder Judicial de la Federación ofrezca soluciones.
Por CMDPDH
17 de mayo, 2021
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Recientemente se aprobó la llamada Reforma con y para el Poder Judicial. Se anunció como “la reforma judicial más trascendente desde 1994, la cual consolidará una mejor justicia, más cercana, sensible y profesional en beneficio de la gente”; incluso, con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció un cambio de época en su jurisprudencia, tal y como sucedió con la reforma de derechos humanos en 2011.

Esta reforma judicial se ha presentado, tanto en medios de comunicación como entre las propias autoridades que la impulsaron, como la más trascendente de los últimos tiempos, porque consideran que con ella recobrarán la confianza de la ciudadanía, se cerrará la brecha que existe entre ésta y las personas que integran el Poder Judicial Federal y se agilizará la impartición de justicia; pero ¿en realidad las diversas reformas alcanzarán a tener el impacto que se pretende?

No es intención de este espacio analizar a profundidad cada uno de los cambios introducidos con la reforma, sino hacer una breve reseña crítica de la reforma desde la perspectiva de la grave crisis de violaciones graves a derechos humanos en México. Desde nuestra perspectiva, la reforma judicial no atiende todos los grandes problemas de la justicia en México, ni ofrece respuestas a la crisis a la que nos enfrentamos.

El diagnóstico y el contenido de la reforma

En la exposición de motivos del proyecto de reformas, se refleja una especie de diagnóstico sobre la reputación y funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación y sus integrantes. Este diagnóstico concluye que situaciones como el nepotismo, compadrazgo y corrupción, son las causas de las desigualdades en el sistema judicial, de la desconfianza de la gente en la administración de justicia y del impedimento para alcanzar el “verdadero gobierno de las leyes”.

A partir de ello, se asegura que la reforma es producto de la reflexión sobre las fortalezas y debilidades del Poder Judicial de la Federación; pero no refleja un diagnóstico sobre el papel que ha tenido el Poder Judicial de la Federación en la generación y conservación de la impunidad estructural en México y en la crisis mexicana de derechos humanos.

El contexto mexicano

La reforma no incluye un diagnóstico de contexto. México vive una crisis de derechos humanos en virtud de las atrocidades masivas cometidas a gran escala por agentes estatales y no estatales. Es indiscutible que, en los últimos cincuenta años, el país ha experimentado -con distintas intensidades- situaciones de violencia extrema, patrones de macrocriminalidad y la perpetración de crímenes atroces en un contexto de absoluta impunidad. Gobiernos de todos los partidos y autoadscripciones ideológicas han dejado a las víctimas en el desamparo, y han permitido que el deterioro del Estado llegue a tal grado que las víctimas han dejado de creer en la justicia.

La CMDPDH ha encontrado que, desde el 2006, los relatos de tortura se han convertido en algo cada vez más común en México. La Fiscalía General de la República registró que se iniciaron 13,560 investigaciones penales por el delito de tortura de 2006 al 2019. A su vez, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura informó tener 4,655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019.

Desafortunadamente, la CMDPDH encontró que denunciar la tortura no garantiza el acceso a la justicia: el Consejo de la Judicatura Federal declaró que solo se han emitido 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales sólo 18 fueron condenatorias. Esto quiere decir que únicamente el 0.19% de los casos investigados tiene una sentencia.

En el mismo sentido, encontramos que, del enorme universo de denuncias por personas desaparecidas, “entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal dijo contar con 27 sentencias a nivel federal, de las cuales sólo 13 fueron condenatorias. En este sentido, uno de los más grandes adeudos del Estado mexicano es localizar a las personas desaparecidas, garantizar el acceso a la justicia de sus familiares y seres queridos, a la vez que depurar las fuerzas de seguridad de quienes hubieren participado en dichos crímenes”.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la situación a la que nos enfrentamos de fabricación de culpables en México. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 arroja que a nivel nacional el 50.2% de población privada de la libertad se declaró inocente frente al ministerio público y que el 46.7% de las personas que se declararon culpables lo hicieron bajo alguna influencia indebida por parte de operadores del sistema de justicia.

El Estado ha recurrido a la fabricación de culpables para aparentar la rendición de resultados en la lucha contra el enemigo público del momento. Prueba de ello es que la Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal reveló que, durante el periodo en el que el combate al secuestro fue la prioridad en la política de seguridad, la tortura se aplicaba en mayor escala en casos de personas acusadas de haber cometido dicho delito, mientras que estas cifras disminuyeron considerablemente cuando la prioridad en la política de seguridad cambió al combate al narcotráfico.

La tortura y la fabricación de culpables tienen a miles de personas inocentes injustamente privadas de la libertad sin que el Poder Judicial de la Federación ofrezca soluciones. Por ejemplo, en el Caso Tlaxcala, tres personas se encuentran privadas de libertad desde hace casi dos décadas; en el Caso Nino Colman desde hace once años; en el Caso Hugo Martínez Gorostieta desde hace trece años.

En cada uno de esos casos, el Poder Judicial de la Federación –incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación– han tolerado  violaciones a derechos humanos cometidas por las fiscalías  de tal magnitud, que ameritarían dictar su libertad inmediata.

La reforma que necesitamos

Es claro que hoy el problema más apremiante de la justicia en México es la impunidad que acecha a prácticamente todos los casos de violaciones graves a derechos humanos. Si bien gran parte de la responsabilidad de esa impunidad radica en las omisiones de la Fiscalía General de la República y sus homólogas locales, la realidad es que el Poder Judicial de la Federación no hace una reflexión profunda sobre sus omisiones en los casos que logran llegar a revisión judicial.

A más de una década de que se dispararon abismalmente las cifras de personas ejecutadas, desaparecidas o torturadas para fabricarles una culpabilidad, hoy el debate judicial sobre las violaciones graves a derechos humanos es prácticamente inexistente. Las listas de asuntos en la Suprema Corte las siguen acaparando pleitos impulsados por abogados que representan a altos intereses económicos y políticos; las organizaciones y las víctimas se han visto obligadas a litigar para obtener reconocimientos judiciales de lo evidente y, aún en dichos escenarios, se han encontrado con el hecho de que en México no basta con tener la razón jurídica en un caso; no existe ni una sola condena judicial en contra de un alto mando militar o civil por violaciones graves a derechos humanos; se ha emitido jurisprudencia altamente preocupante respecto de casos de tortura; no existe un mecanismo judicial para analizar y remediar casos de fabricación de culpables; no se ha revertido el absurdo criterio de las restricciones constitucionales, derivado de la sentencia de la Contradicción de Tesis 293/2011; no se puede obtener una reparación integral a través del único medio de control constitucional al que pueden acceder los ciudadanos; sigue sin existir un recurso efectivo para hacer frente judicialmente a casos de atrocidades masivas, por mencionar algunos temas.

Una reforma genuinamente trascendente y transformadora del Poder Judicial se tendría que haber centrado en explorar la mejor forma para poder acercar la justicia a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos que llevan en la línea de espera desde 1960 y a las que se han sumado cientos de miles de víctimas hasta la fecha. Es evidente que el problema de la justicia constitucional en México no solo radicaba en la dificultad de establecer un criterio obligatorio: la crisis de la justicia, la situación de los olvidados de la justicia es mucho más compleja que eso.

Como se reconoce en el Libro Blanco de la Reforma Judicial, la experiencia regional nos dice que el verdadero inicio de la reforma judicial latinoamericana se da en los contextos postdictaduras, como parte de una respuesta congruente y esencial para consolidar un Estado de derecho y fortalecer la institucionalidad e independencia de los poderes judiciales con el objetivo de garantizar que tuvieran las capacidades y condiciones necesarias para sostener procesos exitosos de justicia en contra de poderosos perpetradores de violaciones a derechos humanos.

Así, se señala en el Libro Blanco, “la idea del fortalecimiento del Poder Judicial se entendía como una parte esencial para la articulación de una democracia comprometida con el respeto a los derechos humanos”. Sin embargo, hoy la reforma judicial omitió deliberadamente abordar la reflexión respecto de la necesidad de impulsar una reforma judicial con perspectiva de justicia transicional y de prevención de atrocidades masivas, acorde a las necesidades del contexto mexicano.

La realidad es, y tristemente seguirá siendo, que la justicia en México no existe. Las experiencias latinoamericanas, que reflejan esfuerzos reales por transformar los poderes judiciales para habilitarlos a funcionar efectivamente en contextos de violaciones graves a derechos humanos, nos dejaron la lección de que una reforma al poder judicial requiere de un consenso muy amplio entre los distintos actores gubernamentales y sociales para poder funcionar.

El Poder Judicial de la Federación desaprovechó deliberadamente una oportunidad histórica.  Pudo haber hecho suyas las exigencias de las cientas de miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos al impulsar la reforma judicial adecuada para enfrentar la crisis que vivimos, pero se quedó atrapada entre lo que pudo ser y -muy probablemente- nunca será. Mientras tanto, el dolor y la frustración derivada no solo por la perpetración de las atrocidades, sino por la revictimización que supone no encontrar justicia ni siquiera en el más alto tribunal del país se seguirán acumulando.

@CMDPDH

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