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Verdad, justicia y reparación
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Repensar un modelo de regulación para el cannabis medicinal en México
Pareciera tener más sentido que, de aprobarse una iniciativa de cannabis medicinal, se buscara implementar desde ahora un modelo que no sólo incorpore la regulación de la siembra, el cultivo, la cosecha y la producción del cannabis medicinal, sino que contemple la inclusión de organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación nacionales.
Por CMDPDH
28 de diciembre, 2015
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Por: Amaya Ordorika (@Amaya903)

En noviembre de 2015, la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz, presentó una iniciativa de enmienda a la Ley General de Salud y a la Ley de Impuestos Generales sobre Importación y Exportación con el objetivo de legalizar la importación de medicamentos a base de cannabis.

Esta iniciativa representa importantes avances en el debate nacional sobre esta planta: reconoce los usos medicinales y terapéuticos del cannabis y parte de la historicidad de estos usos; recoge la importancia de las nuevas investigaciones sobre cannabis medicinal; hace énfasis en la falta de un marco jurídico que considere estas cualidades terapéuticas; afirma que la prohibición como política de estado no sólo no ha logrado cumplir sus objetivos, sino que “ha contribuido en el incremento exponencial del negocio ilícito”, y destaca la implementación de políticas de reducción de daños a nivel internacional.

Esta iniciativa busca reformar los artículos 237 y 245, fracción I de la Ley General de Salud (LGS), y el capítulo 12 apartado 12.11 y el capítulo 30 apartados 30.03 y 30.04 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE).

En concreto propone modificar la LIGIE para permitir la importación de medicamentos que contengan cannabis, y eliminar la mención del cannabis en el artículo 237 de la LGS en el cual se especifican las sustancias para las cuáles se prohíbe la “siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo”.

Asimismo, modifica la clasificación de sustancias psicotrópicas establecido en el artículo 245 de la LGS para trasladar al Tetrahidrocannbinol (THC) y los cannabinoides sintéticos de la lista I que incluye sustancias “que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública” a la lista III que incluye aquellas sustancias “que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública”.

A pesar de los valiosos avances que representa, resulta fundamental destacar una limitante que incluso la misma iniciativa reconoce: solamente permite la importación de medicamentos hechos a base de cannabis, manteniendo la prohibición de su producción a nivel nacional, dejando así la producción y el suministro de estos medicamentos en manos de farmacéuticas extranjeras.

La misma iniciativa reconoce que esto podrá resultar en un acceso “un tanto difícil y costoso” a estos medicamentos y mantiene que de aprobarse sería un “importante primer paso que obedece a la necesidad de ampliar el debate alrededor de la postura prohibicionista del Estado mexicano y lograr un andamiaje legal, idealmente en el corto plazo, que regule de manera firme y efectiva la siembra, cultivo, cosecha y producción de la marihuana y los productos que pueden derivar de ella para la producción nacional de medicamentos que permita una disponibilidad más asequible y expedita”.

Sumado a esto, la iniciativa solamente permite importar medicamentos hechos a base de cannabis. Esto quiere decir que son extraídos algunos compuestos de la planta para crear el medicamento. Este procedimiento es común en la medicina herbal, pero como se detalla en el Informe “Mariguana como medicina: usos médicos y terapéuticos del cannabis y los cannabinoides”, investigaciones en todo el mundo han evidenciado que para la mayoría de las enfermedades es necesaria la colaboración de los diferentes compuestos que se encuentran presentes en el cannabis para obtener un mejor efecto terapéutico, por lo que es importante el acceso a la planta completa.

Pareciera tener más sentido que, de aprobarse una iniciativa de cannabis medicinal, se buscara implementar desde ahora un modelo que no sólo incorpore la regulación de la siembra, el cultivo, la cosecha y la producción del cannabis medicinal, sino que contemple la inclusión de organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación nacionales. Un modelo similar al que se está comenzando a implementar en Chile, en donde se han aprobado ya dos plantaciones de cannabis en la municipalidad de La Florida en Santiago, la capital del país, para uso medicinal y académico.

El proyecto implementado en Chile es promovido por la municipalidad de La Florida y la Fundación Daya, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y promoción de terapias alternativas para aliviar el dolor, y está avalado por la Universidad de Valparaíso y la Fundación Arturo López Pérez, que se especializa en tratamientos oncológicos. Este proceso no excluye la importación de cannabis medicinal, aunque esta alternativa ha probado ser costosa y, por lo tanto, poco sostenible para quienes lo necesitan.

En Chile aún no desarrollan una legislación que acompañe este esfuerzo, sin embargo, muestra una clara voluntad política de las autoridades chilenas; a partir de este proceso Chile no sólo ha comenzado a producir sus propios medicamentos a base de cannabis sino que podrá generar investigaciones valiosas en cuanto a sus usos medicinales y terapéuticos.

El Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación del Senado de la República, creado en noviembre de este año, que se encargará de revisar las iniciativas presentadas hasta ahora para la regulación del cannabis, tiene una oportunidad para repensar un modelo integral de regulación del cannabis medicinal en México que priorice las necesidades de las y los pacientes, la producción local y la investigación nacional.

 

*Amaya Ordorika es investigadora de la @CMDPDH sobre política de drogas y derechos humanos.

 

 

Este Consejo está integrado por senadores, representantes de la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática , el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Organización de las Naciones Unidas, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de México, entre otras personas.

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