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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Retos legislativos para proteger y reparar a víctimas de violaciones graves de DDHH
El pasado 30 de abril fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 73 de la Constitución, la cual faculta al Congreso para emitir leyes generales en materia de desaparición forzada de personas y de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Desafortunadamente, dicha reforma no corresponde a la anhelada oportunidad para generar marcos normativos para la protección de otras violaciones graves a los derechos humanos, como lo son el desplazamiento interno forzado y las ejecuciones arbitrarias.
Por CMDPDH
11 de mayo, 2015
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Por: Olga Guzmán (@OlGuz

Este 10 de mayo, miles de madres recorrieron del Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, exigiendo justicia y verdad por sus hijas e hijos desaparecidos por fuerzas del Estado y el crimen organizado.

marcha

Y es que desde 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón declarara una guerra abierta contra las drogas, la desaparición forzada, la tortura, y otras violaciones a los derechos humanos -como el desplazamiento interno forzado, las detenciones y ejecuciones arbitrarias, el arraigo o el abuso de la prisión preventiva- comenzaron no sólo a convertirse en las principales preocupaciones de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, sino a debilitar cada vez más el de por sí poco consolidado Estado de derecho en el país.

Afortunadamente, el pasado 30 de abril fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual faculta al Congreso de la Unión la emisión de leyes generales en materia de desaparición forzada de personas y de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Así, con esta reforma se obliga al Congreso a crear una ley secundaria que tipifique la desaparición forzada y tortura como delitos graves.

Esta reforma constitucional no sólo constituye un primer y muy importante paso para el reconocimiento y atención de dichas violaciones graves a los derechos humanos, sino que también representa el cumplimiento de diversas recomendaciones de expertos y mecanismos internacionales de derechos humanos, como lo es el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) -que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Ayotzinapa- y el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED). Así mismo, este paso legislativo representa el cumplimiento de demandas históricas realizadas por víctimas, organizaciones sociales y de la sociedad civil, quienes siguen clamando por verdad y justicia.

Desafortunadamente, dicha reforma constitucional no corresponde a la anhelada oportunidad para generar marcos normativos –que no deberían postergarse más– para la protección de otras graves violaciones a los derechos humanos, como lo son el desplazamiento interno forzado y las ejecuciones arbitrarias.

El desplazamiento forzado es considerado como una de las crisis humanitarias más importantes de nuestro tiempo, ya que las personas desplazadas son uno de los grupos poblacionales más desprotegidos al experimentar múltiples violaciones a los derechos humanos y padecer una progresiva degradación de sus derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales.

En el contexto de violencia generalizada que atraviesa el país, existe información que indica que entre los años 2011 y 2015, 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados de la República mexicana.

Pese al impacto devastador que ha tenido este fenómeno, no sólo sobre quienes lo padecen, sino sobre la sociedad y sobre el territorio tanto expulsor como receptor, México carece aún del andamiaje legal e institucional necesario para proteger y asistir la problemática del desplazamiento interno.

Es por ello que este fenómeno necesita ser tratado como una categoría jurídica, legal e institucionalmente definida, y debe ser atendido en el marco de una política integral, para lo cual se requieren diagnósticos, leyes y políticas de alcance nacional. Para ello, en primer lugar, las autoridades federales deben reconocer cuanto antes el fenómeno del desplazamiento interno como un problema que se extiende hacia diversas entidades del país y se debe evitar relegar la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas a los estados de la República.

En materia de ejecuciones arbitrarias, los casos de San Fernando, Cadereyta, Tlatlaya, Ayotzinapa y más recientemente Apatzingán, son muestras de la persistencia y gravedad de esta práctica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 57 recomendaciones sobre el tema del 1o de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014. Todas esas recomendaciones tienen que ver con hechos violentos que derivan, por ejemplo, del uso excesivo, desproporcionado o innecesario de la fuerza letal, normalmente agravados por la falta de protocolos adecuados para el levantamiento de cadáveres y el seguimiento a la cadena de custodia de la evidencia.

En cumplimiento con las recomendaciones emitidas, tanto por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas en su informe con motivo de su visita a México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, y al Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en su evaluación a México en 2013, resulta apremiante que el Congreso tenga la facultad para expedir una ley general sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales para consolidar el sistema legislativo con estándares internacionales relacionados con la prohibición de las ejecuciones arbitrarias, el correcto uso de la fuerza y la incorporación de protocolos internacionales para la investigación de las muertes violentas.

Con un ánimo más optimista, sin duda la reforma al Artículo 73 constitucional representa la primera victoria para víctimas, organizaciones sociales y de la sociedad civil quienes impulsamos esta iniciativa. Los esfuerzos se acrecentarán en el proceso de construcción de leyes integrales e inclusivas que contemplen la prevención, atención, reparación y sanción de la desaparición de personas y tortura, que está en el porvenir.

Mientras tanto, no dejaremos de luchar y exigir un marco normativo que proteja y repare integralmente a las personas víctimas de desplazamiento forzado y ejecución arbitraria.

 

* Olga Guzmán Vergara es Directora de Incidencia Nacional e Internacional de la @CMDPDH

 

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