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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
El riesgo de perpetuar la impunidad
Pareciera que torturar con electricidad a una persona indefensa, desaparecer a quien se considera enemigo del Estado o ejecutar sumariamente a sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales son delitos que se cometen por falta de legislación o de capacitación adecuada, cuando es justo al revés.
Por CMDPDH
20 de febrero, 2017
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Por: José A. Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB)

El 13 de diciembre de 2016, se cumplieron 10 años de la declaración de guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón, quien como comandante supremo de las Fuerzas Armadas anunció que los militares serían una parte central de lo que después denominó estrategia de seguridad. Enfatizó en que sería una guerra costosa en términos económicos y de vidas humanas. Desplegó miles de soldados en las calles y destinó, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos de América, grandes cantidades de recursos y capital político en una aventura bélica que fue abrazada por todos los partidos políticos que gobernaban algún estado de la República (Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional).

Los resultados de esa errada decisión son notorios: los delitos que supuestamente combatirían no se redujeron (tráfico de armas y de drogas, extorsión), otros se incrementaron (homicidios dolosos, privaciones arbitrarias de libertad en sus diferentes modalidades) y el consumo de drogas no disminuyó. Lo más alarmante es que quienes se supone debieron garantizar la seguridad o, al menos parte de ellos, han cometido delitos que se traducen también en graves violaciones a derechos humanos y, al mismo tiempo, son protegidos por las instituciones que debieran prevenirlos, investigarlos, procesarlos y castigarlos.

Desde ese diciembre de 2006 a la fecha han desaparecido por la fuerza más de 28 mil personas, han sido privadas arbitrariamente de la libertad física en contravención de normas internacionales (arraigo) más de 14 mil, han muerto en enfrentamientos o han sido asesinadas más de 150 mil, han sido desplazadas por la fuerza más de 280 mil y al menos se han contabilizado 6 mil víctimas de tortura.

La impunidad en ese contexto parece ser una pieza clave para el funcionamiento de la política de seguridad. Resulta lugar común afirmar que la ausencia de castigo de los delitos en México es uno de los principales problemas del sistema de justicia. Los ciudadanos no denuncian por la falta de confianza en las instituciones, mientras que en los pocos casos que logran ingresar en la procuración de justicia no son profesionalmente investigados, menos llegan al conocimiento de un juez, las sentencias que se han emitido son irrisorias para el número de delitos cometidos y a las víctimas rara vez se les repara. Este panorama empeora cuando los responsables son agentes del Estado, y se torna aún más crítico cuando militares están involucrados, ya que prácticamente no hay acusados ni sentencias firmes en el país.

También se debe agregar que funcionarios públicos del más alto nivel pretenden minimizar los delitos al hacerlos parecer como resultado natural de la intervención militar frente a la violencia, temeridad y capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Alegan que se trata de hechos aislados cuando se trata de miles de víctimas, ponen en duda el funcionamiento de las instituciones que se encargan de la protección de los derechos humanos y criminalizan a las organizaciones que documentan abusos militares y representan víctimas.

A pesar de lo anterior, tanto la administración de Calderón, como la actual de Enrique Peña Nieto, han insistido en la necesidad de establecer en ley la participación de militares en tareas de seguridad pública, sin hablar de las consecuencias jurídicas y políticas atribuibles a las autoridades municipal, estatal y federal, por haber incumplido con su obligación constitucional de prevenir, investigar y castigar los delitos.

Además de obviar los datos duros que constatan la ineficacia de la política de seguridad vigente, lo que incluye la participación militar en la misma, altos funcionarios y legisladores abundan en señalar que una ley resolvería los problemas de derechos humanos. Pareciera que torturar con electricidad a una persona indefensa, desaparecer a quien se considera enemigo del Estado o ejecutar sumariamente a sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales son delitos que se cometen por falta de legislación o de capacitación adecuada, cuando es justo al revés. Para perpetrarlos se requiere de una formación y entrenamiento, además de garantías o incluso certeza de que no habrá consecuencias legales de esos actos prohibidos, que algunos incluso consideran patrióticos.

Por ello, la discusión legislativa frente a la crisis de seguridad, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

  1. El Congreso no tiene atribuciones expresas en el artículo 73 para legislar en materia de seguridad interior;
  1. Toda legislación que se apruebe no podrá confundir los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior;
  1. La legislación que se adopte no podrá autorizar a las fuerzas armadas a desempeñar tareas propias de ministerios públicos o fiscales, policía de investigación, asesoría a víctimas, entre otras funciones propias de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
  1. La legislación que se adopte deberá asegurar el respeto pleno de todos los derechos y garantías previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, incluida la prohibición de que los militares participen en tareas de seguridad pú
  1. Toda legislación debe establecer un programa de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que actualmente desempeña y los recursos que le fueron proporcionados para ello transferirlos de inmediato a las instituciones de seguridad pública para que puedan cumplir con los mandatos previstos en el artículo 21 constitucional.
  1. Ninguna ley restringirá ni suspenderá ningún derecho o garantía para su protección para hacer frente a una invasión, o una perturbación grave de la paz pública o a cualquier otra situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional.

La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho.

 

* José A. Guevara es director ejecutivo de la @CMDPDH.

 

El presente texto es un extracto de: “Militares, derechos humanos y seguridad interior”, José Antonio Guevara Bermúdez, publicado en Nexos. (9 de enero de 2017).

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