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Verdad, justicia y reparación
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Rompiendo el Silencio frente a la tortura sexual: #LibertadVerónica
Han pasado 3 años y 9 meses de la detención de Verónica Razo Casales; su confesión, arrancada bajo tortura, es una de las pruebas más fuertes que al día de hoy sustentan su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, número 4 en el estado de Nayarit. Desde ahí, alejada de su familia, se enfrenta a la reclusión por un delito que jamás cometió y con las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas de la tortura física y sexual a la que fue sometida durante su detención.
Por CMDPDH
23 de marzo, 2015
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Por: Mariana Gurrola (@medui)

La tortura es una de las mayores violaciones a la integridad y la dignidad de las personas, y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. En México, la tortura tiene un carácter generalizado, e incluso sistemático, donde las mujeres se encuentran en particular vulnerabilidad.

A partir del 2006, desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, se han implementado medidas para la investigación y combate a la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas llegando hasta 50 000 efectivos realizando labores de seguridad pública en 2012. A pesar del cambio de discurso en la actual administración, las violaciones a derechos humanos continúan y la tortura, sigue siendo utilizada a lo largo y ancho de la República, especialmente durante el tiempo de detención, en un país donde hay una tendencia a “detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.

El abuso y la violencia sexual se utilizan en México como forma de tortura diferenciada para casos de mujeres. La agresión sexual tiene como finalidad atemorizar, someter, castigar, o neutralizar a la víctima y personas cercanas. La tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas, y ha sido principalmente utilizada en los periodos de violencia en nuestro país con el objetivo de incriminarlas en supuestos actos delictivos.

Varios son los casos que ejemplifican el uso de la tortura sexual para fabricar culpables en el contexto de detenciones en operativos de seguridad pública: las hermanas González Pérez en 1994, detenidas y víctimas de violencia sexual a manos de militares en Chiapas con el fin de incriminarlas de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; en 2011 Miriam López detenida, arraigada y víctima de violencia sexual a manos de militares para incriminarla en actividades de la delincuencia organizada, y por supuesto, Inés y Valentina, torturadas sexualmente en 2002 por militares para obtener información sobre el paradero de presuntos guerrilleros en Guerrero.

Hoy, el caso de Verónica Razo Casales detenida de manera ilegal el 8 de junio de 2011 nos prueba que esta cruel práctica ha trascendido los contextos y las décadas bajo el cobijo de la impunidad. Verónica fue detenida en el Distrito Federal sin una orden que sustentara su detención por aproximadamente 7 hombres vestidos de civil portando armas largas, quienes la encañonaron, la esposaron y la subieron con lujo de violencia a un automóvil sin placas oficiales. La detención fue presenciada por vecinos, quienes fueron amenazados de muerte para que no intervinieran.

Verónica estuvo 24 horas incomunicada y bajo la custodia de policías federales. En esas 24 horas fue golpeada en distintas partes del cuerpo, sufrió descargas eléctricas en cuerpo y genitales, asfixia, amenazas y finalmente violación sexual en repetidas ocasiones. A consecuencia de esto, Verónica sufrió una arritmia cardiaca y lesiones que ameritaron su traslado a un hospital privado en el que certificaron sus lesiones. La tortura obligó a Verónica a autoinculparse en un secuestro que no cometió, además de forzarla a reconocer como sus cómplices a otras personas, entre ellas a su hermano.

Han pasado 3 años y 9 meses de su detención; su confesión, arrancada bajo tortura, es una de las pruebas más fuertes que al día de hoy sustentan su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, número 4 en el estado de Nayarit. Desde ahí, alejada de su familia, se enfrenta a la reclusión por un delito que jamás cometió y con las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas de la tortura física y sexual a la que fue sometida durante su detención.

Actualmente Verónica se encuentra en la espera de que sea resuelto un incidente por desvanecimiento de pruebas entregado desde hace un mes y medio para obtener su liberación. Confiamos en que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México no permita que se siga aplazando dicha audiencia. El Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de actuar conforme al derecho y la justicia y tiene la oportunidad de romper con la injusticia de mantener a una persona inocente en prisión, determinando su inocencia con base en la verdad y en las más altos estándares convencionales en materia de derechos humanos.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, señaló en su informe presentado el pasado 9 de marzo que la mayoría de los casos de tortura sexual no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, lo que representa un reto mayor para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos, y ante la repetida solicitud de rememoraciones traumáticas de los hechos, y el constante cuestionamiento del testimonio de las víctimas.

La semana pasada, en el marco del 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo la audiencia “Denuncias de tortura sexual contra mujeres en México” en la cual participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Asociadas por lo Justo. Luego de que las organizaciones expusieran sobre la práctica de la tortura sexual, y el caso de Verónica y otras mujeres víctimas de tortura sexual en México, el Estado mexicano respondió presentando información sobre programas asociados a la violencia de género, un tema que es igualmente de extrema importancia, ya que la tortura sexual y la impunidad asociada responde a una violencia estructural de género y a patrones socioculturales que discriminan a las mujeres. Sin embargo, es claro que no existen avances, políticas públicas, o siquiera el reconocimiento en el discurso, sobre la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que son detenidas en el contexto de operativos de seguridad pública, y específicamente en la actual política de seguridad nacional en la “guerra contra el narcotráfico”.

Cuando existen detenciones de hombres y mujeres, las mujeres suelen ser víctimas de tipos de tortura sexual no aplicados a hombres, donde hay amenazas, insultos misóginos, trabajo forzado, y son tratadas como objetos sexuales, así como otras formas de violencia de género que además van acompañados de la violación sexual.

Las organizaciones han identificado patrones en que la tortura sexual se da en el lapso entre la detención y la puesta a disposición, en procesos de incomunicación, y se ha documentado en varios casos que hay traslados irregulares a batallones militares, bases navales, u otro tipo de instalaciones en donde se da la tortura sexual, todo esto mientras las mujeres están en manos del Estado.

La responsabilidad sobre la tortura sexual no recae únicamente en quien realizó el acto mismo de la tortura, es una cadena de responsabilidades compartidas por parte de las autoridades encargadas de la investigación ministerial, como es el caso del poder judicial que avala y acepta pruebas obtenidas por violaciones a derechos humanos aún y cuando en la primera declaración ministerial de la víctima se haya alegado la tortura.

Como Verónica, cientos de mujeres han sido víctimas de tortura sexual a manos de agentes policiales, militares o marinos. Muchas de ellas están ya libres de cargos, pero no se ha encontrado, investigado, ni sancionado a los responsables de los crímenes en su contra, sin embargo, existen casos como el de Verónica, Yecenia Armenta Graciano y Cristel Piña Jasso que se encuentran aún en reclusión por delitos que no cometieron a causa de una confesión arrancada bajo tortura sexual.

Verónica, Yecenia y Cristel son parte de la campaña #RompiendoElSilencio: todas juntas contra la tortura sexual, una iniciativa de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco que decidieron romper el silencio para exigir justicia. Junto a ellas, las organizaciones que acompañan los casos, otras mujeres víctimas de tortura sexual y familiares han decidido denunciar estas terribles prácticas que atentan no sólo contra la integridad física y mental de las víctimas, sino que buscan dañar la dignidad de las mujeres.

Hoy, romper el silencio es exigir la liberación de Verónica, Yecenia y Cristel, así como garantías para su protección. Es sumarnos en una lucha para visibilizar y denunciar la tortura sexual como forma de criminalización a las mujeres, difundiendo los casos para que ninguna otra mujer deba enfrentarse a la injusta realidad de ser víctima de la tortura sexual y la violencia estructural de género, haciendo un llamado a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia no sólo para Verónica, sino para todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual.

 

* Mariana Gurrola es co-coordinadora del área de comunicación de la @CMDPDH

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