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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Por Rosendo, por la vida y la libertad
Hace casi 7 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia en el caso Rosendo Radilla y a la fecha sus principales aspectos no han sido cumplidas.
Por CMDPDH
5 de septiembre, 2016
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Cuando conocimos el dictamen de la sentencia, fue motivo de esperanza al pensar que podíamos tenerlo nuevamente con nosotros. Y a casi 7 años de emitida, no ha habido ninguna pista, ningún resultado y ningún responsable que haya sido sancionado. Esta impunidad ha permitido que miles de familias se encuentren en la misma situación.

Intervención de la familia Radilla Martínez en la audiencia de seguimiento

a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

septiembre 2016.

 

 

Hace 42 años y 10 días, en un retén militar en el estado de Guerrero, soldados del Ejército mexicano desaparecieron por la fuerza al señor Rosendo Radilla Pacheco. Desde ese 25 de agosto de 1974 ni la familia, amigos, seres queridos, ni la comunidad, ni la sociedad mexicana sabemos de su suerte y paradero; tampoco han sido sancionados los autores ni quienes participaron y han participado en esa desaparición y en mantenerla oculta e impune.

La desaparición de Radilla se enmarca en un contexto particular en el que las fuerzas armadas de México desempeñaron tareas que no gozaban de sustento jurídico constitucional o legal, con el objeto de adelantar una política criminal de atacar a la población civil. Los militares de la época dictaron y obedecieron órdenes de “eliminar a todos los grupos que apoyaban la gavilla de Lucio Cabañas”. En la actualidad se emplea el eufemismo “abatir”.

El resultado de esa política fue devastador: abrió una herida enorme para el país, pero sobre todo para miles de víctimas incluidas las familias. Herida que diferentes gobiernos no han querido que sane. En México desconocemos cuál fue el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la guerra sucia, y creemos, pero no estamos ciertos, que más de 1,000 personas fueron desaparecidas tan sólo en el estado de Guerrero. Esos delitos cometidos en ese contexto han sido calificados incluso como crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales las víctimas no han recibido ni justicia, ni verdad, ni reparaciones adecuadas.

Creemos que ese tipo de conductas -matar, torturar, desaparecer- como nunca se castigaron, en estos días las mismas instituciones gozan de permisividad para volverlas a realizar. En México, las autoridades civiles federales y locales, así como las fuerzas armadas, pueden cometer atrocidades bajo el pretexto de enfrentar a la delincuencia organizada y el narcotráfico, y saben que la Procuraduría General de la República (PGR) y las correlativas de los estados no los procesarán ni acusarán ante los tribunales. Por el contrario, tanto la diplomacia como gran parte de la clase política, al negar los abusos, estigmatizar a las víctimas, desprestigiar a las y los defensores de derechos humanos, así como a los mecanismos de protección de derechos humanos, contribuyen de manera sustancial a que ese tipo de abusos se sigan cometiendo.

Hace casi 7 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó la sentencia en el caso Radilla y a la fecha sus principales aspectos (los relativos a la búsqueda y localización, investigación y sanción de los responsables, atención psicosocial y médica adecuada para los familiares, así como reformas legales al Código de Justicia Militar y al Código Penal) no han sido cumplidas.

Al día de hoy el Estado mexicano no ha cumplido en su obligación de “brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva”, como dicta la sentencia. Si bien es cierto que el Estado ha presentado propuestas al respecto, la ausencia de un reconocimiento y análisis integral de la problemática, del contexto de los hechos, así como la falta de una estrategia real y coordinada, con personal y presupuesto suficientes que permitan su continuidad, ha derivado en que al día de hoy no exista una aún atención efectiva y adecuada a las víctimas.

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En primer lugar, esta atención debiera configurarse dentro de un tratamiento integral que comprenda una atención en salud completa, a través de servicios del más alto nivel, también gratuitos, inmediatos, adecuados y efectivos, entendiendo que los impactos de la desaparición forzada del señor Radilla, así como el proceso de desgaste y revictimización por la impunidad en que ha permanecido el caso, no se reducen a padecimientos psíquicos, sino que afectan y pueden reflejarse también en malestares físicos.

La atención psicológica y/o psiquiátrica, por su parte, debe tomar como base la problemática concreta, es decir, una desaparición forzada, con todo lo que significa. Desgraciadamente, los ofrecimientos del Estado no sólo han sido insuficientes sino perjudiciales, mostrando que las instituciones no cuentan con estructuras y espacios apropiados ni personal debidamente capacitado para brindar una atención que responda a las necesidades de las víctimas y a la magnitud real de la problemática; las intervenciones propuestas se ha caracterizado por usar enfoques y acercamientos teórico-metodológicos inadecuados, constantes confusiones entre lo clínico y psicosocial, e intentos de capacitación fallidos e incompletos.

Por ello, creemos fundamental, primero, que se diferencie el trabajo psicosocial de la atención psicológica y/o psiquiátrica, y se clarifique si en el presente caso el Estado tendrá la capacidad de brindar un acompañamiento realmente psicosocial.

Es esencial que quienes brinden cualquier tipo de atención psicológica y/o psiquiátrica sean profesionales que cumplan con ciertas características académicas, de visión y especialización, es decir, con conocimientos y experiencia en el trabajo con víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y, particularmente, con familiares de personas desaparecidas forzadamente. Asimismo, cualquier atención y/o plan de trabajo psicológico y/o psiquiátrico debe presentarse y acordarse con las personas receptoras, garantizando su continuidad con quienes la requieran y/o soliciten.

Por otra parte, frente a la obligación del Estado mexicano de investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla, a pesar de que la averiguación previa se inició en la Coordinación General de Investigación desde el año 2007, es decir hace casi una década, a la fecha no ha habido avances significativos en la investigación.

La búsqueda de personas debe ser paralela y relacionada con la investigación para determinar la probable responsabilidad, pero no subsumida a la investigación penal como se ha hecho hasta este momento. En perspectiva, las deficiencias en la búsqueda se encuentran intrínsecamente relacionadas con dos problemas; la falta de interés de las instituciones del Estado de cooperar y proporcionar toda la información a la autoridad ministerial, en particular el papel de negación reiterada de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la política de la Secretaría de Gobernación de restricción a la información contenida en el Archivo General de la Nación; asimismo, la falta de capacidad de la PGR para realizar la búsqueda de personas desaparecidas, que se refleja en su dependencia de la existencia y disponibilidad de peritos que puedan atender las necesidades de búsqueda, así como su pasividad para imponerse ante las autoridades y exigir el acceso a la información solicitada, sin que para ello tenga que solicitar permiso, que al ser negado, tenga como consecuencia el abandono de líneas de investigación.

Por ello, en virtud de la poca diligencia en la actuación de la PGR, dimos el viernes pasado ante la CoIDH una serie de propuestas que esperamos sean adoptadas por el Estado mexicano a fin de avanzar de manera real y efectiva en la investigación penal de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y evitar una irremediable impunidad en el caso:

  1. Crear una Unidad de Análisis y Contexto que se aboque únicamente al estudio de la guerra sucia. esta Unidad deberá estar integrada por expertos independientes, nacionales e internacionales, de diversas especialidades, para la reconstrucción socio-histórica del contexto de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. Solicitamos, que su objetivo sea no sólo identificar los planes, las estructuras militares y estructuras delictivas, las cadenas de mando así como la participación y organización de los actores estatales y no estatales encargados de ejecutar la política de Estado, sino también entender el perfil de las víctimas de los crímenes cometidos en la Guerra Sucia, los patrones en las actuaciones y el modus operandi que orientaban la lógica de las fuerzas armadas para determinar cuando una persona detenida debía ser ejecutada en el momento, torturada, o desaparecida, así como la lógica que atendían para decidir qué víctimas debían ser trasladas a los diferentes centros de detención, incluidas aquellas personas que debían ser trasladadas al Campo Militar No.1.
  2. Crear una base de datos administrada por la Unidad de Contexto, que permita cruzar toda la información contenida en las averiguaciones previas, no sólo del caso Rosendo Radilla Pacheco, sino de toda denuncia sobre desaparición forzada, ejecución o tortura, que verse sobre la misma época; así como en los diversos informes estatales que se han derivado de las investigaciones realizadas por la CNDH, la FEMOSPP, y más recientemente la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y, en su momento, la información que arroje la investigación de la misma Unidad de Análisis y Contexto.
  3. Solicitamos a la Corte, inste al Estado a tomar las medidas jurídicas coercitivas necesarias para que la SEDENA remita inmediatamente los archivos que aún se encuentran en su poder y que no han sido trasladados ni al Archivo General de la Nación ni a la PGR para continuar con la investigación penal del caso Rosendo Radilla y demás víctimas de desaparición forzada de la época.
  4. Solicitamos la consolidación de un Sistema Nacional de Búsqueda de larga data, es decir, que incluya la búsqueda de las personas desaparecidas durante el periodo de la guerra sucia. No obstante, para el caso concreto del señor Radilla, solicitamos ante la urgencia de actuar evitando que el paso del tiempo siga borrando las evidencias, que en el marco de la Unidad de Contexto, se implemente una Unidad especial de Búsqueda para la atención particular del caso.

Esta unidad deberá fortalecerse de la información arrojada por la Unidad de Contexto, priorizar la búsqueda en los lugares ya identificados dentro de la Averiguación Previa, entre ellos el hasta ahora intocable Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México.

También solicitamos que el Estado mexicano ofrezca una propuesta de intervención en zonas reportadas con presencia de pozos y fosas clandestinas, así como el hallazgo de cuerpos durante la década de los años setenta y hasta la década de los ochenta, que ahora, son lugares ampliamente urbanizados y que para su investigación, requerirán de la intromisión en propiedad privada.

El cese de la búsqueda de Rosendo Radilla, únicamente puede darse hasta entonces sean agotadas todas las hipótesis de búsqueda, y no quede duda, que todos los medios razonables han sido agotados por parte del Estado.

Durante la audiencia enfatizamos que es de suma importancia que estos acuerdos queden pactados y con plazos fijos de cumplimiento a corto y mediano plazo, a fin de evitar dilaciones irrazonables que terminen condenando a la impunidad total tanto el caso del señor Rosendo Radilla, como de las otras víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la guerra sucia.

Por Rosendo, por las y los desaparecidos, por la comunidad de Atoyac, por Guerrero y por México. ¡Por la vida y la libertad, ni desaparecidos, ni impunidad!

 

 

Aquí puedes consultar la intervención completa de la familia Radilla Martínez.

Conoce acá la participación completa de la CMDPDH ante la CoIDH.

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