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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Salvar al Acuerdo de Escazú de la simulación para proteger a quienes defienden el medio ambiente en México
La actual administración no ha tomado con seriedad el tema ni mucho menos ha emprendido acciones contundentes para proteger a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, tampoco para prevenir ni solucionar la diversidad de los conflictos socioambientales en el país cuya raíz es la constante violación a los derechos humanos.
Por Alejandra Leyva Hernández
14 de diciembre, 2020
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Después de un largo proceso, el  9 de diciembre de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. Con su publicación, este instrumento cobra validez y obligatoriedad haciendo su contenido exigible en México.

Sin duda el Acuerdo de Escazú es un hito en la región para el reconocimiento de los derechos de acceso en materia ambiental. Los principios contenidos en el artículo 3° del Acuerdo y su interdependencia con otros derechos humanos se convierten en pieza fundamental para la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio por parte de personas y colectividades diversas y en una multiplicidad de contextos como los urbanos, rurales, así como en los territorios de los pueblos indígenas.

El Acuerdo de Escazú incorporó en su contenido, específicamente en su artículo 9, la obligación de los Estados de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. De igual manera, obliga que se adopten medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar las agresiones. Esto implica el reconocimiento de la situación de violencia contra quienes han ejercido su derecho a defender derechos humanos, en especial quienes defiende el medio ambiente, pues este grupo de personas defensoras se encuentran en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad.

Global Witness ha posicionado al año 2019 con el número más alto de asesinatos, al registrar 212 personas defensoras asesinadas. Esto representa un promedio de más de cuatro asesinatos por semana. América Latina nuevamente se posicionó como la región con el mayor número de asesinatos con más de dos tercios de los asesinatos registrados. En Colombia hubo 64 personas defensoras asesinadas, en Filipinas 43, en Brasil 24, México 18, Honduras 14 y Guatemala 12.

Este Acuerdo es el primer tratado internacional en incorporar la obligatoriedad de los Estados de generar un ambiente propicio para la defensa ambiental. Esto se suma al camino de exigencia de otros instrumentos y estándares internacionales como la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos  y las recomendaciones sobre una política pública integral de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los distintos Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. 

En México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha registrado de 2012 a 2019 casi 500 ataques  a personas defensoras ambientales. No obstante, las esperanzas de la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú navegan en un mar de contradicciones por parte del gobierno mexicano ante la continua y compleja violencia contra los y las defensoras del medio ambiente pues este año 2020 los asesinatos han continuado aún en el contexto de la pandemia por la COVID-19, como el del defensor Adán Vez Lira en Veracruz. Situación que también ha profundizado el contexto de desigualdad y los obstáculos en la defensa de los derechos humanos.

Ante ello, la actual administración no ha tomado con seriedad el tema ni mucho menos tomado acciones contundentes para proteger a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, tampoco para prevenir ni solucionar la diversidad de los conflictos socioambientales en el país cuya raíz es la constante violación a los derechos humanos. Además, ha descalificado y estigmatizado con epítetos como “pseudoambientalistas” a organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa ambiental.

Ante la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Estado mexicano, en un proceso de diálogo con la sociedad civil, promulgó en 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual creó un Mecanismo destinado a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo por su labor y estableció un fideicomiso denominado Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de que los recursos asignados fuesen efectivamente utilizados para la implementación de diferentes medidas de protección. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2020 se decretó la extinción de 109 fideicomisos públicos en el Diario Oficial de la Federación, entre estos, el fideicomiso del mencionado Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El presupuesto asignado para el Fondo y las recurrentes situaciones de falta de recursos son un aspecto de elevado interés para la opinión pública y que ha generado discusiones relevantes. A finales de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las Secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la implementación de medidas cautelares para impedir la desprotección por falta de recursos económicos de las 727 personas entonces beneficiarias del Mecanismo.

A pesar de esta preocupación, el presupuesto asignado para las medidas a través del fideicomiso parece seguir siendo insuficiente. La tendencia creciente en el número de personas beneficiarias implica, al menos, un aumento proporcional del presupuesto disponible para medidas de protección. Frente a ello, no se da certeza en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el recurso que será destinado para la implementación de medidas. Tal como lo ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado debe proveer los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para asegurar que las medidas de protección puedan permanecer en efecto mientras subsista el riesgo.

Por lo anterior, consideramos que el Estado mexicano incumple su obligación de promover y proteger los derechos humanos ante su incapacidad y falta de voluntad política de respetar y adoptar medidas necesarias para generar y consolidar un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos. Además de que ha sido recurrente en estigmatizar a quienes defienden el medio ambiente y se oponen a la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura.

Sin duda, el cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo de Escazú requiere de una real voluntad política del gobierno mexicano en sus distintos niveles,  más allá de la operación del Mecanismo de Protección. Una voluntad política que cambie la cultura institucional frente a las personas defensoras de derechos humanos, así como de resolver los actuales conflictos socioambientales en donde personas han sido asesinadas. Entonces la interrogante final ante este panorama es si la 4T realmente cumplirá con el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales en los megaproyectos de su administración o le apostará a la ya conocida simulación de gobiernos anteriores. Esto incluye  la información que brinda a la ciudadanía sobre los proyectos de desarrollo e infraestructura, así como en mecanismos efectivos para la participación pública y en la oportunidad de acceder a una justicia ambiental que sea imparcial y que proteja derechos.

* Alejandra Leyva Hernández es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente se desempeña como abogada en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

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