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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Se obsequian órdenes de aprehensión a defensores
En los últimos meses han sido detenidas y acusadas penalmente al menos cinco personas que defendían derechos relacionados con el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, como si sus años de trabajo y su aporte a la democracia del país fueran una actividad criminal.
Por CMDPDH
18 de agosto, 2014
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Por: Axel García

En México existen personas con diferentes perfiles que protegen comunidades y bienes naturales de intereses económicos o políticos. Estas personas son defensoras de derechos humanos que promueven, difunden y defienden los derechos de una colectividad y que por esta razón han sido hostigadas, amenazadas, criminalizadas y acusadas falsamente para evitar que continúen afectando dichos intereses.

Especial atención está generando el incremento en las detenciones arbitrarias y el uso del sistema penal como una herramienta para inhibir la defensa de los derechos humanos. Esta realidad pareciera que se está volviendo una constante en nuestro país toda vez que en los últimos meses han sido detenidas y acusadas penalmente al menos cinco personas que defendían derechos relacionados con el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

Defensores, defensoras, activistas o líderes comunitarios han sido detenidos como si sus años de trabajo y su aporte a la democracia del país fueran una actividad criminal. Sin importar el partido político o la región en la que se encuentre la persona defensora, el uso excesivo del sistema penal esta siendo la herramienta gubernamental para imponerse sobre la sociedad.

Los casos de Mario Ruiz en Chiapas, Juan Carlos Flores Solís en Puebla, Miguel Ángel García Leyva en Sinaloa, Marco Antonio Suástegui Muñoz en Guerrero y Mario Luna en Sonoratienen en común que defienden proyectos que afectan el medio ambiente, que siguieron los procesos institucionales para evitar los abusos y que recibieron como respuesta gubernamental detenciones y ordenes de aprehensión.

Acusados de delitos creados para detener la inconformidad social como motín, pandillerismo, obstrucción a la justicia y obra pública, o a través de supuestas denuncias de secuestro e intento de homicidio, los grupos económicos y políticos buscan eliminar a quienes les estorban.

La preocupación se incrementa porque en la última reunión de la Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se escucharon voces gubernamentales que discutían la pertinencia de beneficiar a defensores o familiares que estaban detenidos bajo el argumento “de la imposibilidad de protegerlos dentro de un centro de reclusión”.

Esta situación se vuelve un reto para las agrupaciones sociales, colectivos y miembros de la sociedad civil organizada porque tendrán que generar fondos de ahorro en caso de que tengan que pagar la libertad bajo caución o buscar alianzas para que continúen los procesos de exigencia mientras se busca la liberación o el no ejercicio penal.

Asimismo, los estados locales y el gobierno federal deben de recordar que el pasado mes de mayo, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos le pidió a los Estados miembros que “… se aseguren de que nadie se vea sujeto al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, a las detenciones arbitrarias, a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, a las desapariciones forzadas, a la restricción injustificada de sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación y/o a los abusos en los procedimientos civiles y penales, o a la amenaza de cometer tales actos…”.

En cuanto a los integrantes de la Junta de Gobierno es necesario recordarles que existen antecedentes en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para personas que se encuentran en detención y que el Estado tiene la obligación de proteger a cualquiera que esté dentro de su territorio.

Mientras tanto tendremos que documentar, demostrar y denunciar que la criminalización a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo del medio ambiente, está involucionando a su detención, ser más desconfiados en las estrategias de incidencia e interacción con las autoridades y sumarnos a las campañas que buscan su liberación.

Este tipo de casos son un ejemplo del riesgo latente que representa para una persona defensora realizar su labor en un país donde el Estado mismo se esfuerza por cerrarle la puerta. Es tiempo de que el gobierno de México demuestre que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y líderes sociales no son algo sistemático, debe reconocer su legítima labor y demostrar en acciones y no sólo en discursos que no son criminales.

 

*Axel García es coordinador del Proyecto de Personas defensoras de derechos humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Integrante del Consejo del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

 

 

Resolución. Defensoras y defensores de derechos humanos: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.

 

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