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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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Senado, mariguana medicinal y reforma incompleta
Lo aprobado en el Senado resulta absolutamente insuficiente para garantizar el acceso legal al uso medicinal de la mariguana, como para las necesidades que en materia de regulación de la mariguana enfrenta hoy nuestro país.
Por CMDPDH
19 de diciembre, 2016
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Por: Amaya Ordorika (@Amaya903)

El pasado martes 13 de diciembre el Senado de la República aprobó, con 98 votos a favor, siete en contra y una abstención, una versión aún más descafeinada de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en abril de este año en materia de mariguana medicinal.

Este es el primer paso que da México desde 1940, año en que el entonces presidente Lázaro Cárdenas legalizó la mariguana por unos meses, para romper con una política prohibicionista importada e impuesta desde Estados Unidos. Un paso que podemos entender como una muestra de la creciente apertura en torno a una planta que ha sido estigmatizada y criminalizada durante décadas y que ahora espera la aprobación de la Cámara de Diputados.

No obstante, tanto la propuesta que presentó el ejecutivo como la decisión tomada por las y los senadores se quedaron lejos de recuperar las preocupaciones y propuestas que la sociedad civil, la academia, el poder judicial e incluso algunos actores del mismo poder legislativo han puesto sobre la mesa en los últimos años. Y es por esto que nos deja muy poco que celebrar.

Sin duda es aplaudible la intención de garantizar el acceso legal al uso medicinal de la mariguana y habrá cientos de personas que se verán beneficiadas por esta reforma. Sin embargo, lo aprobado en el Senado resulta absolutamente insuficiente tanto para este objetivo, como para las necesidades en materia de regulación de la mariguana que enfrenta hoy nuestro país.

Y, a todo esto, ¿qué aprobó el Senado?

  • La Secretaría de Salud se encargará del diseño y la ejecución de políticas públicas, así como de la reglamentación de la investigación y producción nacional, de los derivados farmacológicos de la mariguana para uso medicinal. También quedará a cargo de la autorización para la importación de productos que contengan derivados de dicha planta.
  • Se elimina la prohibición absoluta de todo acto relacionado con la mariguana contenida previamente en el artículo 237 de la Ley General de Salud. Sin embargo, se traslada, con algunas excepciones, al artículo 193 del Código Penal Federal.
  • El Tetrahidrocannabinol (THC) pasa de estar en la lista de sustancias que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública (lista I), a estar en la lista de sustancias que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública (lista II). Así mismo, es incluida la Nabilona, un cannabinoide sintético, en la lista II y agregado el Cáñamo a la lista de sustancias que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública (lista III).
  • Se cancela la punibilidad de la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de mariguana, siempre que estas se realicen con fines médicos y científicos. Esto se regirá por condiciones que establecerá el poder ejecutivo y que, por lo tanto, aún no conocemos.

Y, entonces, ¿por qué es insuficiente?

  1. Privilegia los usos medicinales de los derivados farmacológicos ante los de la planta completa, sobreponiendo los intereses de las grandes empresas por encima de las necesidades de las y los pacientes.

Este modelo beneficia a las empresas farmacéuticas que se dedicarían a la preparación de los derivados de la mariguana para usos medicinales, disminuyendo la posibilidad de que cada quien cultive sus propias plantas o de conseguir la medicina de productores locales de pequeña escala. La ambigüedad entorno a quienes tendrán permiso para la siembra, el cultivo y la cosecha de mariguana con fines medicinales no garantiza el derecho de las y los pacientes de sembrar su propia medicina.

A esto se suma que en un inicio se privilegiará la importación de estos productos. El senador Francisco Salvador López Brito explicó al presentar el dictamen de la iniciativa por parte de la Comisión de Salud que su implementación conllevará dos pasos: primero la importación de medicamentos hechos a base de mariguana y, en una segunda etapa, la producción nacional.

Ambas cuestiones resultan en la elevación de los precios, lo cuál dificultará el acceso para personas que requieren de esta planta para fines medicinales. Además de que no parte del reconocimiento de los beneficios medicinales del uso de la planta completa frente al uso de derivados específicos.

  1. Mantiene la criminalización de personas usuarias de mariguana por ejercer un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 4 de noviembre del año pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en un fallo histórico que la prohibición absoluta del cannabis es excesiva, reconociendo los derechos correlativos al consumo de cannabis. De acuerdo con la resolución de la primera sala, el estatus legal actual de la mariguana vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal, a la propia imagen y a la libre autodeterminación, todos derechos relacionados al derecho a la dignidad humana. Así mismo, concluye que la prohibición administrativa del uso de la mariguana no representa una medida idónea, necesaria y proporcional para la protección del derecho a la salud y el principio jurídico de orden público.

A pesar de que esta resolución solamente garantiza los derechos de las 4 personas que interpusieron el amparo, es un análisis jurídico del principal tribunal de nuestro país que establece que, por los dos motivos detallados en el párrafo anterior, la prohibición del cannabis es inconstitucional. Se esperaría que esto convertiría la descriminalización efectiva del consumo y la regulación de toda la cadena de producción de la marihuana en una prioridad para el poder legislativo. No obstante, las y los legisladores no sólo eliminaron del dictamen final el aumento en la cantidad permitida para posesión con fines de consumo que incluía la iniciativa original, sino que da la impresión de que buscaron la eliminación del precedente penal que establece dicha resolución al definir el paso de la mariguana del ámbito administrativo al ámbito penal. De aprobarse sin modificación alguna en la Cámara de Diputados, esto convertiría a la mariguana en la única planta prohibida en al ámbito penal y no administrativo.

  1. Mantiene mercados ilícitos y no propone una alternativa al combate armado al narcotráfico.

Al no regular la cadena de producción de la mariguana con fines medicinales ni recreativos, este mercado altamente lucrativo se mantiene en la ilegalidad y miles de personas usuarias seguirán teniendo que recurrir a él como la única fuente de abastecimiento a su alcance. Al no proponer una forma alternativa de desmantelar los grupos criminales dedicados a la producción, cosecha, distribución y venta de esta planta, no se cuestiona la estrategia de combate militarizado a estos grupos que ha resultado en un clima de violencia generalizada y en una crisis de violaciones graves a derechos humanos a nivel nacional.

  1. No reconoce a las víctimas y su dolor y, por lo tanto, no abre paso para la reconciliación y la garantía de no repetición que tanto necesitamos.

El reconocimiento del daño causado a las miles de personas detenidas por posesión y consumo de mariguana, a las y los campesinos dedicados a la producción de esta planta en un marco de ilegalidad, a las personas usuarias y no usuarias víctimas de violaciones a derechos humanos tiene que verse reflejado en el contenido de cualquier iniciativa en materia de drogas para que esta pueda ser un paso hacia la reconciliación y la reparación. No obstante, las cientos de miles de víctimas de homicidios, de abuso de la fuerza, de detención arbitraria, de extorsión por parte de la policía, el ejército o grupos criminales; de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición y desaparición forzada y de desplazamiento interno forzado en el marco de la guerra contra las drogas no encontrarán en esta iniciativa ninguna garantía de no repetición.

A 10 años de esta absurda guerra resulta urgente que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo asuman como prioridad un cambio radical en su aproximación a las plantas y sustancias que hoy conocemos como drogas. No es suficiente la simulación para la comunidad internacional. La regulación de las drogas, a las que supuestamente se ha estado combatiendo, es un paso necesario para la desestigmatización, reconciliación y reparación que les debemos a las personas y comunidades que se relacionan con ellas desde su producción hasta su consumo.

 

* Amaya Ordorika es investigadora en derechos humanos y política de drogas de la @CMDPDH.

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