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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Ser sobreviviente de tortura y estar prisión en México, durante una pandemia mundial
Las y los sobrevivientes de tortura privados de su libertad enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad ante la pandemia, cuyos impactos se extienden a sus familiares.
Por CMDPDH
4 de mayo, 2020
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En México, la tortura sigue siendo una práctica generalizada cometida de forma desproporcionada en contra de la población civil, y utilizada como método de investigación y para la obtención de confesiones.

De forma particular, desde hace varios años, distintas organizaciones hemos conocido de una multiplicidad de casos judiciales en donde se repiten ciertos elementos comunes: detención arbitraria, tortura, siembra o construcción de pruebas incriminatorias, procesos altamente viciados, pruebas insuficientes, y acusaciones por delitos como secuestro; delincuencia organizada; homicidio; portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos de alto impacto. El número y lógicas de los casos nos han hecho advertir un patrón que sugiere un plan o política de Estado para fabricar culpables.

Los casos de culpables fabricados representan un especial reto -particularmente en el contexto actual de pandemia- para las personas que acompañan a las víctimas y sus familias, pues los mecanismos ordinarios de justicia, y aquellos destinados al procesamiento de violaciones a derechos humanos, no han sido capaces (por falta de voluntad o capacidad) de dar una solución pronta y efectiva para garantizar la liberación y reparación integral de las personas que han sido acusadas injustamente.

Bajo el contexto de la pandemia por COVID-19, las y los sobrevivientes de tortura, quienes además se encuentran enfrentando un proceso penal en su contra privados de su libertad en centros de detención, enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad, cuyos impactos se extienden a sus familiares. Las precarias condiciones -incluyendo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes- que enfrentan dentro de los centros penitenciarios, los riesgos latentes de contagio y la falta de atención médica adecuada, los consecuentes impactos psicosociales ante los riesgos inminentes a su salud, caracterizados por ansiedad e intensificados por tensiones al interior y la falta de información y comunicación con el exterior, aunado a la parálisis institucional para seguir con sus procesos jurídicos, hacen apremiante que el Estado implemente medidas para despresurizar los centros penitenciarios y garantice, sin discriminación, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Tal como lo han establecido los diversos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta apremiante que los gobiernos reduzcan la población privada de su libertad en centros de detención, en el contexto de la pandemia por COVID-19, mediante esquemas de liberación, garantizando el acceso a la justicia y por consiguiente, poniendo en libertad a las personas que particularmente se encuentran en prisión sin motivos jurídicos suficientes.

  • Afectaciones para las y los familiares de las personas privadas de su libertad en centros de detención

Resulta importante tomar en cuenta que las repercusiones de este contexto de pandemia no sólo impactan en la población privada de libertad, sino que representan, también, una serie de afectaciones para los/as familiares de las personas que se encuentran detenidas.

En primer lugar, la crisis sanitaria actual agrega importantes factores de tensión para las familias. La restricción y, en muchos casos, suspensión de visitas significa la imposibilidad de ver y acompañar a las personas que se encuentran privadas de la libertad en momentos de particular preocupación a nivel mundial; a esto debe sumarse el hecho de que no se han establecido medidas alternativas apropiadas en los distintos penales del país para garantizar el contacto y la comunicación de las personas internas con sus familias, como sistemas y protocolos extraordinarios de comunicación telefónica y/o vía video-conferencias.

En segundo lugar, las condiciones sanitarias dentro de los propios centro penitenciarios, así como las medidas y recursos en materia de atención en salud se han caracterizado por ser precarias, aún antes de la crisis sanitaria mundial. Es bien conocido, gracias a diversas denuncias y documentación de organismos nacionales e internacionales, que la atención en salud en los centros de privación de libertad mexicanos tiende a ser inoportuna, tardía, inadecuada e insuficiente, y que no se cuenta con los protocolos, insumos y equipo necesarios para poder atender las problemáticas de salud de la población penitenciaria.

En tercer lugar, muchas de las y los familiares de personas privadas de la libertad son responsables de proveerles de recursos materiales y económicos al interior de los centros penitenciarios. No obstante, las medidas de distanciamiento social implementadas por los Estados en el contexto de la pandemia, han provocado que muchas actividades económicas no puedan llevarse a cabo. Lo anterior, ha ocasionado en muchos casos la disminución parcial o total de su ingreso, imposibilitando el apoyo que brindaban o recibían de sus familiares, colocándolos así en una situación de vulnerabilidad mayor.

  • Inactividad de los procesos jurídicos que enfrentan las personas privadas de su libertad en centros de detención

La actual situación de crisis sanitaria ha forzado a múltiples dependencias a parar sus funciones y/o a limitar el trabajo a las acciones meramente esenciales, esto ha significado que muchos procesos jurídicos relacionados a los casos de las personas privadas de la libertad se hayan visto suspendidos sin tener claridad de cuando puedan ser retomados.

Las diversas instituciones no están operando al cien por ciento con recursos humanos, pero tampoco están actuando con transparencia y claridad sobre las alternativas que plantean para que los procesos puedan seguir su curso, aún, en medio de este contexto y así, evitar que la justicia continúe retrasándose para las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Es responsabilidad de las autoridades salvaguardar dichos derechos mediante implementación de medidas que los garanticen. En este sentido, y entendiendo la limitación de funciones de las instituciones del Estado, resulta relevante visibilizar que, esto genera en las familias la amenaza de ver, una vez más, sus casos detenidos, impidiéndoles acceder a la justicia por la que tantos años han peleado.

  • La obligación del Estado de prevenir violaciones a derechos humanos, sin discriminación

Frente a un contexto de emergencia sanitaria a nivel mundial, la obligación constitucional del Estado mexicano de prevenir violaciones a derechos humanos, debería llamarnos a desafiar la doctrina estatal de solo liberar a personas que se encuentran en determinados supuestos, siempre dejando de lado a aquellas personas que el Estado considera indeseables pues a sus ojos cometieron actos demasiado violentos como para ser reincorporados a la sociedad.

La experiencia vivida en países con políticas altamente punitivistas que ya han alcanzado niveles alarmantes de contagios, como Estados Unidos, evidencia que no nos encontramos frente a una mera sospecha o posibilidad remota; por el contrario, es razonable afirmar que, de no tomarse medidas adecuadas, México vivirá en las próximas semanas una crisis grave de contagios al interior de los centros penitenciarios. De igual forma, como sucedió en Italia, es de esperarse que –frente a la falta de medidas para atender de manera efectiva la crisis del Covid al interior de los centros penitenciarios– se desencadenen motines que terminen por acabar con la vida de muchas personas privadas de la libertad.

Apostar únicamente por la liberación de personas que se encuentran en los supuestos que la ley autoriza, como medida de sustitución de la pena o como preliberación, es a todas luces insuficiente para hacer frente a la más grave crisis de salud pública a la que nos hemos enfrentado. El diseño e implementación de esquemas de liberación en los centros penitenciarios deben estar pensados desde las obligaciones constitucionales de proteger y garantizar el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y el derecho a la vida, así como desde la obligación específica de prevenir violaciones a derechos humanos.

Dado el impacto diferenciado que el COVID-19 puede tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención, y ante el inminente riesgo de contagio que existe en estos lugares, el Estado mexicano debe disponer de medidas adecuadas, racionales y ordenadas, para reducir la población penitenciaria y establecer medidas alternativas a la privación de la libertad, sin discriminación.

En particular, tal y como el Subcomité ha instado a los Estados, resulta urgente examinar los casos de detención preventiva, para determinar si ésta es estrictamente necesaria habida cuenta de la emergencia de salud pública existente, y en consecuencia, ampliar el uso de la libertad bajo caución para estos casos.

Por otro lado, resulta fundamental que el Estado mexicano no escatime, en el contexto de esta emergencia sanitaria, en el suministro de recursos judiciales efectivos, de conformidad con las reglas del debido proceso legal, dirigidos a víctimas de múltiples violaciones a derechos humanos, como tortura, y quienes se encuentran privadas de su libertad en centros de detención. La inactividad en los procedimientos y las demoras prolongadas, impactan negativamente en el acceso a la justicia, y consecuentemente, en la vida, seguridad e integridad, particularmente en el contexto de esta pandemia, de las personas privadas de su libertad quienes se encuentran bajo estos procesos penales aún abiertos.

Finalmente, en estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna. La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no puede ser derogada, ni siquiera en circunstancias excepcionales y emergencias que pongan en peligro la vida de la nación. Así mismo, el Estado mexicano debe velar porque los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior, sean garantizados para las personas sentenciadas en los centros penitenciarios, como lo deben estar dirigidos para las víctimas con sentencia firme.

Agradecemos mucho a las y los integrates de defensa, piscosocial e incidianecia macional e internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos de los Derechos Humanos por la elaboración de este blog.

@CMDPDH

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