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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Sin cifras reales sobre la tortura en México
Uno de los problemas para combatir la tortura es que las Procuradurías han sido sistemáticamente renuentes a clasificar los hechos como tales, reduciéndolos a delitos de menor impacto como lesiones o, incluso, no investigando las denuncias realizadas.
Por CMDPDH
5 de junio, 2017
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Por: Natalia Báez y Efraín Tzuc (@efra_tzuc)

La reciente aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes el pasado 26 de abril, representa un avance importante para la erradicación de esta práctica violatoria de los derechos humanos que ha sido calificada como generalizada en el país. La Ley General, además de prohibir la tortura en México y crear mecanismos para su registro y prevención, permitirá conocer la situación nacional en relación a esta grave violación de derechos humanos, puesto que ordena la elaboración de un diagnóstico como parte del Programa Nacional para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

El diagnóstico representa un reto al que se enfrentará la misma aplicación de la Ley General, ya que actualmente el registro de los casos de tortura ocurridos en el país es extremadamente complejo y en ocasiones deficiente. Esto, debido a la coexistencia de distintos tipos penales para este delito en las entidades federativas, mismos que no corresponden a los elementos de la definición establecida en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ni a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ambos tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano.

A pesar de que la Ley General, aún pendiente a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, establece criterios mínimos para la erradicación de esta terrible práctica, su correcta aplicación dependerá en gran medida de los mecanismos que generen las propias entidades federativas y municipios, particularmente las Procuradurías y las distintas policías estatales y municipales para prevenir e investigar los casos de tortura que se cometan en sus territorios.

Un problema mayor que ha sido denunciado reiteradamente consiste en que las Procuradurías han sido sistemáticamente renuentes a clasificar los hechos de tortura como tales, reduciéndolos a delitos de menor impacto como lesiones o, incluso, no investigando las denuncias realizadas, especialmente cuando éstas se dan en condiciones de detenciones arbitrarias.

La situación se repite en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos que usualmente clasifican las quejas y emiten recomendaciones por el hecho violatorio de tratos crueles, inhumanos o degradantes, minimizando la gravedad y sistematicidad de las prácticas de tortura en el país. Por ejemplo, en el periodo de 2006 a 2016, la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo atendió 1,918 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo 198 por tortura. Lo mismo ocurre con la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, que reportó 1,167 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes y únicamente 129 por tortura. A nivel federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió 348 quejas por tortura y 9,765 sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A partir del análisis de recomendaciones emitidas tanto por las Comisiones Estatales, como por la CNDH, hemos constatado la inadecuada clasificación de los hechos violatorios, misma deficiencia que impacta en el cálculo de la cifra real de casos de tortura. Es el caso de la Recomendación 02/2016 emitida por la CNDH sobre actos de violencia sufridos por un estudiante de la escuela militar y perpetrados por compañeros de grados superiores, quienes durante 8 meses lo agredieron de manera física, psicológica y sexual. La Recomendación narra que la víctima sufrió amenazas, introducción de un dedo vía anal, así como golpes con objetos, trabajos forzados, entre otros; sin embargo, estos actos fueron calificados por la CNDH como tratos crueles y no como tortura.

Otro ejemplo de esto es la Recomendación 10/2016 emitida también por la CNDH, que se refiere a tres civiles detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Marina, quienes fueron víctimas de actos de tortura como amenazas, golpes, simulación de asfixia con bolsa de plástico y toques eléctricos, siendo desestimados al calificarlos como tratos crueles, inhumanos o degradantes.

No omitimos mencionar que, además de la dificultad de documentar la tortura en México por la clasificación errónea de las Procuradurías y Comisiones Estatales y Nacional, nos hemos enfrentado a las recurrentes fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia. El sistema entorpece el ejercicio efectivo del derecho a la información y refleja las insuficiencias al interior de las instituciones en cuanto a la generación de datos de calidad, y la poca voluntad de transparencia, especialmente en relación a la información de gran trascendencia social como las violaciones graves a los derechos humanos.

Para poder lograr que la recién aprobada Ley General contra la Tortura realmente funcione y haga frente a la impunidad de las violaciones graves a derechos humanos, es fundamental que se trabaje también en la obtención de cifras reales y un análisis serio sobre esta práctica. Un diagnóstico confiable permitiría la identificación y abordaje de las vulnerabilidades más urgentes del país con base en evidencia y a su vez, impulsaría la creación de estrategias y políticas públicas para contener, prevenir y reducir la comisión de violaciones graves. Es por ello que es indispensable contar con mejores investigaciones y clasificaciones de los delitos.

Si no se diagnostica una enfermedad correctamente, cualquier medida o tratamiento que se tome para curarla será en vano. Igualmente, será imposible crear medidas apropiadas y exitosas en el combate a la impunidad si no se identifican y clasifican los retos a los que nos enfrentamos, de manera adecuada. De ahí la importancia de la generación, existencia y acceso a datos fiables en materia no sólo de tortura, sino de otro tipo de violaciones como la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias.

 

* Natalia Báez es investigadora y Efraín Tzuc colabora en las áreas de investigación y comunicación, ambos en la @CMDPDH.

 

 

Solicitud de información dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo con folio 00335017.

Solicitud de información dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa con folio 00356317.

Solicitud de información dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con folios 3510000060316 y 3510000037217.

Análisis realizado a través de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias al financiamiento de la Unión Europea y el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.

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