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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Sin respeto a los derechos humanos, la guerra contra las drogas no terminará
No basta con que Enrique Peña Nieto haya reconocido los nocivos efectos del prohibicionismo y su correlación con la violencia; en tanto no se reconozca que no solo se tratan de “costos sociales” sino de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en la implementación de una inadecuada política de seguridad para combatir al narcotráfico, las medidas recién anunciadas por el Ejecutivo solo constituyen iniciativas cómodas y populares sin ningún genuino interés en atender la dimensión de nuestro problema.
Por CMDPDH
25 de abril, 2016
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Por: Olga Guzmán (@OlGuz)

El jueves 21 de abril concluyó en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, conocida por sus siglas en inglés como UNGASS. Presidentes del mundo, incluido el nuestro, así como representantes de alto nivel, principalmente del ámbito de la salud y la justicia, participaron en dicha sesión.

En nuestro país, la UNGASS generó gran expectativa. A nivel internacional, porque desde que se anunciara en el 2012 que se convocaría a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU para examinar los progresos de la cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas a petición de México, Guatemala y Colombia, nuestro país fue visto por la comunidad internacional como un protagonista en este proceso. A nivel nacional, porque desde que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizara a 4 personas cultivar y consumir mariguana para fines personales, se llevó a cabo una discusión nacional en torno su regulación. De esta discusión se desprendería una posición oficial que definiría nuestra determinación para hacer frente al problema mundial de las drogas.

Tras este diálogo nacional, en cual participamos integrantes de organizaciones de la sociedad civil, así como académicas/os y expertas/os en el tema, integrantes de la función pública, entre otras, es claramente notorio que la narrativa deliberada por el presidente Enrique Peña Nieto ante la UNGASS ha generado optimismo y dado visos de progreso.

Durante años, las autoridades mexicanas se han resistido a reconocer los devastadores efectos ocasionados por la implementación de las políticas de seguridad encaminadas a combatir la producción, distribución y consumo de drogas en el país. Con displicencia, los representantes de la delegación mexicana en este tipo de espacios multilaterales se han referido a los “costos sociales” del problema de las drogas, consideración que a todas luces queda muy corta con la realidad que cobra tantas vidas en nuestro país.

El mensaje ha sido muy claro: las drogas son las únicas responsables de la tragedia. En la historia contada en esta narrativa institucional, las adicciones fragmentan el tejido social, generan delincuencia y el crimen organizado es el único causante de nuestro sanguinario desenlace.

Pese a que el lenguaje incorporado en el discurso deliberado por el presidente mexicano el 19 de abril en la UNGASS resulta promisorio, la noción de que la crisis de violencia y por consiguiente, la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país no es responsabilidad del Estado, sino exclusivamente del crimen organizado, sigue preocupantemente enquistada en la postura oficial.

Aquellos años en los que el presidente en turno afirmaba que la violencia en el país era desatada por grupos del narcotráfico y que el alza en el número de homicidios no eran más que las muertes violentas que se cobraban entre los mismos integrantes del crimen organizado – como si fuera una buena noticia por tratarse del abatimiento de los mismos “criminales” – no está lejana de la actualidad. En el pasado 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con firmeza declaró que son las organizaciones criminales las causantes de la violencia, y no el Estado mexicano.

Bajo este entendimiento es que la draconiana política de seguridad a cargo principalmente de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico no bajará la guardia. No basta con que Enrique Peña Nieto haya reconocido los nocivos efectos del prohibicionismo y su correlación con la violencia; en tanto no se reconozca que no solo se tratan de “costos sociales” sino de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en la implementación de una inadecuada política de seguridad para combatir al narcotráfico, las medidas recién anunciadas por el Ejecutivo consistentes en la regulación de la cannabis para fines medicinales y científicos así como el aumento en el gramaje de posesión de mariguana, solo constituyen iniciativas cómodas y populares sin ningún genuino interés en atender la dimensión de nuestro problema.

Para que el llamado por parte de la comunidad internacional de países, y particularmente el de México, a incorporar una perspectiva de derechos humanos en el problema mundial de drogas tenga vigencia, resulta fundamental alinear las políticas de seguridad encaminadas a reducir la producción, el tráfico y el consumo de drogas con el derecho internacional de los derechos humanos.

Tal como lo manifestamos en la Declaración de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos en México con relación a los efectos nocivos a los derechos humanos por la inadecuada política de seguridad en el combate a las drogas, cada vez más organizaciones de derechos humanos documentamos la incidencia de tortura, desaparición forzada, detenciones y ejecuciones arbitrarias de las que son víctimas miles de personas en el país.

También documentamos la vulneración en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y el crimen organizado; la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes; los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares por la violencia del crimen organizado y ante la falta de mecanismos de protección por parte del Estado; las violaciones a derechos humanos que viven día con día las y los migrantes que cruzan el país y la violencia de la que son víctimas; los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentan la violencia generada por la guerra con las drogas; la fabricación de culpables, las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, particularmente las mujeres, purgando penas por delitos no violentos relacionados a la posesión de drogas, así como la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad fallida.

Esta estremecedora realidad, también la comparten mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños en Centroamérica. Y es ante la indolencia de nuestros Estados, que la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia recorrió Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en dirección a la UNGASS en Nueva York, recogiendo testimonios de víctimas de las múltiples formas de violencia ocasionadas por la guerra contra las drogas en nuestra región.

El gran fracaso de la UNGASS, fue que el documento resultado de esta importante sesión especial, excluyó una verdadera discusión entre los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, así como las aportaciones de la sociedad civil.

El éxito de la UNGASS, fue el consenso alcanzado entre los Estados para incluir una perspectiva de derechos humanos en las políticas de drogas – pese a que el documento final de la sesión no incluyó la prohibición expresa a la pena de muerte relacionada a delitos de drogas que aún se aplica en diversos países en el mundo – . El más importante reto sigue siendo el cómo; discusión en la que tendrán que participar cada vez más agencias y mecanismos internacionales de derechos humanos que habían permanecido al margen de este debate. De entrada, aplaudo la valiosa contribución a este debate por parte mecanismos de derechos humanos de la ONU, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre el derecho a la salud y el Comité de los Derechos del Niño.

Sin constituir medidas audaces, la regulación de la cannabis para fines medicinales y científicos y el aumento a 28 gr. de marihuana para consumo personal, constituyen el inicio de un camino en el cual inexorablemente debíamos de transitar. No obstante, el fondo sigue sin ser atendido.

 

* Olga Guzmán es Directora de Incidencia de la @CMDPDH

 

 

* El documento UNGASS2016 se puede consultar aquí.

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