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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Te buscaré hasta encontrarte
Daniel Ramos Alfaro fue víctima de desaparición forzada en Michoacán el 2 de octubre de 2013, en un contexto que permite sugerir la participación del Ejército mexicano en su desaparición. A pesar de que las familiares de Daniel pusieron los hechos en conocimiento de la CNDH desde los primeros momentos, la integración del expediente ha estado repleta de irregularidades que han pasado por declinatorias de competencia, cierres de expediente, notificaciones mal hechas, ocultamiento de información a la representación y una negligencia extrema en la investigación.
Por Ammi López S., Jessica Sánchez R., Daniel Pedroza T. y Juan Francisco Sánchez C.
12 de julio, 2021
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La declaración de la mal llamada “Guerra contra el Narcotráfico” del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a finales del año 2006, marcó el inicio de una época de violencia extrema, caracterizada por la perpetración de atrocidades masivas (violaciones graves a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, todas cometidas a gran escala), en un contexto de impunidad casi absoluta. La crisis mexicana de derechos humanos se ha extendido por más de una década sin que el paso de los años haya propiciado que el Estado asuma con seriedad su obligación de garantizar verdad, justicia y reparación para los cientos de miles de víctimas que ha dejado la década de la violencia y la impunidad.

Así, estos años –que ya marcan a una generación completa de mexicanas– nos han dejado una oleada de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, fabricación de culpables, feminicidios y desapariciones. De acuerdo con distintos órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas, algunas de estas violaciones a derechos humanos –como la desaparición o la tortura– se practican de manera generalizada en México.

Estos crímenes atroces han ido al alza y sin freno. Vemos con preocupación que los discursos y políticas del actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya han dado muestras de que el horror generalizado no terminará pronto. Así, frente a un panorama de impunidad, indolencia y negligencia criminal, familiares de personas desaparecidas se han visto obligadas a asumir labores de búsqueda, justicia e identificación humana. Las familiares, como sucede desde los tiempos de la época del terrorismo de Estado conocida como guerra sucia, se han visto obligadas a reemplazar al Estado al formar grupos arropados bajo un dolor y propósito colectivos: esclarecer la verdad, exigir justicia y buscar a sus familiares.

Una pesadilla continua y la lucha colectiva

Hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas arroja un gran total de 81,175 personas desaparecidas en México; de ese total, 67,391 personas han sido desaparecidas a partir del 2006. Si bien es cierto que el Estado mexicano ha sido incapaz de determinar con precisión cuántas de esas desapariciones pueden calificarse como forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en un informe de 2015 sobre México, señaló que “muchas de (esas) podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

En ese sentido, vemos que los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos se han convertido en actores fundamentales para explicar cómo es que se han generado las condiciones para alcanzar adecuaciones legislativas relevantes en la lucha contra la desaparición forzada, como sucedió con la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, o la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer de comunicaciones individuales.

Recientemente, la lucha colectiva se tradujo en un nuevo avance, sin precedente similar en ninguna otra jurisdicción, pues el 16 de junio del año en curso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad de votos el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que  se reconoció que las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) son obligatorias para el Estado mexicano y, por ende, susceptibles de que su cumplimiento sea sujeto de control constitucional.1

El enorme precedente impulsado por familiares de desaparecidos, junto con la organización I(dh)eas, facilitará que se pueda obligar judicialmente a que todas las autoridades del Estado cumplan sin pretextos las más de 500 acciones urgentes dictadas por el CED en México. En ese sentido, recientemente, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó un juicio de amparo indirecto, que quedó radicado en el Juzgado 10º Administrativo en la Ciudad de México, por el que se reclama el incumplimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en acatar una decisión de Acción Urgente dictada por el CED en el caso de Daniel Ramos Alfaro.

Daniel Ramos Alfaro fue víctima de desaparición forzada en Michoacán el 2 de octubre de 2013, en un contexto que permite sugerir la participación del Ejército mexicano en su desaparición. A pesar de que las familiares de Daniel pusieron los hechos en conocimiento de la CNDH desde los primeros momentos, la integración del expediente ha estado repleta de irregularidades que han pasado por declinatorias de competencia, cierres de expediente, notificaciones mal hechas, ocultamiento de información a la representación y una negligencia extrema en la investigación.

Por estos hechos, la CMDPDH impulsó desde el 2017 la reapertura del expediente de queja, con nueva información y pruebas. Sin embargo, sin que mediara notificación válida, la CNDH tomó la decisión de cerrar nuevamente la investigación. Por estos hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada obligó a que la CNDH se abstenga de cerrar el expediente en tanto no se analizara toda la información alcanzable y se agotaran todas las hipótesis posibles. Ello, pues la investigación de la CNDH se había limitado a la mera lectura del expediente de la Averiguación Previa que integra la Fiscalía General de la República por la desaparición de Daniel.

Los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cerrar el expediente de Daniel llegaron a ser tan absurdos que incluso argumentaron que la razón del cierre radicaba en que el Ejército había negado participar en los hechos. Esto, a pesar de que la propia definición de desaparición forzada exige que la autoridad se niegue a revelar información sobre la suerte o paradero del desaparecido.

Si bien esperamos que el Poder Judicial de la Federación pueda remediar las violaciones a derechos humanos cometidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no deja de ser profundamente preocupante que instituciones que tienen el mandato constitucional de promover y defender derechos obliguen a que las familiares de personas desaparecidas tengan que llevar sus reclamos a instancias altamente técnicas, como lo puede ser un organismo internacional o el juicio de amparo.

Esta preocupación se vuelve particularmente relevante por el hecho de que la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llegó entre una serie de reclamos por su falta de independencia frente al actual titular del Ejecutivo federal lo cual, incluso, ha llevado a que el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) haya determinado iniciar una revisión especial de la situación de la CNDH.

Lo anterior no es menor pues la cercanía de la presidenta de la CNDH se da hacia un ejecutivo federal que ha demostrado, reiteradamente, que parte central de su proyecto de gobierno es la militarización de tareas que corresponden a autoridades civiles, lo que ha llevado a garantizar un poder e influencia sin precedentes al Ejército mexicano.

Conclusión

Es claro que la obligación de buscar a las personas desaparecidas e investigar las responsabilidades es una tarea del Estado; sin embargo, en la práctica, el avance real en estos casos se suele dar únicamente con la presión constante de las familiares y las organizaciones. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en jurisprudencia reiterada, que la obligación de investigar “debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”.

Es la labor que realizan los colectivos de familias buscadoras y las organizaciones de la sociedad civil la que ha permitido impulsar decisiones muy relevantes para garantizar el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y a obtener justicia, no la iniciativa del Estado que sigue sin mostrar el compromiso, empatía y sensibilidad suficientes para atender la crisis mexicana de derechos humanos.

* Ammi López Sántiz, Jessica Sánchez Rafael (@Essssi_), Daniel Ignacio Pedroza Tello (@DanielPedrozaJ1) y Juan Francisco Sánchez Contreras (@juanfcontrerass) son Voluntarixs en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH). Agradecen los aportes de Verónica Vázquez, Víctor Del Pozo y Víctor Meade.

 

 

1 Desafortunadamente, a la fecha de la publicación de este blog, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha publicado el engrose del Amparo en revisión 1077/2019.

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