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Verdad, justicia y reparación
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Tortura en México: la huella de la impunidad a través del tiempo
La práctica de la tortura se ha mantenido a través del tiempo, utilizada principalmente en épocas de conflicto interno, donde el Estado ha recurrido al despliegue de las fuerzas armadas y federales sin ningún tipo de control que evite y prevenga la recurrencia de prácticas que están fuera del marco legal y que son violatorias de derechos humanos.
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8 de junio, 2015
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Por: Natalia Pérez Cordero (@NataliaCordero9)

Hace veintiún años, en 1994, ante el levantamiento de movimiento revolucionario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Gobierno Federal decidió desplegar fuerzas armadas y policiacas a lo largo del estado de Chiapas para reprimir cualquier movimiento de insurrección en contra del Estado.

La consecuencia de este despliegue de fuerzas estatales fue principalmente la violación masiva de derechos humanos por parte de agentes del Estado, como el caso de las hermanas Ana, Beatriz y Cecilia, todas de apellido González Pérez, y de su madre la señora Delia Pérez, indígenas tzeltales, que fueron retenidas un 4 de junio de 1994 al pasar por un retén militar, con el objetivo de interrogarlas sobre su filiación al EZLN; sin embargo, las mujeres que no dominaban el idioma español no pudieron responder a las interrogantes de los militares, quienes en respuesta y como castigo las torturaron sexualmente, obligando a la señora Delia Pérez a escuchar toda la violación.

Diecisiete años después, el 8 de junio del año 2011, elementos de la policía federal detuvieron ilegal y arbitrariamente a los hermanos Verónica y Erick Iván, ambos Razo Casales; las detenciones ocurrieron en dos distintos puntos de la Ciudad de México. Ambos fueron llevados a instalaciones de la extinta Agencia Federal de Investigación junto con diez personas, desconocidas para ellos; en dicho lugar fueron torturados física y psicológicamente con el objetivo de obligarlos a confesar su supuesta participación en dos secuestros. Verónica, además, fue víctima de tortura sexual.

Posteriormente, sus confesiones fueron utilizadas como prueba para incriminarlos en el delito de secuestro, y el día de hoy cumplen cuatro años en prisión preventiva con una acusación sostenida en pruebas ilícitas y en espera de una resolución que reconozca su inocencia.

En ambos casos, además de la práctica de la tortura, el común denominador ha sido la impunidad total para investigar los actos de tortura y para sancionar a los servidores públicos, miembros de las fuerzas armadas, responsables de ejecutar y continuar una práctica sistemática y generalizada de violaciones graves a derechos humanos. La práctica de la tortura se ha mantenido a través del tiempo, utilizada principalmente en épocas de conflicto interno, donde el Estado ha recurrido al despliegue de las fuerzas armadas y federales sin ningún tipo de control que evite y prevenga la recurrencia de prácticas que están fuera del marco legal y que son violatorias de derechos humanos.

Como primer factor de la impunidad, destaca la inadecuada tipificación del delito de tortura a nivel federal y local, puesto que como lo refirió el relator para la Tortura en su más reciente informe sobre México, la tipificación federal no cumple con los estándares del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ya que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no se refiere a la tortura cometida con fines discriminatorios o con “cualquier otro fin”, y además exige cuando un particular comete el delito, que el torturado esté detenido, lo que restringe indebidamente su aplicación.

El segundo factor de la impunidad está en la falta de una investigación pronta y expedita, e incluso independiente e imparcial; en el caso de las hermanas González Pérez, la investigación del delito estuvo hasta el año 2012 en el fuero militar, lo cual ha traído como consecuencia la falta de identificación y sanción de los responsables de la práctica de la tortura.

Cabe señalar que, durante la investigación penal, en reiteradas ocasiones los ministerio públicos invierten la carga de la prueba o exigen cargas excesivas a las víctimas para comprobar los hechos de tortura, cuando la peculiaridad de este delito es justamente que se efectúa estando bajo el total dominio y control del Estado sobre la persona, pues principalmente los actos de tortura se llevan a cabo después de una detención o retención por parte de agentes estatales encargados de la seguridad, por lo que toda evidencia de tortura queda mientras se está bajo control estatal, lo que hace casi imposible para las víctimas poder probar el delito.

También, las víctimas son sometidas a prácticas revictimizantes, como por ejemplo obligarlas a repetir en numerosas ocasiones los hechos de tortura sin las salvaguardas necesarias a su estabilidad emocional. Y en el caso de las víctimas de tortura sexual, someterlas a exámenes ginecológicos mucho tiempo después de ocurridos los hechos cuando ya se ha perdido toda evidencia de violación sexual, tornando inútil la prueba ginecológica, por mencionar algunos ejemplos.

Lo anterior trae como consecuencia la imposibilidad de probar penalmente el delito de la tortura y mucho menos permite la identificación y sanción de los responsables; ello se ve reflejado en el casi nulo número de sentencias por el delito de tortura. Del 2005 al 2013 el Gobierno federal informó de la existencia de tan sólo cinco sentencias condenatorias, de las cuales sólo dos han quedado firmes, esto frente a las miles de denuncias penales y quejas ante organismos de derechos humanos.

Finalmente, como tercer factor de impunidad, está la falta de políticas y protocolos claros que permitan prevenir efectivamente la práctica sistemática de la tortura, pues al contrario, las altas esferas del poder estatal se han dedicado a negar que la práctica de la tortura sea sistemática y generalizada, en lugar de enfocarse en trabajar para crear acciones concretas que erradiquen esta práctica.

El conjunto de estos factores ha permitido y generado una impunidad absoluta desde hace 21 años en el caso de las hermanas González Pérez y, 4 años de impunidad en el caso de los hermanos Razo Casales, donde no sólo se han tenido que enfrentar el sufrimiento mismo que les generó la tortura física y sexual, sino que además a esta carga se ha sumado la impotencia ante la omisión de una investigación rápida y efectiva que dé como resultado la sanción de los servidores públicos responsables, negándoseles todo derecho de acceder a una justicia que sea real y no simulada.

Las víctimas de tortura y tortura sexual merecen justicia y, ante el contexto de violaciones a derechos humanos en el país, se hace necesario que todas y todos exijamos sanción a los responsables y reparación integral a las víctimas. México requiere de acciones concretas por parte del Estado para erradicar la detestable práctica de la tortura, y de otras violaciones graves a derechos humanos; y con ello la garantía de un país democrático, en paz y libre de todo temor hacia los servidores públicos encargados de resguardar la seguridad de la ciudadanía.

 

* Natalia Pérez Cordero es abogada de la @CMDPDH.

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