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Verdad, justicia y reparación
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Violaciones a DDHH sin reparación, una deuda pendiente de este sexenio
Han pasado ya más de seis años y los hermanos Herrera Valles, despedidos injustificadamente de la corporación policíaca, continúan buscando justicia al intentar reincorporarse a la Policía Federal para seguir desempeñándose en sus labores, como venían haciéndolo antes de que sus derechos humanos fueran violados. Incluso se han reunido con altos funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal para lograr su reincorporación en las labores de seguridad que desempeñaban, pero no han tenido una respuesta favorable hasta el día de hoy.
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14 de diciembre, 2015
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Por: Federico Rodríguez Paniagua 

Durante la pasada administración, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada, las autoridades ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, dirigida entonces por la hoy cónsul de México en Italia, Marisela Morales, iniciaron una “cacería de brujas” contra personas que eran usadas como chivos expiatorios o contra personas incómodas o que eran una amenaza contra los intereses del poder.

Gran cantidad de estas investigaciones generadas entre los años 2008 y 2009, cuando el actual ministro de la Corte Eduardo Medina Mora encabezaba la PGR, fueron insostenibles ante instancias judiciales, lo que ocasionó que decenas de personas fueran puestas en libertad por violaciones a sus derechos humanos o por haberse demostrado la falsedad de las pruebas que sostenían las acusaciones. Entre los casos más sonados se encuentran el “Michoacanazo”, “Operación limpieza” y los atentados ocurridos en la explanada del zócalo de Morelia, Michoacán, en septiembre de 2008.

Otro caso es el del ex coordinador de Seguridad Regional de la entonces Policía Federal Preventiva, el comisario general Javier Herrera Valles, quien en febrero de 2008 fue removido de su cargo sin motivo legal alguno, precisamente a menos de un mes de que denunciara diversas irregularidades en las que presuntamente participaban elementos de la Policía Federal cercanos al entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como la compra irregular de 850 vehículos para la Policía Federal y la incorporación a esa institución de personas vinculadas con la delincuencia organizada, entre otras anomalías.

Más tarde redactó una carta con pruebas documentadas que dirigiría al entonces presidente Felipe Calderón, en la que le narraba los actos de corrupción que observó dentro de la institución y la simulación para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, lejos de recibir una respuesta a su misiva, el 26 de agosto de 2008 se inició un proceso administrativo por la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal Preventiva, incondicionales a las ordenes del Secretario de Seguridad Pública, para darlo definitivamente de baja de la corporación, por encontrarlo “responsable” de incurrir en ausencias laborales no justificadas, pese a que demostró haber asistido a su centro de trabajo. Fue así como terminaron ilegalmente para el comisario general Javier Herrera más de 30 años de servicio activo en la Policía Federal, donde nunca había tenido incidentes de disciplina, ni de otra índole, sino que incluso había sido reconocido y condecorado en diversas ocasiones por hechos meritorios en su servicio como policía de carrera.

Lamentablemente, esta no fue ni la primera, ni las únicas consecuencias que él y su familia padecieron, pues el 17 de noviembre de 2008, Javier Herrera Valles fue detenido con lujo de violencia y acusado falsamente de cometer delitos vinculados con delincuencia organizada. De esta manera, todos los esfuerzos legales que había emprendido para defender su empleo tuvieron que enfocarse a conseguir una sola finalidad: su libertad.

“Fui detenido arbitrariamente, golpeado, arraigado por 80 días, sentenciado y privado de mi libertad injustamente por 3 años y 10 meses, todo ello como represalia a las acusaciones que hice en contra del entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros altos mandos de la Policía Federal Preventiva, al darme cuenta de varias irregularidades que se estaban cometiendo dentro de la institución”, comenta el comisario general.

La investigación que se instauró en contra del entonces ex miembro de la Policía Federal, se sustentó en las declaraciones de una persona acusada de fraude, así como de las de José Salvador Puga Quintanilla, quien fue detenido en flagrancia por secuestro y a quien posteriormente la SEIDO lo hizo testigo protegido denominándole “el Pitufo”. Dos años después, ya durante del proceso penal, la PGR incorporó también de manera ilegal las declaraciones de Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias “Mateo”, y el testigo colaborador “Jennifer”. Sin embargo, todos los señalamientos no eran más que acusaciones de oídas, contradictorias entre sí y sin mayor sustento en contra de Javier Herrera, a quien señalaban como supuesto colaborador del cártel de Sinaloa y al mismo tiempo del cártel del Golfo; incluso, varios medios de comunicación demostraron como “el Pitufo” fue utilizado en decenas de otros casos para imputar falsamente a otras personas delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Pese a esto, las represalias no pararon ahí, sino que trascendieron a su familia: “Mi esposa fue presionada para que renunciara al trabajo que tenía en un tribunal del Poder Judicial de la Federación. A mi hijo lo cambiaron de adscripción sin justificación y posteriormente lo dieron de baja ilegalmente de la Policía Federal Preventiva, por supuestamente faltar a su trabajo, cuando en realidad gozaba de licencia médica. Uno de mis hermanos, Arturo, que se desempeñaba en ese entonces como inspector general de la Policía Federal en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, fue detenido arbitrariamente el 4 de septiembre de 2008 durante su horario laboral y acusado en las instalaciones de la SIEDO por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud”.

Tras demostrar en los procesos penales que se siguieron en contra de los hermanos Herrera Valles que fueron violatorios al debido proceso y que no existían elementos para acreditar su responsabilidad penal, el 10 de agosto de 2011 se dictó sentencia absolutoria a favor de su hermano Arturo y el 6 de septiembre de 2012 ocurrió lo mismo para él.

Con la total convicción de justicia, a los pocos días de obtener su libertad, el Comisario General Herrera Valles emprendió nuevamente el camino para ser reincorporado en las labores que desempeñaba antes de ser despedido injustificadamente y encarcelado por delitos que no cometió. No obstante, los cauces procesales que intentó retomar no tuvieron éxito alguno, pues el rigor de los plazos legales no le permitieron seguir impugnando su cese ilegal en el empleo, ya que las autoridades jurisdiccionales establecían en sus resoluciones que sus demandas no habían sido presentadas en tiempo o en las vías conducentes, negándosele de una u otra forma el acceso a la protección de sus derechos laborales.

Actualmente se encuentra en trámite una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por el sistema de procuración e impartición de justicia del Estado mexicano, así como por las violaciones a sus derechos fundamentales desde la conclusión del cargo y cese en su empleo y el injusto proceso penal al que fue sometido.

Han pasado ya más de seis años y él y su hermano, quien también fue despedido injustificadamente de la corporación policíaca, continúan buscando justicia al intentar reincorporarse a la Policía Federal para seguir desempeñándose en sus labores, como venían haciéndolo antes de que sus derechos humanos fueran violados. Incluso se ha reunido con altos funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal para lograr su reincorporación y la de su hermano en las labores de seguridad que desempeñaban, pero no han tenido una respuesta favorable hasta el día de hoy.

“Cuando el doctor Manuel Mondragón fue Comisionado Nacional de Seguridad hablé con él hasta en tres ocasiones para buscar mi reinstalación, y supuestamente había dado instrucciones para que se me reincorporara, pero nunca fui llamado nuevamente. Posteriormente, estuve con el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien me dijo que regresara después y nunca más me volvió a recibir ni a contestar mis llamadas telefónicas. A la salida del doctor Mondragón, me reuní con el licenciado Monte Alejandro Rubido a quien le pedí que reconsiderara mi situación, pero tampoco tuve una respuesta favorable. Espero ahora que su sucesor, el licenciado Renato Sales Heredia, pueda escuchar mi caso y restituirme en la corporación a la que serví por tantos años”.

Frente a estos hechos, resulta importante recordar que el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) llevadas a cabo entre septiembre y octubre de este año, expresó ante organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que su administración estaría abierta y plenamente dispuesta a seguir cooperando con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y realizar los cambios institucionales que se requieren, en favor de la justicia cotidiana en México.

En esas mismas fechas, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo una reunión privada con Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, en el que asistió el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, en la que reiteró que el Gobierno de la República está dispuesto a trabajar con organismos internacionales en la materia y que “el compromiso de nuestro país con el respeto a los derechos humanos es absoluto”.

A la fecha, con el transcurso de más de la mitad de este sexenio, éstas y otras reparaciones a las violaciones a los derechos humanos continúan sin materializarse. Lo más preocupante no sólo es que no se ve una voluntad clara por parte de las autoridades de pagar las deudas que dejaron las violaciones a los derechos humanos de las administraciones pasadas, sino que las violaciones continúan siendo el “pan nuestro de cada día”.

 

*Federico Rodríguez Paniagua es abogado de la @CMDPDH

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