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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Voces en defensa de los derechos humanos en México
Hace tres años nos propusimos dar a conocer la compleja realidad que viven las y los defensores en nuestro país, buscando además su protección a través de la visibilidad. Así, con el apoyo la Unión Europea ejecutamos proyecto para la protección a personas defensoras de derechos humanos, cuya rostro público fue la campaña #HazQueSeVean y hoy, el libro ‘Rostros de la Dignidad’.
Por CMDPDH
9 de mayo, 2016
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Si la voz de uno se apaga todos perdemos algo de vida, un modo de ver, un color,

la manera de estar en la tierra. Se extingue un río. Se pone en juego la risa de las mujeres,

la inocencia de los niños. La posibilidad de escribir sin ser asesinado.

Migrantes pierden la vida. Obreras terminan eslavizadas. Despojan territorios.

Si ellas y ellos son silenciados se extingue del horizonte lo posible.

Marcela Turati, prólogo de ‘Rostros de la Dignidad’

 

En un país donde los derechos humanos se violan todos los días, alzar la voz y luchar por la justicia se convierte en un verdadero acto de lealtad, y un latente riesgo para la propia vida. Hace tres años nos propusimos, desde la CMDPDH dar a conocer la compleja realidad que viven las y los defensores en nuestro país, buscando además su protección a través de la visibilidad. Así, con el apoyo la Unión Europea ejecutamos proyecto para la protección a personas defensoras de derechos humanos, cuya rostro público fue la campaña #HazQueSeVean y hoy, el libro ‘Rostros de la Dignidad’. Dichos esfuerzos se alzan como testigos de las historias de quienes ponen su vida en riesgo en busca de un México más justo. Alejandra, Alberto, Irina, Jesús, Maricarmen, Mariano, Tere, Miguel Ángel, Silvia, Hermelinda, Julio, Nadin, Armando, Nélida, Raúl, Apolonia, Elsa, Juan Carlos y María, Tita, Yésica, Meritxell, Alejandro, Claudia, Antonio, Leticia, Jorge, Eliseo, Altagracia, Silvia, Sara, Fernando, Bettina, Tomás, Isabel, María Luisa, Saúl, Jorge, Norma, y Zuzana. No son los únicos, representan a muchos y a muchas más.

‘Rostros de la Dignidad’ fue presentado públicamente el pasado martes 3 de mayo con la presencia de la defensora Leticia Gutiérrez, defensora de población migrante y personas defensoras de migrantes, la defensora Claudia Zenteno, defensora medioambiental, la defensora Bettina Cruz, defensora de la tierra y el territorio, Marie Paule Neuville representante de la Unión Europea, y Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras.

El Relator Michel Forst aplaudió esta iniciativa, considerándola un importante precedente y gran ejemplo al mostrar a las y los defensores como personas llenas de fortaleza, valientes y que dan esperanza a la sociedad. Los testimonios de las defensoras presentes en la presentación son la muestra de que la respuesta ante las injusticias, comienza con la indignación:

1. Soy la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, religiosa misionera scalabriniana. Tengo 20 años defendiendo derechos humanos de personas migrantes y algunos cuantos de defender el derecho a defender derechos humanos de personas migrantes; mi relación con la defensa de personas migrantes se potencializa desde el sexenio pasado con el Calderonismo cuando en la guerra contra las drogas la población migrante se convierte en un caldo de cultivo para soportar todo tipo de delitos, agresiones, tortura, tratos crueles e inhumanos, hasta llegar el cumulen de 20 mil migrantes secuestrados y tres masacres en 2010, 2011, 2012, así como las consecuentes del periodo Peñista que tiene como práctica desaparecer pruebas, personas y verdades, y donde encontrar cadáveres, descubrir fosas clandestinas y aumentar las estadísticas de muertos se ha hecho lo cotidiano, aunque nunca nos digan de quién se trata.

El compromiso con la defensa de personas migrantes tiene su punto de partida cuando en Texistepec, Veracruz los grupos criminales nos dejan dos cuerpos de dos hermanos, uno adolescente de 17 años y el otro de 18 años, ambos de origen hondureño. Los grupos criminales los dejan semidesnudos, y uno con una herida de machete en el cráneo que les hizo darlos por muertos. La verdad fue que el adolescente de 17 años efectivamente estaba muerto, y el mayor estaba todavía con signos vitales, por lo que lo trasladamos al Hospital General del puerto de Veracruz para su atención. Esta situación provocó que nuestra defensa fuera no sólo de dar pan, vestido y un lugar para que las personas migrantes descansaran; nuestra defensa tenía que ser acompañada de la búsqueda de cambios legislativos, de cambios políticos y de visibilización de una situación de violencia extrema que la población migrante vive y que junto con ellos empezamos a padecer los defensores y defensoras de personas migrantes.

Como organización SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados acompañamos 6 obras que trabajan con personas migrantes en tránsito, una ubicada en Chihuahua, otra en Guadalajara, Jalisco; otra en Celaya, Guanajuato; otra en Tequisquiapan, Querétaro; una más en Bojay, Hidalgo, y otra más en Tapachula, Chiapas. Tras los análisis de riesgo realizados a cada una de las organizaciones acompañadas recopilamos un total de 23 amenazas graves a defensores entre mayo de 2014 y abril de 2016. Cabe señalar que la gravedad de los incidentes se evalúa bajo 2 criterios:

  • los que atentan contra la vida del defensor y su familia, tales como intentos de asesinato y privación de la libertad.
  • los que afectan de manera casi contundente la labor del defensor o la defensora.

Esto significa que los incidentes que consideramos no fueron los únicos, pero sí los más graves. Entre los tipos de agresión que sufrieron estas personas están: amenaza directa de muerte en 10 ocasiones, amenaza directa de desaparición en 2 ocasiones, el intento de homicidio en 1 ocasión, la amenaza indirecta en 1 ocasión, intimidación en 5 ocasiones, las ofertas para enganchar migrantes en 2 ocasiones, amenaza cibernética y el acoso a familiares.

La finalidad de las agresiones es principalmente el tema económico. En todos los casos de una u otra manera los actores dejarían de percibir ganancias económicas si el defensor tiene éxito en su labor. El tema del poder, mantener el control de la zona es un objetivo del agresor, la impunidad, evitar que se denuncien los crímenes cometidos contra migrantes, y el anonimato, silenciar a los defensores y defensoras para que tanto los criminales, como sus crímenes queden invisibilizados.

Además, encontramos que de las 23 agresiones que se dieron, 4 amenazas directas fueron a mujeres con total intención de atacar al género femenino con un lenguaje violento y sexual. Una agresión que nos llama la atención en este apartado tanto por el genero, como por la jerarquía del agresor es la protagonizada por un gobernador de uno de los estados, quien le dice directa y públicamente a una defensora “pórtate bien, porque cuando desaparecen muchachas que se portan bien, luego luego las encuentran”. Otro suceso nos muestra que por vía cibernética en el marco de una denuncia al mismo gobernador, comienzan diversos ataques en la página de las redes sociales sobre todo en Facebook de la misma organización, pero con agresiones con alto contenido sexual y misógino.

A partir de nuestros análisis con los años anteriores notamos que los grupos del crimen organizado llevaban la batuta en amenazas contra defensores y defensoras; sin embargo, en las amenazas desde abril de 2015 notamos que hay un aumento considerable por parte de las provenientes de autoridades y de empresas privadas autorizadas por instancias gubernamentales. Ahora estos tres actores son quienes a la par son los principales agresores de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Una gran preocupación que tenemos como organización en este apartado es la que notamos una vez que se ha implementado el Plan de la Frontera Sur.

En la implementación de este Plan de la Frontera Sur ha aparecido un grupo armado amparado por la iniciativa privada como guardias de seguridad privada del tren que vigila Ferromex, que tiene como finalidad impedir el tránsito de las y los migrantes sobre los vagones del tren. Su presencia inicia en el corredor que va de Tequisquiapan en el estado de Querétaro, pasando por Celaya, Guanajuato, hasta llegar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A lo largo de esta ruta se han documentado casos de hostigamiento, agresiones, e incluso de lesiones de balas en contra de la población migrante y de intentos de asesinato de los mismos defensores y defensoras. Cabe así notar que entre los actores que nosotros vemos como los principales agresores a nuestra labor está el crimen organizado, las policías municipales, la policía judicial, la seguridad de Ferromex, un director municipal, un gobernador, y autoridades federales.

La situación que viven los defensores y las defensoras la vivimos también nosotros como organización civil, dentro de las agresiones está el intento de linchamiento en Ixtepec, Oaxaca, el desprestigio moral a mi persona, así como el intento de quemarnos por cuidar y defender a las personas migrantes en Lechería, Estado de México, además de intimidaciones y llamadas telefónicas por uno de los cárteles que opera en Tamaulipas y el desprestigio a nuestra labor de defensoría en la protección de migrantes, víctimas de delito, sobre todo por los agentes de migración de la Estación migratoria de las Agujas, quienes impiden nuestro derecho a defender el derecho al acceso a la justicia y quienes a las víctimas les impiden también su derecho a acceder a la justicia y al mínima reparación del daño.

Mi testimonio se suma al de muchas defensoras y defensores que trabajamos con poblaciones vulnerables donde las autoridades, los grupos criminales y algunos pobladores no tienen ni el menor temor para asesinarnos, dispararnos, obligarnos a cerrar espacios que son lugares de defensa de personas migrantes, propiciando con ello espacios apropiados para que estos perpetradores de la muerte puedan actuar con mayor libertad y con la complacencia por acción u omisión de las autoridades, especialmente el asesinato de Adrián Rodríguez de nacionalidad mexicana y Wilson Castro de nacionalidad hondureña ocurrido en 2014 en el Estado de México.

Tenemos 3 peticiones:

  1. Poner en la agenda la grave situación de derechos humanos que vive la población migrante y los defensores y defensoras de derechos humanos.
  2. Verificar que los agentes del Instituto Nacional de Migración responsables del acompañamiento jurídico dentro de las estaciones migratorias actúen conforme a derecho, favoreciendo el acceso a la justicia y el cumplimiento a la ley migratoria en lo referente a la regularización por razones humanitarias, y nos permitan ejercer nuestro derecho a defender derechos humanos y a los migrantes a acceder a la justicia.
  3. Que las instituciones de seguridad privada y los gobiernos locales y estatales garanticen el derecho a defender derechos humanos y actúen con estándares de protección y respeto a al vida de defensores y personas migrantes.

2. Mi nombre es Claudia Erika Zenteno Zaldívar, soy madre, esposa, hija, abuela, nieta. Desde hace casi 2 décadas también defensora de derechos humanos, vivo en la ciudad de México, frente a la zona chinampera de Xochimilco, un oasis en nuestra ciudad, reconocida como patrimonio cultural histórico de la humanidad desde el año 1987 por la UNESCO. Mi defensa se enfoca en el rescate y protección de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, denominada como área natural protegida ubicada y enclavada en Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, un lugar privilegiado en la Ciudad de México que está en peligro dada su sobreexplotación, la contaminación y la expansión de la mancha urbana con asentamientos urbanos que han modificado el uso y la vocación agrícola de este suelo. Aunado al poco interés de la autoridad, llámese de los tres niveles.

Debemos de ser conscientes de la situación pues de no cuidar nuestro propio medio ambiente acabaremos con nosotros mismos, porque formamos parte de un todo. Esto es lo que me hace estar convencida de lo que hago, de mi lucha por defender este lugar al que antes llegaban pelicanos, garzas, loros, patos canadienses, golondrinas, y que ahora debido a esta degradación continua y paulatina estas aves ya no llegan más y en el caso más extremo están desapareciendo nuestras especies endémicas como el ajolote.

Se preguntarán cómo comencé la lucha, les repito fue hace 20 años cuando me mude a vivir a la colonia Barrio 18, frente a la zona chinampera, vivo en suelo urbano, les quiero precisar, no vivo en las chinampas, vivo en suelo urbano. Me di cuenta inmediatamente de la grave problemática que estaba enfrentando esa zona y empecé a hacerla visible. Pero nunca me imaginé las graves consecuencias que esto tendría para mi persona, mi familia y las personas cercanas.

Por mi labor de defensa, mi familia y yo hemos sufrido múltiples agresiones y amenazas. Cuando empecé la lucha no me di cuenta, ni medí las consecuencias, ni medí lo grave. Empecé a observar que un grupo de familias hacían un uso irregular de los terrenos considerados protegidos, justo frente de mi casa, sin que las autoridades reaccionaran a aquello. ¿Por qué les digo esto? Porque empezamos a denunciar cuando habían 4 casas, 4 pequeñas casitas, de hecho las mismas autoridades de la delegación se beneficiaron por esto ya que han obtenido a cambio de estos terrenos apoyo político. Las construcciones irregulares y los puentes que se han construido han ido comprimiendo las chinampas, que son sitios arqueológicos, prehispánicos, zonas donde su vocación es para sembrar, sitios humedales de valor ambiental. Hoy, esas zonas se han convertido en casas.

Decidí denunciarlos junto con otros vecinos y chinamperos que habían sido despojados. Acudí a la Secretaría del Medio Ambiente, al Gobierno del Distrito Federal, y hasta al Gobierno Federal, lamentablemente cuando empecé la defensa iniciaron las descalificaciones. Algunos de mis vecinos me decían que no me metiera, que estaba corriendo grave riesgo, que algo me podía pasar. Algo tan simple como ir a la papelería se convirtió en un riesgo. Las represalias llegaron una tras otra, mi esposo sufrió una lesión permanente en su ojo izquierdo, después de una golpiza que nos dieron a toda la familia. A mi hijo le propiciaron lesiones en su cabeza, a mi hija la atropelló una motocicleta, a una de mis hijas un hombre la sorprendió y le puso un cuchillo en la garganta.

El momento más difícil de esta lucha fue cuando en noviembre de 2010, a tres meses de la golpiza que nos dieron, se llevaron a mi hijo durante 9 días. 9 días en los que estuve todo el tiempo pegada al teléfono esperando una llamada que me indicara que estaba vivo, dónde se encontraba, o qué era lo que pretendían. No comía, dejé de ir al trabajo, estaba desesperada. Después de esos 9 días llegó mi hijo con heridas muy graves en su cuerpo, el brazo dislocado, leyendas en el vientre y sus espalda. Me robaron mi tranquilidad, mi confianza y mi seguridad. Pese a que ya había hecho denuncias y tenía dos sentencias por el cambio de uso de suelo de la zona, y hoy, pese a que quien me estaba intimidando está en la cárcel, sigo con miedo de que algún día me hablen, y lo han hecho, a que me digan que se llevaron a mi hijo y mataron a mi esposo o que alguien de mi familia está sufriendo algún atentado, porque mis agresores viven enfrente de mí y yo frente a ellos, los sigo denunciando.

Han sido muchos años de trabajo, de tiempo y de recursos económicos invertidos, porque todo lo que ganaba y lo poco que sigo obteniendo lo doy para la lucha. Ante tal situación con el apoyo de organizaciones de derechos humanos finalmente y después de tocar muchas puertas el gobierno federal me incluyó en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, me otorgó medidas de protección, afortunadamente vieron que mi caso era de muy alto riesgo, cosa que no sucede siempre, pues hay muchos defensores que se quedan fuera del Mecanismo a pesar de estar expuestos a graves riesgos.

La protección que me otorgan me da fuerza para seguir la lucha por los derechos ambientales, aunque a veces parece invisible. Sin embargo, esa protección no esta exenta de problemas y obstáculos, pues su implementación no es siempre la más adecuada. Las medidas no siempre son las mejores, ya que la seguridad de una defensora o un defensor requiere de una protección más integral, como un acompañamiento psicosocial para enfrentar las consecuencias de las agresiones y sobre todo con la investigación y castigo de los culpables de los ataques. Es cierto, urgen medidas para cambiar la situación que viven y vivimos personas defensoras como yo, defensoras de derechos humanos que por casualidad comenzamos a defender los derechos humanos, hago un llamado a que haya medidas y acciones mas claras y contundentes de las autoridades, en los 3 niveles, que no se quede en palabras y que esto provoque un estado de impunidad.

Que se sensibilice sobre el trabajo que realizamos las personas defensoras y periodistas, que estén conscientes de las causas por las que nos encontramos en riesgo, por las que luchamos y cuáles son las razones por las que debemos de ser protegidos.

Algunas veces vemos la luz en este camino de piedras. Después de mucho luchar, de persistir, e insistir se logró que el Séptimo Tribunal Colegiado modificara la sentencia de la Quinta Sala Penal que disminuía la pena de una de las personas culpables de destruir la zona chinampera. Además consideraron la reparación del daño de la zona y por primera vez después de 20 años se reconoció el interés legítimo que tengo sobre el área natural protegida. Estoy convencida que tengo razón ahora de denunciar, aún tengo mucho camino por recorrer, no claudicaré. Estos 20 años me han enseñado que vale la pena luchar por lo que quiero heredar a mi familia. Por el respeto y defensa del medio ambiente.

3. Mi nombre es Bettina Cruz Velázquez, soy indígena binni’zaa del Istmo de Tehuantepec, y vengo a hablar un poco sobre lo que nosotros estamos viviendo en la región como parte de esta fase del capitalismo actual, que ocupa en este momento los territorios no ocupados, o los bienes no ocupados, en este caso el bien que se está ocupando y que nuestra región es muy rica es el viento. El viento que para nosotros es una deidad, el viento para nosotros son nuestros dioses, el aliento y la vida.

Han llegado múltiples empresas multinacionales en la región del Istmo a instalar proyectos eólicos de generación de energía eléctrica con el bien. Podría decir más de uno: ustedes están locos, ¿por qué están luchando contra la energía verde y renovable? La energía es renovable, es verde, es buena y no es dañina cuando efectivamente está realizada para fines de sustituir energías fósiles, y en el Istmo de Tehuantepec esta energía está en manos de las mismas multinacionales que han ocupado nuestro territorio y que están ocupando territorios con energía fósil y que en este momento en el Istmo de Tehuantepec están instalando miles de aerogeneradores para poder producir energía eléctrica hasta para las mineras.

Grupo México acaba de adquirir un parque eólico en el Istmo de Tehuantepec. Esta energía no es una energía buena y no es buena porque tampoco somos beneficiados los cientos de miles de habitantes del territorio del Istmo de Tehuantepec, y en cambio vienen a quitarnos nuestro territorio, a despojarnos de él, por medio del desplazamiento de la agricultura y de actividades económicas donde nosotros somos conocedores ancestralmente de la tierra, de la pesca y de las actividades económicas que desarrollamos las mujeres. En este momento en el Istmo ya tenemos 25 parques eólicos con cerca de 2 mil millones de inversión, sin embargo, un estudio que hizo Oxfam y Educa dice que el 49% de la población del Istmo de Tehuantepec tomando en consideración los lugares donde se han instalado estos parques eólicos está en pobreza y en creciente desigualdad. Ninguno de esos 25 parques eólicos fue realizado mediante una consulta libre, previa e informada.

Al llegar las eólicas alteran el equilibrio y generan impactos y afectaciones culturales. Hay un incremento de la violencia supuesta de sicarios y de cobro plazas, pero se trata de meternos miedo para no organizarnos. Porque también en el Istmo de Tehuantepec se está planteando la zona económica especial que es importante en este tratado transpacífico de relación con los países asiáticos.

Yo he sufrido 2 intentos de asesinato, me han encarcelado, he tenido que desplazarme con mis hijas de mi comunidad. Con el amparo que tenemos que dio la suspensión definitiva del megaproyecto estamos en constante hostigamiento. De 2014 a 2015 el gobierno federal realizó algo que llamó consulta, pero quien la realizó fue la Secretaría de Energía y es la misma Secretaría quien está dando los permisos para la construcción de los parques eólicos. Ahí hay una situación de conflicto de intereses, y no puede ser la misma Secretaría la que sea garante de una consulta, la misma que está queriendo meter más parques eólicos en la región.

Pedimos que se respete la autonomía de nuestros pueblos indígenas, que si van a realizar una consulta, ésta debe ser real, que no se encamine y se dirija por parte de instituciones que tienen intereses de implementar esos proyectos eólicos y que se haga de acuerdo a como está planteado en estándares internacionales y el acuerdo 169.

También pedimos que se castigue e investigue a los autores materiales e intelectuales de las agresiones, porque detrás de los ataques están las empresas y las mismas instituciones de gobierno.

Finalmente, pedimos que el Estado mexicano reconozca a los pueblos indígenas y a las defensoras y los defensores del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas como defensores, porque las campañas de linchamiento, hostigamiento y desconocimiento son a causa de que el mismo Estado mexicano saca boletines acerca de nosotros, llamándonos manipuladores y extorsionadores profesionales. Necesitamos que ese reconocimiento se dé por parte de las autoridades federales.

 

Conoce sus historias y descarga “Rostros de la Dignidad: 40 voces en defensa de los derechos humanos en México” aquí.

 

@CMDPDH

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