‘¿Algún pobre fabrica facturas falsas?’: Senadora Andrea Chávez usa dichos engañosos para defender la prisión preventiva oficiosa
La senadora morenista Andrea Chávez usó argumentos engañosos para defender la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al dar por hecho que personas acusadas por algunos de los delitos del artículo 19 constitucional ya son delincuentes, y por lo tanto para prevenir su fuga es necesario que sigan su proceso en la cárcel.
Su discurso deja de lado la presunción de inocencia, ya que cuando se acusa a una persona aún no se prueba que sea “extorsionador”, “narcotraficante” o “facturero”, que son los términos que utilizó.
De ahí que especialistas mencionen que es preferible la prisión preventiva justificada, en la que un juez analiza si hay un riesgo de fuga, o de que la persona acusada esté amedrentando a víctimas o testigos del caso, para entonces sí aplicar esa medida cautelar.
“El problema en la prisión preventiva oficiosa es que se activa desde la vinculación a proceso, cuando la Fiscalía supone que una persona cometió un delito, pero no se ha probado que lo cometió y por la sola suposición se le priva de la libertad. La fiscalía no ha probado que la persona haya cometido el delito”, explicó Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
En la mañana del 28 de noviembre, senadores de Morena y aliados sumaron el uso de facturas falsas, contrabando, extorsión y cometer algún delito relacionado con el fentanilo a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Este dictamen también fue respaldado por siete senadores del Partido Acción Nacional, además del bloque oficialista.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta en la primera etapa del proceso penal, que implica el encarcelamiento automático para personas señaladas ante el ministerio público de cometer algún delito contenido en el artículo 19 constitucional.
Esta medida fue incluida en la constitución en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, y a partir de ese año las autoridades han ido aumentado el catálogo de delitos para los que se impone su aplicación.
PPO implica encarcelar personas sin que se pruebe su culpabilidad
Chávez mencionó en tribuna que “si no hay elementos probatorios o de investigación que puedan vincular a proceso a esta persona entonces no tendría por qué imponérsele la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa”.
Pero la abogada Leslie Jiménez explicó que con la prisión preventiva oficiosa el juez de control no puede analizar las pruebas de una medida cautelar, porque es una medida automática. “No permite ni debate ni análisis de prueba alguna”, mencionó en su cuenta de X.
“Cuando a una persona se le vincula a proceso no es que se le considere culpable, se considera que hay elementos para seguir investigando. Eso no significa que esa persona es la verdadera responsable. En el caso de la prisión preventiva oficiosa no se presentan pruebas de que la persona representa un peligro para las víctimas, para el proceso o que se puede fugar, simplemente pasará su proceso en la cárcel”, explicó el abogado Eliud Tapia.
En otro punto de su discurso, Chávez mencionó: “Dicen que esto afecta particularmente a los pobres, yo nunca he visto un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa”.
Pero están documentados casos de corrupción en los que autoridades o funcionarios han utilizado a personas de bajos recursos para ubicarlas como supuestas dueñas de empresas, o han acusado a personas inocentes de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En esta investigación, documentamos que la administración de Morena en Veracruz enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hacía el PRI, sino que eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.
En octubre de 2021, Animal Político en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes. En ella se dio cuenta de que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
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En dicha investigación, están documentados casos como el de Viridiana, quien pasó 4 años y seis meses en penales federales señalada de tráfico de personas, dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que ameritan prisión preventiva automática. A la postre, fue declarada inocente.
La postura de la senadora Andrea Chávez
En respuesta a una solicitud de El Sabueso de Animal Político, la senadora Andrea Chávez insistió en que los tres delitos adicionados al artículo 19 constitucional, extorsión, ilícitos relacionados con la producción de drogas sintéticas y el uso de falsos comprobantes fiscales, “generan importantes beneficios económicos” que automáticamente se traducen en mayores herramientas para evadir la acción de la justicia.
“Defendemos que no basta una acusación para aplicar esta medida cautelar, sino la vinculación a proceso de un juez en la Audiencia Inicial. Recordemos que las medidas cautelares, aunque duras, no son penas ni condenas, y tienen un carácter preventivo que busca evitar un mal mayor, por eso no deben suponer un atentado contra la presunción de inocencia”, contestó la senadora.
Chávez resaltó que la prisión preventiva oficiosa no es una pena ni una condena, aunque como ya mencionamos, una persona puede pasar años en la cárcel por ese mecanismo, aún siendo inocente.
Un ejemplo de ello es el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa durante 17 años acusados de homicidios y sin recibir una sentencia. Cabe destacar que ambos fueron puestos en libertad, además de que este fue el caso por el la CoIDH condenó al Estado mexicano por mantener la prisión automática.
En la misma línea, los senadores morenistas Oscar Cantón Zetina y Alejandro Murat insistieron en la idea de que los jueces tienen espacio para analizar en cada caso si se aplica o no la prisión preventiva oficiosa.
“Esta es una medida cautelar por supuesto, pero en donde primero hay que recordar que para que se lleve a cabo esa medida cautelar tiene que haber generado la vinculación a proceso. ¿Y esto qué significa? Que existen elementos objetivos suficientes para considerar que la persona imputada sí participó en los hechos que la ley señala como delito”, dijo Murat.
Pero como mencionamos previamente, incluso cuando se dicta vinculación a proceso esto no implica que la persona participó en un delito, sino que un juez considera que hay indicios para seguir investigando. A diferencia de otras medidas cautelares, la prisión preventiva oficiosa no analiza si existe algún riesgo para el proceso judicial.
Al respecto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han coincidido que la prisión oficiosa vulnera la presunción de inocencia y la libertad personal.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios de 2023, en los ámbitos federal y estatal 38 mil 533 personas permanecían en prisión sin una sentencia, ya que fueron privadas de su libertad por medio de la prisión preventiva oficiosa.
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A los 89 años, el exmandatario de izquierda logra encaminar la continuidad de su proyecto político más allá de su figura.
Apoyado en un bastón y frágil de salud a sus 89 años, José “Pepe” Mujica reflexionó un instante sobre su porvenir al votar en el balotaje presidencial del domingo en Uruguay.
“Yo personalmente ya no tengo más nada que esperar”, dijo el expresidente de forma pausada ante cámaras y micrófonos. “Mi futuro, lo más próximo, es el cementerio, por razones de edad”.
La frase prenuncia un fin cercano del extraordinario ciclo político que Mujica ha recorrido por más de medio siglo, en varias etapas: de guerrillero tupamaro a prisionero torturado, de legislador y ministro a presidente admirado en el mundo.
El pasado domingo pareció concluir otro capítulo al lograr que su proyecto de izquierda se encamine más allá de su figura con la elección de su delfín, Yamandú Orsi, como nuevo presidente de Uruguay con 49,8% de los votos.
El propio Orsi reconoció la trascendencia que tuvo Mujica en su triunfo electoral al visitarlo a él y a su esposa, Lucía Topolansky, en su chacra de las afueras de Montevideo este lunes.
“Uno tiene que ser agradecido, porque lo que hicieron estos veteranos ha sido muy importante para mí”, dijo al salir del encuentro Orsi, que con 57 años pertenece a una nueva generación de izquierda que llega al gobierno en Uruguay.
No ha sido un acto fácil para Mujica, que vio fracasar otros posibles herederos políticos antes de salirse con la suya el domingo.
Una vieja inquietud
Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, Mujica ha dado claras señales de inquietud por la continuidad de su fuerza política cuando él ya no esté.
De hecho, el recambio generacional es algo en lo que piensa desde hace años.
“Los viejos podemos servir para hacer sombra y no dar paso, o podemos servir para ayudar a que exista la gente nueva; yo estoy en esta última”, le dijo Mujica a BBC Mundo antes de las elecciones de 2019, en las que descartó buscar un nuevo mandato pese a su popularidad.
Al año siguiente, renunció a su banca de senador por el riesgo que le marcaba la pandemia de covid debido a su edad y a que padece una enfermedad inmunológica crónica.
Y la noche de octubre de 2022 en que su amigo Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ser electo presidente de Brasil, Mujica advirtió en otra conversación con BBC Mundo desde el búnker del brasileño en São Paulo que su “punto débil” era la sucesión.
“¿Qué hay después de Lula?”, preguntó. “Los hombres pasan y las causas quedan. Ese es un problema que tenemos todos. Y realmente en los últimos años he visto desaparecer los partidos históricos en Francia, Italia y en otros lugares. No es sencillo lo que está pasando”.
Si bien el recambio de líderes suele ser un desafío para cualquier fuerza política sin importar su ideología, en América Latina la izquierda ha mostrado dificultades particulares para hacerlo.
En algunos casos, izquierdistas que llegaron a la presidencia en la región buscaron quedarse allí sin abrir espacio a nuevas candidaturas.
En otros casos, los sucesores escogidos perdieron en las urnas o dirigieron gobiernos que acabaron en crisis, como le pasó al kirchnerismo en Argentina.
Y, a veces, la elección de delfines de líderes fuertes de izquierda abrió ásperas disputas dentro de sus partidos, como ocurre en Bolivia con el pulso entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales.
Por cierto, otros presidentes de izquierda pudieron pasar el mando sin traumas visibles a sus elegidos, como lo hizo este año el mexicano Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum.
Pero el caso de Mujica parece especial porque está fuera del gobierno, superando un arduo tratamiento contra un cáncer de esófago, y pese a ello jugó un papel clave en el triunfo de Orsi al hacer campaña activa a su favor y contra el candidato de la coalición de centroderecha en el poder, Álvaro Delgado.
“El gran tema”
Mujica había contemplado otros posibles herederos políticos en Uruguay tras dejar la presidencia en 2015 con una fama global por su prédica anticonsumismo y por medidas aprobadas en su mandato, como la legalización de la marihuana y el aborto.
Para el gobierno que siguió al suyo, respaldó como vicepresidente a Raúl Sendic, hijo de uno de los líderes de la organización guerrillera Tupamaros que Mujica integró en las décadas de 1960 y 1970.
Pero la promisoria carrera política de Sendic se desplomó con su renuncia a la vicepresidencia en 2017 ante denuncias de corrupción y con una condena posterior por abuso de cargo y peculado.
Mujica también impulsó la candidatura de su propia esposa, la exsenadora Lucía Topolansky, como intendenta de Montevideo, pero ésta perdió los comicios municipales en 2015 con otro correligionario del Frente Amplio, la coalición de izquierda que ambos integran.
Esa derrota electoral de su compañera de vida fue una señal para Mujica de las dificultades de delegar votos, por más popular que fuera.
“El gran tema de los grandes líderes políticos son siempre los sucesores”, le dice la historiadora uruguaya Mónica Maronna a BBC Mundo.
“El caudal electoral de los sectores y los liderazgos no es permanente, no se transmite de forma mecánica”.
Sin embargo, Mujica siguió fomentando la renovación generacional y el surgimiento de nuevas figuras en el Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza que creó en 1989 con otros extupamaros.
Una de esas figuras ascendentes era Orsi, que conoció a Mujica hace tres décadas cuando militaba en el MPP en su departamento natal de Canelones, limítrofe con Montevideo.
Con su firme respaldo, Orsi fue electo intendente de Canelones en 2015 y reelecto en 2020, y renunció al cargo en diciembre pasado con altos índices de aprobación para lanzar su exitosa candidatura presidencial.
El exmandatario atrajo además a su agrupación a personas ajenas a la política profesional, como Blanca Rodríguez, una exconductora de informativos de TV que en octubre fue electa senadora.
Así, sin tener ya a Mujica en sus listas, el MPP recibió en octubre una votación histórica que lo afianza como el principal grupo del Frente Amplio, con nueve senadores en una cámara de 30 para la próxima legislatura y 36 diputados en un total de 99.
Si bien Orsi carece del carisma de Mujica, “es un buen heredero” de éste y de su escuela, con características en común como el pragmatismo y la apuesta a la negociación política, señala Adolfo Garcé, un profesor de Ciencia Política en la Universidad de la República, en Montevideo.
Aún está por verse qué papel jugará Mujica en el gobierno de Orsi que comenzará en marzo.
El presidente electo dijo este lunes, luego de visitarlo, que Mujica “tiene la sabiduría de no plantearte las cosas como consejos, sino de plantearte cuál fue su experiencia”.
También negó que le haya sugerido nombres para el gabinete.
“Él armaría lo que a él le parece”, señaló Orsi, “pero él también me dice que yo voy a ser el presidente y yo tengo que decidir“.
Sea cual sea el futuro, todo indica que el dilema de la herencia política se aleja de las preocupaciones de Mujica.
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