Claudia Sheinbaum dio sus primeros discursos como presidenta de México y en ellos detectamos frases falsas y engañosas que usó para negar la militarización, enaltecer logros de la administración de Andrés Manuel López Obrador y defender la reforma judicial con la que se renovarán los cargos de personas juzgadoras por medio del voto popular.
También hubo omisiones. Sobre seguridad, por ejemplo, más allá del caso Ayotzinapa, Sheinbaum no dijo nada de las víctimas de la violencia en general o ofrecer alguna forma de ayuda en un país donde hay más de 115 mil personas desaparecidas.
Además, aun cuando diferentes economistas han insistido que será un gobierno con pocos recursos económicos, en sus dos discursos reiteró su promesa de nuevos programas sociales, tales como apoyos bimestrales para todas las mujeres de entre 60 y 64 años; becas a todos los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas; y dar atención a la salud casa por casa a los adultos mayores, contratando 20 mil enfermeras y médicos.
A eso sumó la promesa de implementar el programa La Escuela Es Nuestra a nivel medio superior; hacer más preparatorias y universidades para sumar 300 mil espacios educativos; nuevas líneas de trenes; construir un millón de viviendas; quitar los baches a cuatro mil kilómetros de carreteras federales; remodelar el AICM; nuevos apoyos a todas las mujeres indígenas artesanas; colocar Farmacias para el Bienestar junto a los Bancos del Bienestar, e incluso producir drones a bajo costo, o lanzar un nuevo satélite mexicano.
Sheinbaum encabezará un gobierno que enfrentará presiones sobre las finanzas públicas, como han insistido especialistas, particularmente por el nivel récord de deuda que deja López Obrador y el bajo crecimiento económico que hubo en su sexenio. Sheinbaum, por cierto, aseguró que no buscará una reforma fiscal para que el gobierno obtenga mayores ingresos.
El Sabueso buscó al equipo de comunicación de Sheinbaum para pedir una postura sobre este texto, pero no hubo respuesta.
A diferencia de la reforma constitucional que extendió sólo hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en las calles, la del “Plan C” que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza armada y militar de carácter permanente, bajo el mando Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para labores de seguridad pública. Es decir, sin carácter civil.
“La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto a la reforma aprobada.
Sheinbaum insistió en negar que hay militarización con el argumento de que ella como comandante de las Fuerzas Armadas y un gobierno civil son quienes guían la política de seguridad. Sin embargo, de acuerdo con especialistas como Lisa Sánchez, la militarización es un proceso que también implica dar más presupuesto y funciones a las Fuerzas Armadas, tal como ocurrió con el gobierno de López Obrador, desplazando a instituciones o actores civiles.
El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Sedena tiene como funciones principales la organización y entrenamiento de las fuerzas armadas. Es decir, por ley es una secretaría militar.
Además, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 33 personas titulares de la comandancia y de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, 87.9% eran provenientes del Ejército. Sobre el 12.1% restante, los puestos son ocupados por elementos de la Marina, por lo que la totalidad de estos cargos se encuentra en manos de militares.
La Guardia Nacional, corporación que será militar y no civil, registró mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde julio de 2019, al poco tiempo de su creación, hasta julio de 2024, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución.
Las principales quejas fueron por detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; tortura; privación de la vida y desaparición forzada, en ese orden. Hay registros de uso indebido de la fuerza que resultó en la muerte de personas, incluyendo una persona migrante de Cuba en 2021 y una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco en 2022.
Puedes leer: En cinco años, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y desaparición forzada
Además, en 2022, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH registró 428 quejas contra la Sedena por posibles casos de violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y desaparición forzada.
Incluso, en septiembre de 2024, expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por el hecho de que trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena pueda aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos.
“México debe garantizar el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”, mencionó la ONU en un comunicado.
Si bien es cierto que la reforma al Poder Judicial permitirá que la población vote para designar a las personas juzgadoras, las candidaturas las definirán comités de evaluación elegidos por los Poderes de la Unión, de los cuales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están bajo control de Morena, partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, en los procesos de designación no hay precisión en los criterios que deberán tomar en cuenta los comités para elegir a quienes ocuparán las candidaturas más allá de los requisitos que marca la Constitución, como el título en Derecho, un promedio mínimo en la universidad, tener cinco años de experiencia jurídica, escribir un ensayo y cartas de recomendación de conocidos.
Por lo que el resto de los criterios para determinar quiénes llegarán a la boleta para la elección de personas juzgadoras será discrecional, además de que no hay controles para la injerencia de la presidenta o de la mayoría legislativa de Morena en el Congreso.
Como te contamos en este texto, los derechos laborales de personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación sí resultarían afectados.
En la reforma se estipula el pago con recursos del presupuesto para pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones con los trabajadores del Poder Judicial.
Pero en el caso de jueces y magistrados de circuito, así como las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perderán su estabilidad laboral y su antigüedad.
Antes de la reforma, las personas juzgadoras y magistraturas tenían una posición permanente si eran ratificados después de seis años en el cargo; mientras que los ministros de la Corte tenían permanencia por 15 años y no dependían de la votación para mantenerse en el puesto.
Además, las magistraturas al frente de las Salas Regionales del TEPJF también estarán sometidas a cambiar en la primera elección, prevista para 2025, y con la desaparición de la Sala Regional Especializada sus titulares no tendrán opción de mantenerse en el cargo.
Por otro lado, el sistema de carrera judicial permitía que personal de los juzgados de distrito y tribunales de circuito pudieran ascender y ocupar la posición de un juez o un magistrado mediante una evaluación de conocimientos; sin embargo, ahora esa posibilidad se tendrá que disputar en una elección con candidaturas a propuesta de los tres Poderes de la Unión.
Finalmente, la reforma también eliminó el haber de retiro de las y los ministros de la SCJN, lo que supone una pérdida de un derecho laboral adquirido para quienes contiendan en la elección. Mientras que las ministras y ministros que opten por no participar en la elección sólo recibirán parte del haber proporcional al tiempo que hayan ocupado el cargo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró entre 2018 y 2022 que 5.1 millones de personas salieran de la pobreza, según los datos de la medición multidimensional realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es presentada cada dos años.
Sin embargo, en sus últimos meses la administración obradorista destacó la cifra de 9.5 millones, citando un reporte del Banco Mundial. Y como te contamos en este texto, el Banco en realidad no presentó esa cifra, sino que el gobierno mexicano realizó su propio cálculo con cifras de un estudio elaborado por ese organismo.
Un estudio que, a diferencia del Coneval, sólo se enfoca en ingresos monetarios, sin considerar una evaluación de las carencias en salud o educación.
“Esa cifra específica de 9.5 millones no puede ser verificable. La diferencia de personas en pobreza entre 2018 y 2022 (según el Coneval) es de 5.1 millones de personas. Y en todo caso, la reducción de 2020 a 2022 no alcanza, se queda en 8.9 millones”, explicó a El Sabueso Axel González, coordinador de Datos de México Cómo Vamos.
El reporte del Banco Mundial refiere como la tasa oficial de pobreza multidimensional a la presentada por Coneval, destacando que 8.9 millones salieron de la pobreza, pero entre 2020 y 2022, es decir, después de la crisis por la pandemia de COVID-19. No entre el inicio y el fin del gobierno de López Obrador.
Otro punto sobre el tema es que si bien se logró la reducción de pobreza, la población en pobreza extrema tuvo un incremento, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones de personas en esa condición en 2022, según los datos de Coneval.
Datos del Banco de México contradicen su dicho. De acuerdo con cifras actualizados sobre la IED, el récord de inversión extranjera fue en 2013 con 48 mil 354 millones de dólares, por encima de lo captado en el sexenio de López Obrador.
Y si comparamos la IED recibida durante los primeros cinco años de los últimos tres sexenios, el gobierno de López Obrador registró 168 mil 895 millones de dólares, menos que lo registrado en los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (179 mil 854 millones de dólares), aunque superó lo captado con Felipe Calderón (132 mil 567 millones).
Además, otro indicador para medir la IED es su proporción como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Esta también disminuyó durante la gestión de López Obrador, al pasar de 2.7% en 2018 a 2% en 2023, según datos de la Secretaría de Economía. Esto demuestra que no hubo récord de inversión durante el sexenio que recién terminó.
Aunque México se ubicó por debajo del promedio de deuda nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) entre los países miembros de la OCDE, el nivel de deuda creció durante el sexenio.
En 2018 la deuda representaba 48% del PIB mientras que para 2022 —último año con datos disponibles para consulta— su porcentaje subió a 54%. En ambos casos, México se ubicó en el lugar 24 de 37 países de la OCDE.
Para el cierre del 2024, según estima Hacienda, México tendrá una deuda interna total récord equivalente a 50.2% del PIB. Un nivel que solo se había alcanzado en lo que va de este siglo en 2020, año en el que la deuda aumentó debido a las condiciones económicas generadas por la pandemia del Covid-19.
Hacienda también prevé un endeudamiento de 1 billón de pesos para 2025, lo que hará que la deuda total llegue a 18.1 billones de pesos (50.2% del PIB).
Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar que empezó a funcionar en julio pasado, se ofrecieron complementos solidarios para las personas pensionadas del IMSS o el ISSSTE cuyo último salario fue menor a los 16 mil 777 pesos mensuales, correspondiente al salario promedio del IMSS para 2023 y actualizando año con año.
Sin embargo, como te contamos en este texto, la promesa del expresidente López Obrador de dar a los trabajadores una pensión equivalente a 100% de su último sueldo no se cumplió y se limita a aquellos extrabajadores que tenían un salario menor al promedio del IMSS.
Además, como explicaron especialistas consultados por El Sabueso, el Fondo de Pensiones para el Bienestar no cuenta con fuentes de financiamiento constante, pues depende de la recaudación, cuyo monto es variable, que hagan distintas dependencias –como los ingresos por incautaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)– y empresas administradas por las secretarías de la Defensa y Marina –como el Tren Maya y el Ferrocarril Interoceánico–.
En su primer mes de operaciones, el Fondo de Pensiones del Bienestar sumó 280 personas beneficiarias, 249 del IMSS y 31 del ISSSTE. Al 12 de agosto de 2024, el ISSSTE respondió a una solicitud de información de El Sabueso que había 42 personas que recibían el complemento de su pensión. Mientras que el IMSS informó por esa misma vía que sumaba 523 personas al 1 de agosto pasado.
Tanto la administración federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador como el partido Morena que llevó a la Presidencia a Sheinbaum han registrado denuncias en su contra por presunto nepotismo.
En 2020 se conoció que al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, habían sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, por lo que eran investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Animal Político documentó en 2022 cómo al menos ocho excompañeros de escuela de Gonzalo López Beltrán, uno de los cuatro hijos del presidente López Obrador, consiguieron su primer empleo en gobierno pese a no cumplir con el perfil requerido para los puestos.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también documentó que familiares y amigos de los hijos del presidente López Obrador ocuparon diferentes puestos en el gobierno federal, entre ellos primos y familiares de la primera esposa del presidente, Rocío Beltrán, en instancias como la SEP, el IMSS, la Semarnat y la CFE.
Legisladores de oposición también denunciaron que familiares de Octavio Romero Oropeza ocuparon cargos en Pemex, y la petrolera respondió que las personas tenían antigüedad superior a la llegada de Romero al cargo de dirección.
Del mismo modo, la oposición ha criticado que funcionarios de gobierno o de la Suprema Corte como Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal y Lenia Batres tienen familiares con distintos puestos públicos en el país, de la mano de Morena. De hecho, recientemente se conoció que uno de los hijos del presidente López Obrador, Andrés López Beltrán, será secretario de organización de Morena, mientras que un hermano del expresidente, José Ramiro, fungirá como secretario de Gobierno en Tabasco.
Este es el cuarto destino con el que Venezuela rompe puentes aéreos después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
El gobierno de Venezuela suspendió los vuelos directos con Chile, un día después de que el presidente chileno, Gabriel Boric, acusara a su homólogo Nicolás Maduro de “robarse” las elecciones del pasado 28 de julio, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) emitió una notificación oficial el miércoles en la que anunció que “se suspenden las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”.
El comunicado no explica el motivo de la medida, pero la suspensión de los vuelos con Chile aumenta el nivel de la tensión diplomática que existe desde las celebración de las últimas elecciones en el país caribeño.
Por su parte, el gobierno de Chile lamentó la decisión de Venezuela de suspender los vuelos entre los dos países.
“Se trata de una decisión unilateral que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a cerca de 800 mil venezolanos que residen en nuestro país. Es una acción injustificada y que lamentamos”, dijo un portavoz del ministerio chileno de Asuntos Exteriores en un breve mensaje.
En su discurso del miércoles ante la ONU, Gabriel Boric volvió a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que dieron la victoria a Nicolás Maduro, sin que hasta ahora se hayan publicado las actas de las mesas de votación.
“Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos”, expresó el presidente chileno.
Añadió que la crisis política y económica en Venezuela ha expulsado del país a más de 7 millones de venezolanos, de los cuales unos 800.000 están en Chile.
“Por responsabilidad debo ser claro en este punto: Chile no está en condiciones de recibir más migración”, concluyó Boric.
La suspensión indefinida de los vuelos con Chile entrará en vigor a partir de este fin de semana con la cancelación de la venta de pasajes para sus vuelos entre Caracas y Santiago.
Con esto, Venezuela reduce un 54% su conectividad con el mundo, según dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza al sitio de noticias Efecto Cocuyo.
“De los 181 vuelos internacionales a la semana que había antes, quedaban 83, es decir, 98 menos, que equivalen a unos 15.000 asientos semanales que ya no están disponibles”, dijo al medio venezolano.
Venezuela venía recuperando tras la pandemia la conectividad con otros países después de que, desde 2014, bajaran las frecuencias semanales de vuelos internacionales.
Si en 2013 había unos 352 vuelos internacionales a la semana, en 2019 la cifra bajó a solo 100.
Esto se debió a que las aerolíneas se retiraron gradualmente del país por “la imposibilidad de repatriar los fondos a sus países de origen”, así como a “la caída del mercado”, según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).
La medida que deja en tierra los vuelos a Chile se añade al cese temporal de las operaciones aéreas con Panamá, República Dominicana y Perú ordenado por Maduro en respuesta a las críticas de esos gobiernos al cuestionado resultado electoral que lo proclamó como presidente.
Esa orden, vigente desde el 31 de julio, fue explicada por la INAC -en un mensaje en la red social X- como un rechazo a “las acciones injerencistas de gobiernos de derecha, comprometidos abiertamente con los postulados ideológicos del fascismo internacional”.
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