Ser víctima de un delito en México: el paso a paso del proceso para denunciar
Para entender mejor
En México la mayoría de los delitos no se denuncian. Las razones son múltiples: miedo, desconfianza en las autoridades, desconocimiento del proceso, revictimización, falta de acompañamiento o experiencias previas negativas.
Se estima que durante 2024 ocurrieron alrededor de 33.5 millones de delitos en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, la organización Impunidad Cero destaca que, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. En tanto, de cada 100 que se denuncian, solo 14 se resuelven.
Especialistas consideran que la defensa y la protección de las víctimas en el país debe ser primordial para el gobierno federal. A pesar de que en la legislación mexicana existe un marco jurídico y un conjunto de instituciones diseñadas para atender a las víctimas, la ciudadanía no siempre sabe cómo utilizarlos.
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¿Qué hacer en las primeras horas después del delito?
“Cuando una persona se convierte en víctima de un delito, lo primero que debe hacer es ponerse en resguardo, alejarse de la zona de peligro y, una vez que se sienta segura y tranquila, buscar ayuda de las autoridades”, explica en entrevista Lisandro Morales, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque cada situación cambia dependiendo del delito al que se enfrentó la víctima, en la mayoría de los sucesos lo recomendable es no modificar la escena del crimen: no mover ni limpiar las cosas que la rodean. “En el caso de los abusos sexuales, la víctima no debe bañarse ni cambiarse de ropa aunque esté sucia o rota, ya que para efectuar la denuncia las autoridades realizarán una valoración médica”, ejemplifica el abogado.
Al momento de denunciar un delito ante autoridades, estas solicitarán evidencias de lo ocurrido, por lo que Lisandro Morales recomienda guardar las pruebas (objetos, prendas, incluso comida) en un sobre de papel manila para que no sufra ninguna alteración.
“Otra acción importante que pueden hacer las víctimas es tomar una nota de voz con los hechos. Esta debe responder a las preguntas básicas de cómo y cuándo, y servirá para narrar lo ocurrido ante el Ministerio Público”, agrega el abogado.
Con el fin de atender estas situaciones, el gobierno de México habilitó números telefónicos para que, en el caso de una emergencia, la asistencia de autoridades sea pronta y efectiva. Entre estos destacan el 911, que atiende emergencias de manera general, y el 088, que canaliza directamente con la policía federal.
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El paso a paso de una denuncia
La denuncia de un delito se realiza ante el Ministerio Público —autoridad encargada de investigar los hechos—, el cual tiene diversas unidades dentro de su estructura, entre ellas, las fiscalías especializadas que se enfocan en un tipo de delito específico, como los electorales y las desapariciones de personas.
Al momento de realizar una denuncia, la persona debe dirigirse a la autoridad correspondiente de acuerdo con la entidad en la que reside y al tipo de delito del que fue víctima—de fuero común o federal.
Por ejemplo, si la víctima vive en la Ciudad de México puede denunciar en cualquier agencia del Ministerio Público, las cuales están directamente conectadas con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Pero, en el caso de que viva en otra entidad, tendrá que dirigirse con la fiscalía estatal correspondiente.
Para denunciar delitos del fuero común como robos, fraudes, lesiones y homicidios, la víctima debe acudir a la Fiscalía General de Justicia Estatal o a la procuraduría de la entidad. Mientras, los delitos como narcotráfico y delincuencia organizada —considerados federales— se denuncian ante delegaciones u oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para fomentar la cultura de denuncia en México se crearon las modalidades anónima y en línea. Si la denuncia se realiza vía internet, la víctima debe proporcionar su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Y si acude presencialmente, es necesario presentar una identificación oficial con fotografía.
En cambio, si la denuncia es anónima, la víctima solo deberá narrar detalles sobre los hechos. No es necesario proporcionar su nombre ni datos de contacto; incluso, puede realizarla a través de la línea telefónica 089 o en portales en internet que garantizan el anonimato.
“En todos los tipos de denuncia es importante describir lo ocurrido lo más detallado posible: cuándo, dónde, quién y qué ocurrió. La víctima también debe especificar la fecha y hora del suceso o si se utilizó un arma blanca”, detalla Lisandro Morales.
Pero también existen casos en los que el Ministerio Público se niega a abrir una carpeta de investigación. Para facilitar el reporte de estas irregularidades, Impunidad Cero pone al servicio de la ciudadanía un directorio que acumula los contactos de las visitadurías de cada fiscalía de la república mexicana y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de cada entidad.
Las visitadurías son los órganos internos de cada fiscalía que se encargan de vigilar, recibir quejas y sancionar el actuar de las y los funcionarios que trabajan en instituciones como el Ministerio Público, explica Claudia Morales, coordinadora de Impunidad Cero, y añade que “son muy útiles porque regulan a las y los agentes frente a las autoridades”.
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Protección de las víctimas en México
El artículo 7 del Código Penal Federal determina que un delito es cualquier acción o inacción que está prohibida y castigada por la ley penal mexicana. Y, en consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera como víctima a la persona física o colectiva que ha sufrido un daño por un delito o una violación de derechos humanos.
Para proteger la seguridad, integridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas, el gobierno federal publicó el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Víctimas.
“En su momento, esta ley fue muy paradigmática para efectos de acompañamiento durante los procesos de denuncia y se complementó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando integró y desarrolló una serie de derechos para las víctimas en su artículo 108: víctima u ofendido”, recuerda en entrevista Leslie Jiménez, abogada penal.
Impulsada por la crisis de violencia en el país y el movimiento social que exigía el reconocimiento de las víctimas, esta ley destaca que la reparación del daño no es solo económica, sino que incluye medidas de restitución, crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y garantiza el acceso gratuito a un abogado o abogada desde el primer momento de la denuncia.
Gracias a esta norma, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proporcionar recursos prácticos como asesorías gratuitas, acompañamiento psicológico, atención jurídica y líneas de emergencia para las víctimas.
Sin embargo, denuncia Claudia Morales, “las autoridades deberían enfocarse en salvaguardar la reparación del daño de las víctimas, priorizando cuestiones de asesoría jurídica o atención psicoemocional, además de preservar el presupuesto asignado para las CEAV”.
“Aunque existen estas normas, en la práctica no son muy evocadas; cuando las personas acuden a denunciar un delito no es común que les mencionen que la Ley General de Víctimas las protege. Existe desde hace años y es poco conocida por operadores y víctimas”, destaca Leslie Jiménez.
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La importancia de denunciar para buscar justicia
Leslie Jiménez, Lisandro Morales y Claudia Morales coinciden en que el sistema de denuncia en México funciona, pero no es eficaz. Factores como la poca participación de la ciudadanía, el rebasamiento de trabajo de las autoridades investigadoras, el poco personal y la escasa capacitación con enfoque de derechos humanos entorpecen este proceso.
Destacan que, aunque se han dado pasos grandes para fomentar la cultura de denuncia como la modalidad en línea, el proceso presencial continúa siendo muy lento e incluso las autoridades carecen de insumos para realizar investigaciones. Pese a ello, llaman a la ciudadanía a denunciar si fueron o son víctimas de un delito.
“Nadie va a perseguir un delito del que no se tiene conocimiento”, afirma Lisandro Morales. “Más allá de qué tan eficaz es la justicia en el país, no denunciar significa fomentar la impunidad y, de cierta forma, volverse cómplice”.
Claudia Morales asegura por su parte que la denuncia tiene dos grandes efectos, además de la justicia para la víctima: la detección de patrones respecto a los delitos para generar políticas de prevención y la identificación de los ministerios públicos que tienen más incidencia delictiva para destinar mayor presupuesto a estas agencias.
“Denunciar es importante porque no solo permite a las víctimas tomar poder y decisión sobre lo que les ocurrió, sino que también ayuda a aspectos de estadística en el país. Es recomendable hacerlo para efectos de iniciativa, combatir la ‘cifra negra’ de impunidad y, en los casos en los que la persona imputada es ubicada, que la víctima acceda a la justicia y a la reparación del daño”, concluye la abogada penal Leslie Jiménez.
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Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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