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Visión Legislativa
Por Maria del Carmen Nava
Politóloga. Investigadora. Especialista en Poder Legislativo, partidos políticos y Estado abier... Politóloga. Investigadora. Especialista en Poder Legislativo, partidos políticos y Estado abierto. Impulsa el parlamento abierto, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, fiscalización, combate a la corrupción y derechos humanos. Fundadora de Visión Legislativa, organización que realiza estudios comparados de parlamentos e instituciones; forma parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México #InfoCdMx. @MaricarmenNava http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/ (Leer más)
Montaña rusa del derecho a saber
Las circunstancias de emergencias por pandemia, sismos e inundaciones hicieron carecer de las condiciones mínimas para que se diera acceso a la información pública. Sin embargo, 16 meses después no es suficiente argumentar que no es factible que las personas tengan respuestas y transparencia pública.
Por María del Carmen Nava
15 de julio, 2021
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El mes de marzo de 2020 tuvo a 32 de 33 garantes con suspensión de plazos y términos en torno al acceso a la información pública, a la transparencia y a la protección de datos personales en México. Para julio de 2021, tenemos un garante con pausa en las materias y uno más con gradualidad.

Aunque parezca extraño, no es suficiente que los garantes se encuentren activos en sus funciones, pues los sujetos obligados tienen la prerrogativa de declararse en suspensión. Es el caso de 104 de los 148 sujetos obligados de la Ciudad de México.

Pulso nacional

Con motivo de la declaración por parte del Consejo de Salubridad General de estado de emergencia por el avance de la pandemia ocasionada por covid-19, en marzo de 2020, los órganos garantes nacional y de las entidades federativas, adoptaron como medida para contener el riesgo de contagio, la suspensión de plazos y términos para dar trámite a solicitudes, recursos de revisión y procedimientos de denuncia en ambos derechos.

Únicamente el órgano garante de Zacatecas (IZAI) se abstuvo de declarar alguna suspensión de plazos y términos y se ha mantenido en actividad, fuera de sus periodos vacacionales y conforme a su calendario de días inhábiles previamente aprobado.

A la suspensión de plazos con motivo de la pandemia, se añadió que algunos órganos garantes no contaban con la totalidad de las personas integrantes para emitir resoluciones, como el caso de Hidalgo; incluso con la atención a otras emergencias que afectaron a las entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, con un sismo durante el mes de mayo y con motivo de contingencias ocasionadas por huracanes (Yucatán y Quintana Roo) o inundaciones por fuertes lluvias y desbordamiento de ríos (Tabasco).

Las circunstancias de emergencias por pandemia, sismos e inundaciones hicieron carecer de las condiciones mínimas para que se diera acceso a la información pública. Sin embargo, dieciséis meses después no es suficiente argumentar que no es factible que las personas tengan respuestas y transparencia pública.

El costo de las vacunas, la estrategia de vacunación, la nitidez de padrones de personas beneficiarias de acciones y programas sociales públicos detonados para apoyar en tiempos de COVID19; qué decisiones se tomaron y cuál es la información que la respalda. Hay interés claro por saber, por hacer valer derechos humanos, por prevenir corrupción; aún más cuando los recursos son escasos y la población mayoritaria está en situación de pobreza.

En este mapeo de actividad y decisiones de los garantes, hacia el mes de octubre de 2020 buena parte de ellos ya habían reanudado actividades. Posteriormente se detectaron nuevos periodos de suspensión con motivo de incremento en el número de casos de contagio y ocupación hospitalaria para los estados de Chihuahua y Durango, en el Estado de México y en la Ciudad de México. La montaña rusa seguía su curso.

Durante el mes de enero de 2021, ante el incremento en números de contagio y ocupación hospitalaria, se decretó suspensión de plazos en entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Michoacán y se mantuvo la suspensión de Chiapas y Quintana Roo. Por su parte el órgano garante del Estado de México concluyó su suspensión y activó plazos para la segunda quincena de enero, mientras que el garante nacional, INAI, descartó realizar una suspensión de plazos.

Al iniciar febrero, fueron siete los órganos garantes en suspensión, sobresalen los casos de San Luis Potosí y Colima quienes determinaron suspender plazos ante el incremento de contagios en sus entidades, además de que extendieron su suspensión estados como Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México. Resalta que Morelos descartó ampliar su suspensión y el caso de Chiapas, que después de mantener la suspensión desde marzo de 2020, activó sus plazos nuevamente en febrero de 2021.

Durante el mes de marzo únicamente se mantuvieron en suspensión 2 órganos garantes: Chiapas y Quintana Roo. No obstante, el estado de Nayarit retomó la medida de suspender plazos durante 10 días, entre el 16 y el 26 marzo de ese mes. En abril y mayo de 2021, Chiapas y Quintana Roo continuaron suspendidos. Para junio y julio se mantuvo un garante en suspensión y uno en gradualidad, la Ciudad de México. Al último corte del mapeo de #TransparenciaEnCuarentena del 12 de julio de 2021, sólo Veracruz se encuentra totalmente suspendido y la capital del país en gradualidad.

Topar con pared

Con independencia de la actividad de plazos de los garantes del país, los sujetos obligados han declarado distintas cuarentenas del acceso a la información; es el caso de la Ciudad de México. Ante la emisión de acuerdos que determinan la imposibilidad de dar información pública si es requerida, las personas topan con pared. La vigencia de los acuerdos de suspensión de los sujetos obligados, provocan que, si una persona requiere información y no obtiene respuesta, tiene la posibilidad de inconformarse y recurrir al garante, y la respuesta de éste será desechar el recurso por improcedente ante la existencia de estos acuerdos que suspenden la ventanilla del derecho a saber.

El garante no tiene los elementos para proceder con requerir al sujeto obligado que entregue la información, debido a la vigencia de los acuerdos de suspensión. Es el caso de 140 recursos que han sido desechados por suspensión de plazos de acceso a la información y gradualidad del derecho a saber con motivo de la pandemia, de 2020 y 2021.

Para el caso de la capital del país dentro del periodo marzo 2020 hasta junio 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) aprobó por mayoría del colegiado 3 acuerdos de gradualidad para la atención de solicitudes de información y del ejercicio de derechos ARCO. El último de estos acuerdos fue aprobado por mayoría del Pleno el 9 de junio, en el que emití voto particular por estar en contra de la gradualidad.

Adicionalmente, la jefatura de Gobierno emitió un acuerdo el 25 de junio, con el que se reanudó el conteo de plazos para la atención de solicitudes de acceso de información y el ejercicio de derechos ARCO, que aplica para 23 sujetos obligados que corresponden a alcaldías y a la administración centralizada. Con ambos acuerdos -del INFO CDMX y de la Jefatura- al día 14 de julio de 2021, 104 de 148 sujetos obligados se encuentran inactivos. Es así que este contexto ha generado un costo público que se refleja en la cantidad de desechamientos de recursos de acceso a la información pública por suspensión de plazos.

En consecuencia, las personas que presenten su inconformidad ante el Instituto obtendrán como resultado un desechamiento; es decir, no obtendrán la información que requieren.

Los temas más importantes de los 140 desechamientos que hasta ahora se han resuelto, tienen que ver con programas y acciones sociales; condiciones de inmuebles, medio ambiente; ejercicio del recurso público.

El costo público de la falta de información se relaciona con el seguimiento del uso de los recursos públicos, como es el caso de los programas y acciones sociales, que además es información de obligaciones de transparencia establecidas en ley. Durante este 2021, al menos 6 de 19 asuntos de acceso a la información sobre programas y acciones sociales fueron desechados por el Pleno dado el contexto de suspensión.

55 informes #AperturaEnCOVID19

Abonar a la rendición de cuentas requiere de maximizar la disponibilidad de información. De ahí que el año pasado, desde el equipo de Estado Abierto del INFO CDMX hayamos adoptado los compromisos 7 y 9 del Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19. Otra acción de apertura ha sido el monitoreo de 226 programas y acciones sociales por COVID-19 que surgieron en 2020 a mayo 2021.

Se identificó que sólo el 29% transparentó el padrón de personas beneficiarias. De la información existente, detectamos que se abarcó a 1 millón 404 mil personas de acuerdo con los padrones publicados. Desconocemos la totalidad de personas beneficiadas de estos programas, pues no contamos con la transparencia del setenta por ciento restante de padrones.

Desde la coordinación de apertura, transparencia proactiva y obligaciones de transparencia del garante de la capital del país, hemos realizado, desde 2020 hasta julio 2021, 55 reportes durante la pandemia, en los cuales revisamos los portales institucionales para detectar información y sus vacíos.

El pasado 16 de junio en el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó al InfoCdMx a generar esquemas y mecanismos para no retrasar más la respuesta a las solicitudes, de manera que se cumpla con los principios de certeza, legalidad, eficacia y profesionalismo y respetar el derecho a la buena administración pública.

A la par de exhortar al garante, está el contar con que la totalidad de sujetos obligados abran sus ventanillas de información. Transcurridos un año y cuatro meses de mantener el derecho a saber en una montaña rusa por la pandemia, la sociedad, en hechos, requiere información pública.

Las grandes crisis mundiales generan enormes costos en todos los aspectos sociales. El derecho a saber es un derecho humano de los tantos afectados por la pandemia.

@MaricarmenNava

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