El voto por Internet es un fraude
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Voces Disidentes
Por Vladimir Chorny
Doctorante en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la @r3dmx. Licenciado en ... Doctorante en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la @r3dmx. Licenciado en Derecho (UNAM). Activista de derechos humanos y disidente cotidiano. Ex #YoSoy132 e idealista permanente. Fan #1 del @ClubSantos. (Leer más)
El voto por Internet es un fraude
Lo que el derecho exige a la realidad de las tecnologías de voto por Internet para cumplir con el estándar de certeza es imposible. Ningún dispositivo, ningún sistema ni programa de computación es invulnerable ni puede garantizar la certeza absoluta de sí mismo.
Por Vladimir Chorny
17 de mayo, 2022
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Hace unos días la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, publicó una columna de opinión en la que defendió la idea de expandir el uso del voto electrónico (refiriéndose principalmente al voto por Internet) ya no sólo para las elecciones de las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero sino a nivel nacional. En su columna argumentó a partir del texto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que da la facultad al INE de implementar el voto por Internet (VPI). El artículo refleja una postura institucional que es tendenciosa y parcial, tanto en la interpretación jurídica que hace del derecho aplicable como de la interpretación de los hechos que rodean al voto por Internet.

Primero, la lectura jurídica es tramposa y selectiva. La consejera, tal como han hecho otros consejeros del INE en reiteradas ocasiones, hace una lectura descontextualizada del derecho aplicable y señala únicamente al artículo 343 (párrafos 1 y 2) de la LGIPE, para decir que el INE tiene un mandato de implementación dado por el poder legislativo. Sin embargo se olvida de que esa misma ley estableció restricciones específicas y concretas sobre el uso de tecnologías para votar. Es la misma LGIPE, en su artículo Décimo Tercero Transitorio, la que señala que el voto por Internet sólo puede realizarse hasta que el INE “haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del voto en dicha modalidad”, para lo que se requiere -cito textualmente- que: “Dicho sistema deberá acreditar certeza absoluta y seguridad comprobada, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero” (subrayados míos).

Pero esto no es todo. Además, el artículo citado señala que entre los aspectos que deben garantizarse en esa “certeza absoluta”, el sistema debe garantizar: “Que el sufragio sea libre y secreto, y (…) La efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido”. Pareciera que el texto de la ley es contundentemente claro: el estándar elegido por el legislador democrático fue el de un nivel máximo de certeza (literalmente, la exigencia es que ésta sea “absoluta”).

Por decirlo corto y sin vueltas: el problema aquí es que lo que el derecho exige a la realidad de las tecnologías de voto por Internet para cumplir con el estándar de certeza es imposible. Ningún dispositivo, ningún sistema ni programa de computación es invulnerable ni puede garantizar la certeza absoluta de sí mismo. Existe un consenso enorme que pasa desde el Pentágono de los Estados Unidos de América, el FBI y otras agencias de seguridad de este país, hasta los institutos especializados en el tema, tal como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que advierten los altos riesgos que representa el voto por Internet para las elecciones y la democracia de los países democráticos.1 Si bien es cierto que existe un debate sobre el nivel de riesgos y problemas en detalle del uso del voto por Internet, nadie medianamente serio se animaría a decir que hoy en día estas tecnologías pueden garantizar “certeza absoluta” tanto en su funcionamiento como en su seguridad.2

El problema no es de la realidad sino del estándar jurídico exigido o, por decirlo de otra forma: no es culpa de los hechos que las normas pidan algo que no pueden cumplir. La legislación establece un criterio incumplible hoy en día, que el INE (principalmente) ha intentado “construir” a base de discursos (que bien podrían considerarse como mera desinformación sobre un tema que es fundamental). El campo de la ciberseguridad y de las ciencias de la computación han sido contundentes en este sentido; si es cierto que podríamos discutir sobre los grados de riesgo sobre tal o cuál tecnología, decir que son totalmente seguras o invulnerables implica sostener un discurso anticientífico.3

Segundo, las supuestas ventajas a las que refiere la consejera al hablar de una “modernización electoral” al interior del país, tales como el aumento en la participación ciudadana, el ahorro de energía y un mayor confort ciudadano por no “hacer filas” para votar y disminuir las casillas para ahorrar costos, “entre muchos beneficios más”, son en realidad “mitos” sobre el voto por Internet que muchas veces carecen de evidencia empírica que los sustente.4 Veamos algunos problemas de las afirmaciones de la consejera.

El primero es que el argumento de que el voto por Internet aumenta la participación es falaz; los defensores del VPI no comprenden una máxima de razonamiento que es fundamental: que la correlación no implica causalidad. Pero incluso la correlación aquí es problemática: la evidencia internacional sobre la relación del uso de sistemas electrónicos y el aumento de la participación no es concluyente en ningún sentido. En muchos casos el uso de estas tecnologías ha disminuido la participación en distintos momentos de su uso (como en Suiza y Estonia); en otros ha existido un aumento mínimo que no se sostiene en el tiempo y en ningún caso ese aumento es relevante frente a otras opciones de votación tales como el voto postal (que no tiene muchos de los riesgos que el voto por Internet sí).

Tal vez dos de los mejores ejemplos sobre este mito están en nuestro país. En la elección histórica de mayor participación electoral, la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2018, el voto por Internet ni siquiera estuvo habilitado y la participación por la vía postal rompió el récord de las últimas dos décadas. Paralelamente, el uso del sistema de voto por Internet del IECM en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018 tuvo su número más bajo de la historia: tan solo 1.58% (decreciendo 95.33% frente al año anterior). Empíricamente, la supuesta causalidad del voto por Internet en la participación es insostenible, y además, la experiencia comparada está llena de este tipo de casos.

El segundo ejemplo es, paradójicamente, el mismo que la consejera usa en su artículo: el de la elección nacional pasada donde se utilizó el voto por Internet para mexicanos residentes en el extranjero. La consejera señala que: “Es de destacar que, de las dos modalidades de votación para estas elecciones, más del 66% prefirió el sistema de voto electrónico por Internet”, pero lo que no dice es que del porcentaje total de electoras registradas para votar por Internet y por vía postal, en el primer caso participó sólo el 56.97%, mientras que en el segundo (postal) lo hizo el 52.45% de quienes se registraron por esa modalidad. Más que la conclusión descontextualizada de una mayor preferencia por el voto por Internet, los números muestran que no hay diferencias significativas del uso de un sistema de votación ni una diferencia de participación relevante entre ellos, aun en contextos de desinformación pronunciada a favor del voto por Internet, tal como sucede en el caso mexicano.

Pensemos un poco más este punto (porque esto es lo que señalan muchos de los informes que rechazan los argumentos reduccionistas de la relación VPI-aumento de participación). ¿Cuántas de las personas que eligieron la modalidad del VPI (que la consejera tanto presume) lo habrían hecho si estuvieran informadas de manera completa e imparcial sobre los riesgos e implicaciones de utilizarlo? No se trata de un ejemplo contrafáctico bobo, sino de la garantía del derecho de acceso a la información reconocido constitucionalmente en nuestro sistema jurídico. El INE lleva años engañando abiertamente a la ciudadanía diciendo que el voto por Internet cumple algo que es imposible de cumplir (que es invulnerable y da certeza absoluta), mintiendo con los datos para defender su propuesta (escondiendo experiencias desfavorables y una amplia evidencia internacional en su contra) y utilizando un sistema de publicidad para impulsar esta modalidad sin dar la información completa sobre el mismo.

Pero por si fuera poco, ha hecho todo esto escondiendo información de interés público sobre la seguridad y funcionalidad del sistema, al reservar por razones de seguridad nacional y por más de 5 años los resultados de seguridad y funcionalidad que están en las auditorías hechas sistema de VPI (decisión que impugnamos desde @R3Dmx y estamos litigando actualmente). Precisamente por estas razones, el Tribunal Constitucional Alemán declaró inconstitucional el sistema de voto electrónico que se buscaba utilizar en el año 2009, al considerar que se trataba de sistemas opacos que no permitían a la ciudadanía verificar ni comprender su funcionamiento (porque eran como cajas negras fuera del escrutinio público), lo que quitaba el “control ciudadano” necesario para garantizar la libertad y la secrecía del voto, así como la transparencia y el acceso pleno a la información.5

Es al menos sospechoso que si este sistema es tan seguro e invulnerable como el INE sostiene, tengan que esconder información del mismo para no poner en riesgo las elecciones. Una vez más, el problema es constitucional y de garantía de derechos: el uso de un sistema preferido (sea por intereses personales, económicos o políticos) no puede hacerse a costa del derecho de acceso a la información ni en contra de los principios de máxima publicidad y transparencia.

En el tema del voto por Internet, el INE no sólo viola la constitución, también engaña a las y los ciudadanos mexicanos.

@VladimirChorny1

 

1 En pocas palabras, si un atacante cuenta con suficiente dinero y poder para atacar una elección, puede manipularla para alterar su resultado. Para el reporte del MIT ver: Specter, Michael; Koppel, James & Weitzner, Daniel. “The Ballot is Busted Before the Blockchain: A Security Analysis of Voatz, The First Internet Voting Application Used in U.S. Federal Elections”, report from MIT researchers. Disponible aquí; MIT News Office. MIT researchers identify security vulnerabilities in voting app, February 13, 2020. Disponible aquí. El otro reporte fue preparado por el FBI, la Agencia Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), la Comisión de Asistencia Electoral y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías: “Risk Management for Electronic Ballot Delivery, Marking, and Return”. Disponible aquí. Una de las conclusiones del mismo fue: “En el tiempo presente, el Internet (o cualquier red conectada al Internet) no debe ser utilizada para el regreso de las boletas electrónicas marcadas (con los votos emitidos)”.

2 Por el contrario, existe una lista enorme de riesgos y formas de vulnerar estos sistemas que van desde el uso de virus (malwares) y ataques informáticos de distinto tipo hasta el control total de los servidores del sistema para violar la secrecia del voto y cambiar los resultados electorales. Al respecto ver: ANCIM. “Securing the Vote. Protecting American Democracy”, September 2018. Disponible aquí y Goodman, Rachel y Halderman, Alex J. “Internet Voting is Happening Now. And it could destroy our elections”, 15 de enero de 2020. Disponible en Slate.

3 Para acceder a un recurso didáctico e introductorio que es referente en este campo y que puede encontrarse en Internet, ver: Amoroso, Edward & Amoroso, Mathew. From CIA yo APT: An introduction to Cyber Security, 2021; también ver: Blaze, Matt. “Election Integrity and Technology: vulnerabilities and solutions”, Georgetown Law Technology Review, 2020.

4 En el libro “El voto por Internet en México: la libertad y la secrecía condicionadas”, exploro de manera detallada por qué estas afirmaciones deben considerarse como mitos más que como ventajas. Descargable aquí.

5 Sentencia 2 BvC 3/07 – 2 BvC 4/07, del 03 de marzo de 2009. El análisis de esta sentencia está en el libro “El voto por Internet en México: la libertad y la secrecía condicionadas”, referido más arriba.

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