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Zoon Peatón
Por Zoon Peatón
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Apenas 10% de los estados en México tienen normas adecuadas en materia de seguridad vial
Un estudio realizó un análisis descriptivo de los distintos ordenamientos jurídicos federa­les y de las 32 entidades federativas de México en temas de seguridad vial, en donde se identificaron 6 factores: exceso de velocidad, alcohol y conducción, uso de celular al conducir, uso de casco en motociclistas, uso de cinturón de seguridad y uso de sistemas de retención infantil. Estos factores fueron analizados bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Por Zoon Peatón
11 de abril, 2019
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Un estudio descriptivo del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública reportó que menos del 10 % de las entidades federativas cuentan con normativa adecuada en materia de seguridad vial. El estudio realizó un análisis descriptivo de los distintos ordenamientos jurídicos federa­les y de las 32 entidades federativas de México en temas de seguridad vial, en donde se identificaron 6 factores: exceso de velocidad, alcohol y conducción, uso de celular al conducir, uso de casco en motociclistas, uso de cinturón de seguridad y uso de sistemas de retención infantil. Estos factores fueron analizados bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados demostraron que poco menos del 10 % del total de entida­des analizadas tienen normatividad específica para los seis factores analizados; sin embargo, ninguna de ellas tiene todos los factores de forma adecuada. En el caso de los límites de velocidad, solo Zacatecas cuenta con una legislación adecuada, además de que en esta entidad el exceso de velocidad se mide mediante radar o fotoinfracción y sí se prevé alguna san­ción con multa. Chiapas, Ciudad de Méxi­co y Jalisco cuentan también con legislaciones adecuadas en materia de límites de velocidad, sin embargo tienen criterios más relaja­dos en temas de detección e infracción. En general la normativa en materia de excesos de velocidad falla en las entidades federativas en especificar límites de velocidad para vías rápidas, secundarias o zonas escolares; la gran ma­yoría establece límites mayores a los reco­mendados por la OMS. Una omisión común en 21 de las 28 entidades en la que se considera el exceso de velocidad fue la falta de especificación del recurso empleado para su detec­ción. Es importante recalcar que las recomendaciones de la OMS y la CONAPRA establecen que en vías rápidas la velocidad máxima debe ser de 110 km/h, en vías primarias 50 km/h, en vías secundarias 30 km/h y en zonas escolares 20 km/h.

El factor uso de celular al conducir solo se aborda en los instrumentos legales de 15 entidades federativas, de las cuales solo 10 lo hacen de manera adecuada. El uso de cinturón se incluye en 79 % de las legislaciones y reglamentaciones de seguridad vial, aunque solo en Jalisco se abordan adecuadamente, el problema de las demás entidades es que no definen el uso adecuado del cinturón. Para el caso del uso de sistemas de retención infantil y el uso de casco en motociclistas, solo Jalisco es quien aborda estos criterios de forma adecuada, definiendo quiénes deben de utilizar los sistemas de retención y estableciendo estándares de se­guridad de los cascos que deben utilizar los motociclistas y especificado la forma en cómo se deben utilizar.

Figura 1. Análisis de la normatividad en seguridad vial y su adherencia a recomen­daciones internacionales por factor de riesgo y entidad federativa. Tomada de Peréz-Ñúñez et al., 2017.

El factor alcohol y conduc­ción es incluido en 85 % de las normati­vas analizadas. Sin embargo, en ninguna entidad del país se aborda de manera adecuada. El principal problema en este criterio es que la normativa establece niveles de concentración de alcohol permitido por arriba de los recomendados, de igual forma no se establece una tasa inferior para conductores jóvenes.

Los resultados arrojados en este análisis descriptivo muestran que Ja­lisco cuenta con la mejor legislación estatal en materia de seguridad vial, aunque aún es necesario generar adecuaciones en materia de alcohol y conducción y uso de celular al conducir. Es importante resaltar que las entidades federativas de Baja California y Durango no cuentan con alguna disposición legal que atienda al menos uno de los seis factores analiza­dos.

El presente análisis es un esfuerzo que logra brindar elementos claves para establecer estándares claros y adecuados para la creación de una Ley General de Seguridad Vial y que puedan ser adoptador por las entidades federativas. Actualmente organizaciones ciudadanas se encuentran presentando y fortaleciendo la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial que busca avanzar hacia una política pública nacional que reduzca al mínimo las muertes y lesiones graves ocasionadas por hechos de tránsito.

Este esfuerzo nacional y ciudadano es de suma importancia pues una legislación inadecuada impide un control policial efectivo y de­sincentiva su cumplimiento, de igual forma la falta de homologación de los reglamentos por las entidades federativas genera contradicciones respecto a los comportamientos de las y los usuarios de las vías, específicamente, y con más notoriedad, en zonas metropolitanas del País. De allí la im­portancia de concientizar y sensibilizar a las autoridades legislativas sobre la nece­sidad cerrar brechas legislativas mediante la evidencia científica y las recomendaciones de instituciones y organizaciones especializadas que promueven la seguridad vial al más alto nivel.

A lo anterior se debe sumar la optima gestión de la seguridad vial incluye una serie de mecanismos multisectoriales, además de la legislativa, como lo es la evaluación de la infraestructura viaria y mejora de su trazado. De ahí la importancia de que la Ley General de Seguridad Vial contemple la Constitución del Fondo Nacional de Seguridad Vial con la finalidad de financiar políticas enfocadas en infraestructura y servicios que garanticen el desplazamiento seguro de las personas en la vía pública.

 

* Sergio Andrade Ochoa (@rat_inside) es Dr del Instituto Politécnico Nacional. Promotor de los derechos de la ciudad, sostenibilidad y movilidad en México, y entusiasta de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente es Enlace Operativo de Estrategia Misión Cero (@E_MisionCero) en Ciudad de México y Coordinador de Salud Pública de Liga Peatonal (@LigaPeatonal).

 

 

Referencias:

Híjar, M., Pérez-Núñez, R., Inclán-Valadez, C., & Silveira-Rodrigues, E. M. (2012). Road safety legislation in the Americas. Revista panamericana de salud publica32, 70-76.

Chandran, A., Pérez-Núñez, R., Bachani, A. M., Híjar, M., Salinas-Rodríguez, A., & Hyder, A. A. (2014). Early impact of a national multi-faceted road safety intervention program in Mexico: results of a time-series analysis. PLoS One9(1), e87482.

Pérez-Núñez, R., Ruelas-Valdés, D., & Hijar, M. (2017). Legislación sobre seguridad vial en México: un análisis subnacional. Revista Panamericana de Salud Pública41, 82.

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